Con un dictamen de mayoría, y otro de minoría presentado por la senadora María Ester Labado (Santa Cruz- FpV), el proyecto que regula la distribución de pauta oficial será tratado en el recinto próximamente
Luego de varias jornadas de debate, y de haber atendido las posturas de referentes de diversos sectores, instituciones, asociaciones y medios, las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda arribaron a un proyecto unificado – cuyos autores representan a diversos bloques- sobre la regulación de la distribución de publicidad oficial.
Dicho proyecto, que sería tratado mañana en labor parlamentaria, obtuvo un dictamen de mayoría y otro de minoría a la espera ser tratado sobre tablas el mismo miércoles.
El proyecto consensuado este martes establece que los medios que pretendan recibir publicidad oficial deberán inscribirse en un Registro Nacional Público de Publicidad Oficial (RENAPPO), que se creará bajo la órbita de la autoridad de aplicación, que, de acuerdo con la iniciativa, deberá definir el Poder Ejecutivo.
El objetivo de la norma es fijar criterios para la asignación y la regulación de la publicidad oficial, como por ejemplo el alcance del medio de comunicación, la «pertinencia del mensaje», la «zona geográfica», el «federalismo» y la «pluralidad de voces», entre otros factores.
Por otro lado, la iniciativa consensuada dispone que se fijarán sanciones a los medios o soportes que se inscriban en este registro con información falsa, dado que los datos provistos tendrían el carácter de una declaración jurada.
La autoridad de aplicación estará obligada a desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial donde quede enunciada cada campaña de comunicación y, a su vez, deberá elaborar un informe semestral para poner bajo consideración del Congreso.
Además, se acordó una reserva para emergencias equivalente a un 10 por ciento del presupuesto total previsto para la pauta oficial, para los casos que no estén contemplados en el Plan Anual, como catástrofes naturales o alteraciones del orden social.
El texto consensuado también indica que la autoridad de aplicación no podrá contratar campañas de publicidad oficial en los períodos electorales nacionales.