Aprobaron importantes proyecto sobre urbanización, inmuebles y contratación de obra pública

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Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron hoy por mayoría la ley que «tiene por objeto el desarrollo e integración urbana» del polígono donde actualmente funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio Mataderos – Comuna 9, tal como expresa su primer artículo.

Se trata de «la urbanización del predio y la creación dentro del espacio público de un Parque Temático con un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, organizadas en la línea argumental de las actividades rurales. Se complementará con gastronomía que responde a la tradición del predio históricamente destinado a una de las etapas del proceso de industrialización de la carne» (textual art. 1°).

El histórico Mercado fundado en 1884 y al que llegan semanalmente decenas de miles de ejemplares de ganado en pié, provenientes de todo el país, será mudado a nuevas instalaciones en partido bonaerense de Cañuelas, como ya dispuso una ley de la Ciudad y los respectivos convenios con la Provincia y la Nación.

La superficie que hoy corresponde al Mercado de Liniers y su entorno es equivalente a unas 50 manzanas o hectáreas, delimitadas por las avenidas Lisandro De la Torre, Eva Perón, Murguiondo y Rodó. La norma sancionada este jueves rezonifica todo ese sector y aprueba el proyecto originado en la Jefatura de Gobierno, tratado en las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, aprobado en primera lectura el año pasado, discutido en Audiencia Pública y hoy nuevamente aprobado en segunda lectura.

De esas 50 hectáreas, unas 42 ha. quedan incluidas en el gran plan de desarrollo urbanístico, paisajístico, comercial, cultural, residencial, gastronómico, recreativo y deportivo. Descontada la superficie del Parque Juan Bautista Alberdi, el paseo Liborio Pupillo (donde está la estatua al Resero) con sus edificios tradicionales, que serán mantenidos y puestos en valor, restarán unas 30 manzanas para los nuevos emprendimientos públicos y privados.

Los terrenos que van desde Av. Directorio hacia el noroeste, hasta Rodó (entre Murguiondo y De la Torre), quedan zonificados como urbanización futura y excluidos del sector a urbanizar y parquizar (hoy funcionan allí un gran labotarorio farmacéutico y otras empresas privadas).

En las restantes 42 hectáreas (polígono formado por las avenidas De la Torre, Eva Perón, Murguiondo y Directorio) se abrirán 12 nuevas calles que integrarán el gran predio con el resto del barrio.

Las obras a realizar deberán tener en cuenta la localización del Arroyo Cildáñez y los organismos competentes podrán proponer trabajos para prevenir inundaciones y controlar las napas freáticas.

Como en otros emprendimientos similares, de urbanización en terrenos fiscales traspasados por la Nación, el 65 % del suelo debe destinarse a espacio público. En este caso, además, se estipula que debe haber un mínimo de 7 ha. de piso absorbente.

Para las familias que viven dentro de esos límites y que ya fueron oficialmente censadas, la ley obliga al Ejecutivo a resolver sus necesidades habitacionales según varias alternativas sin costo para las personas. Una de las posibilidades incluídas en la ley es el otorgamiento en comodato por 50 años de vivienda en el mismo lugar, en el sector asignado a dependencias administrativas. Las familias censadas fueron 25, pero en la propia sesión se agregaron nuevos nombres de personas que estaban ausentes en los momentos de censos o descendientes directos de personas fallecidas.

En cuanto a las concesiones de uso y explotación y/o de obra pública, se autoriza al Ejecutivo a otorgarlas por un plazo de 15 años prorrogable por única vez por otros 5 años. También se podrán otorgar concesiones para mantenimiento y obras de edificios y de un parque temático.

Los puestos de trabajo en obras y mantenimiento deberán ser ocupados en al menos un 20% por residentes en la Comuna 9.

Dentro del polígono y sobre el frente de av. Lisandro de la Torre se localizará la Feria de las Tradiciones Populares Argentinas.

En lo educativo se prevén un secundario común, una escuela inicial de jornada extendida y otra primaria, todos de gestión estatal. A su vez, se realizarán las gestiones necesarias ante el Estado Nacional y la Universidad de Buenos Aires para la instalación de una sede del Ciclo Básico Común.

Al menos un 10% de la superficie que se destine a edificación será transferido al Instituto de la Vivienda para el Plan de Vivienda Asequible, al que podrán acceder los vecinos de la Comuna 9 con al menos 5 años de residencia.

Las 30 manzanas a desarrollarse se dividirán en zonas: de equipamiento educativo; de espacio público, cultural y esparcimiento; zona mixta de comercios, servicios, recreación, hoteles, viviendas; de espacios públicos y equipamiento público con suelos verdes parquizados, escuelas, canchitas de fútbol o similares de otros deportes; y del Parque Juan Bautista Alberdi, donde las remodelaciones deben ser de utilidad pública y no alterar el lugar.

La sanción se logró con 43 votos positivos de VJ, PS y Ev y Gen, y 15 votos negativos de UC, BP, FIT, AyL.

Previamente, hablaron en el debate Victoria Roldán Méndez (VJ), miembro informante y presidente de la comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), María Rosa Muiños (BP), Gabriel Solano (FIT), Fernando Vilardo (AyL), Inés Gorbea (Ev) y Carlos Tomada (UC).

Nueva prórroga para el cierre del Mercado

Una vez más, la Legislatura de la CABA prorrogó el artículo 1° de la ley 622, sancionada en 2001 que prohíbe el ingreso de ganado en pie con la excepción de aquellos animales destinados a exposiciones, ferias o actividades científicas, culturales o deportivas.

