Media sanción para el proyecto que protege las acciones del Estado en empresas privadas y convirtió en ley el proyecto para indemnizar a las víctimas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero

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Luego de que prestara juramento la fueguina Miriam Boyadjian -en reemplazo del fallecido Jorge Garramuño- y de avalarse la designación de nueve postulantes a jueces y fiscales, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados el proyecto que protege las acciones del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario (FGS). Asimismo se aprobó la Cuenta de Inversión del 2013 y se sancionó definitivamente la indemnización a los damnificados por la voladura del arsenal cordobés.

La Cámara de Senadores aprobó hoy y giró a Diputados un proyecto de Ley que declara de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario (FGS) y de las participaciones accionarias de empresas en las que posee acciones en su poder.

La iniciativa -que fue aprobada con 39 votos a favor y 22 en contra- prohíbe la transferencia al sector privado de esas acciones sin previa autorización del Congreso por los votos de los dos tercios de sus miembros.

La finalidad de la iniciativa es preservar la sustentabilidad del Fondo y “promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional o al FGS para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias”.

También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) que tendrá a su cargo entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.

La ANPEE tendrá a su cargo ejercer los “derechos políticos” inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.

Se busca “contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria” a través del FGS o del Ministerio de Economía.

La agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.

El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de ANSES, dos directores designados por el PEN (uno será el Ministro de Economía y el otro el Ministro de Industria), dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.

Además, crea un consejo consultivo como asesor del Directorio que estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, un integrante de la ANSES y uno de la CGT.

Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por otro período. Sólo podrán ser removidos por mayoría simple si la causa de la remoción es una situación de ilegalidad vinculada con una infracción a la Ley de Ética Pública.

Pero, si se trata de mal desempeño de sus funciones, podrá ser desplazado de su puesto por decisión de las 2/3 partes de los miembros de la Bicameral.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista bonaerense Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que “lo que se busca es poner mucha mayor protección a lo que son importantes participaciones que tienen los argentinos en importantísimas empresas privadas”.

El legislador sostuvo que se le da una “fuerte intervención al Congreso Nacional” para que “cualquier cambio deba tener un fuerte consenso”.

“No es verdad que esta ley busque impedir la venta de estas acciones. Lo que hace este proyecto es que cualquier decisión que se tome sea fundada de tal manera que sea el Parlamento el que decida”, sentenció.

En ese sentido, explicó que “no se están impidiendo las ventas, sino el regalo del conjunto del patrimonio de los argentinos”.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “si hay algo que distinguió a este gobierno es que siempre tuvo una mirada muy sensible dirigida a los sectores populares”.

“Estamos poniendo una mayoría especial en el proyecto para defender las acciones que son propiedad del Estado argentino”, agregó Pichetto.

En cambio, la radical mendocina Laura Montero fustigó el proyecto argumentando que no tiene “ninguna razonabilidad” porque se trata de un “electoral y oportunista con la plata de los jubilados que no están de acuerdo con el modo en que funciona el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.

“¿Cuál es la razonabilidad? Están votando una ley por mayoría simple que pide mayorías agravadas para la venta de las acciones y así preservar la participación del Estado en las empresas”, concluyó Montero.

En tanto, la puntana Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, también rechazó el proyecto argumentando que se trata de “un portafolio de inversiones” cuya “principal característica es su movilidad” ya que “su inmovilidad implica una baja en la cotización”.

“La verdad es que está de moda crear agencias de empleo para el gobierno que se va y garantizarles lugares en las 46 empresas donde tienen directores”, sentenció.

En cambio, el representante del Movimiento Popular Neuquino e integrante el peronismo federal, Guillermo Pereyra, criticó el proyecto al decir que “no es bueno crear un organismo como el ANPEE, aunque reconoció que iba a votar a favor porque la nueva agencia iba a “preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.

55fa0371dd64c_320x213Posteriormente y por unanimidad, el Senado transformó en ley el proyecto del ex diputado y actual secretario general de la Presidencia, Eduardo «Wado» de Pedro, para indemnizar a los damnificados por la voladura en la que murieron siete personas y hubo más de 300 heridos.

Las indemnizaciones, que alcanzarán a 10.691 personas, estarán dirigidas a herederos de personas fallecidas, a quienes hayan sufrido lesiones graves, daño moral y/o psíquico y a quienes hayan tenido perjuicios por daños materiales o desvalorización de las propiedades.

Las explosiones en la fábrica militar ocurrieron el 3 y el 24 de noviembre de 1995 en la ciudad cordobesa de Río Tercero. La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto otorga una indemnización «por sí o a través de sus herederos a las personas que se encuentren «reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados» por la voladura de la fábrica de armas.

Los herederos de las personas que fallecieron a consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a «la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100» que alcanza el valor de 2.281.200 de pesos en bonos de consolidación o bonos de consolidación de las deudas previsionales.

Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en un 30 por ciento.

Será un 40 por ciento menos para las víctimas con lesiones graves; un 96 por ciento menos a quienes hayan demandado al Estado Nacional por reparación de daño moral o daño psíquico; y un 97 por ciento menos a los que demandaron al Estado por la reparación de daño material.

Quienes pretendan acogerse a esta indemnización deberán desistir de toda acción en los procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones contra el Estado Nacional.

Quienes ya hayan percibido un importe menor a raíz de acciones judiciales emprendidas contra el Estado cobrarán la diferencia; mientras que los que cobraron más dinero no están obligados a devolver nada.

Las indemnizaciones percibidas estarán exentas de gravámenes.

FUENTE: TELAM

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