La nueva norma, aprobada con 40 votos positivos y 25 negativos, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña.
El Senado convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, en una sesión especial en la que la bancada opositora ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular.
La nueva norma, aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación acordada en la Cámara de Diputados.
La senadora del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún advirtió que la oposición plantea «permanentemente una judicialización de las leyes» y consideró que hay quienes pretenden «socavar» al sistema republicano en lo que parece, dijo, «una democracia de los jueces».
En su discurso, dijo que se está yendo a una «democracia de los jueces» en la que «no importan las atribuciones de los poderes, total siempre hay un juez amigo que tira por el piso las definiciones que tiene que tomar uno de los poderes del Estado».
Para su par de bancada, Mariano Recalde, no se trata de «quita ni de coparticipación» sino que lo que se busca «es corregir y enmendar» una «inequidad» y «algo que se hizo mal» y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de ser «cínico» por querer «echarle la culpa al Gobierno nacional de las políticas liberales».
«Larreta nunca utilizó esos fondos para mejorarle la vida a los porteños, al contrario se redujo el gasto en educación, tenemos el presupuesto en educación más bajo y se redujo al presupuesto en salud y en políticas sociales», precisó.
El senador del FdT Oscar Parrilli consideró que Macri «hizo un uso autoritario del poder» al reasignarle fondos a la Ciudad y aseguró que las autoridades porteñas «se llevaron fondos demás» y se beneficiaron «con privilegios» que «ofenden a los argentinos».
Como miembro informante de la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, cuestionó el trato a los porteños por parte del Gobierno central y calificó como «peligroso» que se cuestione «la autonomía» de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires.
Tagliaferri criticó a senadores del oficialismo que durante el debate en comisiones «hicieron especulaciones políticas electorales» y advirtió que «han llegado a decir que la Ciudad no es una provincia, sino una aberración jurídica».
En los discursos de cierre, el senador radical Martín Lousteau, consideró que el presidente Alberto Fernández «modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para darselos a otro», tras la protesta de la policía bonaerense en reclamo de mejores salarios.
Lousteau reconoció que la provincia de Buenos Aires es de las más «relegadas» en cuanto a redistribución de fondos, pero señaló que fueron mandatarios «del peronismo los responsables» de esa inequidad, y afirmó que lo que «buscan es complicarle la vida» a un eventual «competidor político» como Rodríguez Larreta.
El senador de PRO, Esteban Bullrich, retrucó los dichos de Sacnún y consideró que lo que se judicializa «es el abuso de la mayoría» y ratificó que irán «a la Justicia» porque creen «en la independencia de poderes».
Su par Gladys González recriminó al oficialismo «su forma de ejercer el poder» mediante «el miedo y la extorsión» y se quejó por «la falta de diálogo» y la acentuación de «la grieta» que, afirmó, promueve el Frente de Todos.
La iniciativa llegó al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.
Entre los cambios incorporados figura la apertura de un período de negociaciones de 60 días, antes de establecer el monto a transferir a la Ciudad para el funcionamiento de la policía, y que se realizará entre las autoridades nacionales y las porteñas.
Esa modificación incorpora a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en la discusión y determina que «el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en ese plazo de sesenta días».
El texto aprobado inicialmente por el Senado en el primer tratamiento que hizo sobre el tema establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizado trimestralmente, pero ahora se determinó que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y Ciudad.
HABERES JUBILATORIOS
El reajuste jubilatorio fue aprobado por 41 votos contra 26 de la oposición.
El senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT), fue el miembro informante del proyecto que define una nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Contextualizó la medida y destacó que «la región está atravesando problemas acuciantes. Niveles de crecimiento desigual, pobreza estructural, marginalidad, exclusión, derechos de las minorías que no son atendidos y que estas situaciones tiene mucho que ver con el tema en debate.
«Porque estamos siendo absolutamente responsables. Le estamos dando respuesta a una necesidad concreta de nuestros jubilados y jubiladas, aportándole sostenibilidad al sistema» afirmó Lovera y agregó, «los cambios de la fórmula de cálculo del haber son indispensables para reparar los daños que ocasionó el gobierno de Cambiemos y es lo que hemos debatido y consensuado «.
Lovera destacó que «pasaron por la comisión 24 expositores, muchos especialistas y expertos internacionales y nacionales, senadores de todos los bloques para la conformación de la nueva fórmula y se tomó la decisión que sea sustancialmente la misma que la sancionada en el año 2008».
El senador por La Pampa, explicó que los especialistas convocados a la Comisión concluyeron que esa fórmula debería ser el «norte a seguir» y finalizó resaltando la prioridad de la seguridad social para el gobierno nacional y el completo acompañamiento de su bloque para con el proyecto».
En los discursos de cierre, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) cuestionó la iniciativa por «ser muy volátil y que no va a mejorar el salario de los jubilados». Dijo que «con una inflación alta, la recaudación impositiva va a ir a la baja. Va a minar la capacidad adquisitiva del salario de los jubilados». Señaló que «detrás del proyecto y no lo quieren decir, están tratando de resolver un problema fiscal». Cuestionó que «el 100 por ciento no puede vivir del Estado. Y ese es el modelo que el gobierno tiene, tratará de manipular las elecciones el año próximo, al Congreso lo querrán controlar mediante las sesiones virtuales y también a la Justicia quitándole su estabilidad».
Romero criticó al bloque oficialista por criticar la anterior fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. «Esa fórmula que hoy critican se impuso porque ustedes tenían la mayoría y la terminaron imponiendo», dijo. Opinó que el nuevo sistema «tendrá nuevos juicios ya que el gobierno quiere ahorrar para decirle al Fondo Monetario `somos ahorristas y humanos’ «.
El senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) aprovechó su presentación para realizar su balance del año de gobierno. «El ajuste pasó por los jubilados», dijo. Señaló que la preocupación de su bancada «es que el único porvenir es el ajuste».
El titular de la bancada mayoritaria, el senador por Formosa, José Luis Mayans (FdT) recordó que «la sesión se realiza el día universal de los derechos humanos, que los peronistas llevamos como bandera y a su vez cumplimos un año de gobierno».
Mayans acusó al gobierno de Macri de «haber quebrado el sistema previsional». Cuestionó al oficialismo por cuestionar la actual fórmula. «No vieron que dejaron quebrado al sistema», dijo.