LEY DE ESTUPEFACIENTES: A 30 AÑOS DE SU SANCIÓN EXPUSIERON FUNCIONARIOS NACIONALES

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LA SECRETARIA GENERAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y EL PROCURADOR PENITENCIARIO ADJUNTO INTERINO DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN EXPUSIERON HOY EN UN PLENARIO DE COMISIONES REALIZADO POR VIDEOCONFERENCIA.

Durante un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico presidida por el senador por Catamarca Dalmacio Mera (FdT), y de Justicia y Asunto Penales presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT), La Secretaria General de Justicia y Derechos Humanos del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Laura Marazzo, y el Procurador penitenciario adjunto interino de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, realizaron un análisis de la ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes al cumplirse 30 años de su sanción.

Al comenzar su alocución, Laura Marazzo informó que «el 36.77% de la población total del Servicio Penitenciario se encuentra cumpliendo condena por el delito de infracción a la Ley 23.737» y que «de ese universo solamente el 38.66% tiene condena firme». Además, consideró que «claramente se trata de un delito que tiene mucho impacto en cuanto a los sectores de mayor vulnerabilidad social».

Además, señaló que «vemos que la Ley tiene una dicotomía con el Fallo Arriola en lo que hace a penar la tenencia simple» y consideró que la misma «debe ser subsanada por el legislador porque esto genera una inseguridad jurídica: se trata de atender una cuestión lógica entre la tipicidad y la política criminal pero también de atender la perspectiva social y la demanda de la ciudadanía que está afectada por esta contradicción».

Finalmente, respecto a la penalización del consumo, la funcionaria detalló que «el 40% de la causas que tramitan ante la Justicia Federal por infracción a la 23.737 es por tenencia simple para consumo» y, respecto del consumo específico, indicó que «no todo consumo de sustancias es problemático». «En el caso que exista un consumo problemático el enfoque debe estar dado por una cuestión de salud pública», agregó para luego sostener que «nosotros sabemos que muchas de las personas que caen por infracción a la ley de drogas tienen un problema, algunas, de consumo».

A continuación, Ariel Cejas Meliare, sostuvo que «el modelo de política de droga en la región afecta los Derechos Humanos de la población en general pero sobre todo en particular a las mujeres y el colectivo LGBT», que «las políticas de drogas afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables» y que «en efecto producen más criminalización, más encarcelamiento, mayor sobrepoblación y trascendencia de las penas porque afecta los derechos de las familias».

También informó que «en la Argentina el 67% del universo de las causas que se denuncian esta por delito menores, el 54% por tenencia para uso personal, el 12% para tenencia simple de estupefacientes, el 1.3% para tenencia o entrega atenuada de estupefacientes, y los delitos contra el narcotráfico a gran escala el contrabando organización y financiación de estupefacientes no supera el 1% de las denuncias».

Respecto del impacto del encarcelamiento en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, señaló que » los detenidos y detenidas por infracción a la ley de drogas alcanza el 37%, es decir 4 de cada 10 personas» y que «de los detenidos y detenidas el 61% está procesado y solo el 39%  está condenado». Por último, realizó un punteo de ejes rectores para diseñar políticas de drogas respetuosas de los Derechos Humanos como así también de desafíos pendientes y acciones necesarias como el monitoreo de políticas de drogas con enfoque de género, implementar estrategias de sensibilización de la comunidad, reconocer colectivos desproporcionalmente afectados por la política de drogas, reforma de la ley 23737, discriminalización del consumo, proporcionalidad de las penas y eliminación de penas mínimas obligatorias.

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