Cómo todavía funciona en Mataderos el Mercado de Hacienda, ésta disposición se viene prorrogando desde el año 2005 y hoy la Legislaturta, a pedido de la Jefatura de Gobierno, estiró una vez más los plazos hasta el 1° de julio de 2020.

Como es de público conocimiento, el Mercado de Liniers S.A. se encuentra realizando las obras necesarias para su radicación en un predio del partido bonaerense de Cañuelas, 60 km. al sudoeste de la Capital Federal. El final de obra se prevé para julio de 2020, se informó en los fundamentos del proyecto aprobado sobre tablas.

Tres espacios para el Club Nueva Chicago

Por iniciativa del diputado Daniel del Sol (VJ), el parlamento porteño sancionó dos leyes que otorgan tres grandes espacios al Club Nueva Chicago, dentro del predio del Mercado de Hacienda en proceso de desmantelamiento y mudanza. Los terrenos totalizan casi 4 manzanas que se destinan o lo harán en el futuro a actividades deportivas, recreativas y sociales y que la Ciudad otorga al club, como entidad civil sin fines de lucro, con permiso de uso precario por 20 años.

Uno de los predios tiene 6.700 m2, donde funciona desde hace años el Parque Polideportivo de Nueva Chicago con edificaciones, natatorios, gimnasio y otras instalaciones. Se encuentra en el Parque Alberdi, a la altura de Av. Directorio, entre De la Torre y Murguiondo.

Los otros dos espacios están casi sobre avenida Eva Perón, donde se prevé crear dos canchas de futbol y una cancha de hockey sobre césped. También por 20 años, la Ciudad otorgó el uso precario a favor del club de Mataderos de un predio de 19.400 m2 y otro de 12.730 m2.

En la votación de estos proyectos aprobados por mayorías de 44 y 50 votos respectivamente, Unidad Ciudadana votó en contra sobre el primero de los predios por una cuestión del procedimiento realizado por el Ejecutivo de la Ciudad, que no quiso convalidar. Los bloques de izquierda, en tanto, se abstuvieron.

Se trata de la obra en la línea del Ferrocarril San Martín a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre Dorrego y Humboldt -Comuna 15. También se modificó la catalogación sobre terrenos de propiedad pública aún no urbanizados en Salguero y la bajada de Autopista Illia – Comuna 14. Las leyes fueron aprobadas en primera lectura.

El Cuerpo Parlamentario aprobó en primera lectura el proyecto que enviara el Poder Ejecutivo propiciando el cambio de zonificación para el sector denominado «Estación Villa Crespo» situado en la línea del Ferrocarril San Martín a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre avenida Dorrego y calle Humboldt – Comuna 15.

En este sector se encuentran inmuebles que forman parte del Convenio celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrado bajo el N° 32315238 y oportunamente sancionado como Ley N° 6.131.

Según se explicó estos predios identificados como dos parcelas de la Manzana 162 A no tienen actividad ferroviaria y «de acuerdo a la caracterización de las condiciones urbanísticas, socioeconómicas y ambientales se considera que las normas que conforman este proyecto permiten la integración armónica entre el tejido, el uso y la dinámica propia de una estación intermedia de ferrocarril, a través de la mitigación y/o reducción de los efectos negativos, por lo que se propone la desafectación de la Manzana 162A, Sección 47, Circunscripción 15, de los términos del punto 4.3.2 «Afectación a Ensanche en Vías de Ferrocarril General San Martín y Domingo Faustino Sarmiento» del Título 4 «Cesiones de Espacio Público, Parcelamiento y Apertura de Vías Públicas» del Código Urbanístico» vigente.

Asimismo, componen esta iniciativa la incorporación de las Parcelas 35d y 35b, Manzana 162 A, Sección 47, Circunscripción 15, al punto 5 «Urbanizaciones determinadas (U)» del Anexo II «Áreas Especiales Individualizadas» del Código Urbanístico el área U N° (a designar)-Entorno Estación Villa Crespo, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos urbanos de características diferenciales, objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación, subdivisión del suelo y plástica urbana.

Respecto a la afectación de la apertura de la calle Camargo, el Ejecutivo «considera necesaria su ejecución parcial entre Humboldt y la proyección de las vías elevadas del Ferrocarril San Martín, a los fines de facilitar la permeabilidad y caminabilidad de la manzana en cuestión, como también la presencia dentro de la misma, del estadio del Club Atlético Atlanta, un micro estadio para eventos cerrado y la estación Villa Crespo, todos ellos usos de gran afluencia de público concentrada en el tiempo».

En este sentido, se propone la modificación del Cuadro N° 5.5b del Código Urbanístico «Arterias sujetas a apertura con declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de las parcelas o partes necesarias a aquellos fines», del punto 5.5 «Vías con afectaciones a aperturas o ensanches» aprobado por Ley N° 6.099. Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad se rige por los lineamientos y acciones del Plan Urbano Ambiental contenido en la Ley N° 2.930, marco al que se ajusta la normativa urbanística y que constituye el instrumento técnico – político para la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad.

Entorno del Triángulo Salguero

El predio también se encuentra entre los inmuebles que involucró el Convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fuera aprobado por la Legislatura a través de la Ley N° 6.131.

El entorno del «Triángulo Salguero» en la Costanera Norte -Comuna 14- se caracteriza por ser un área no residencial, consolidada con equipamientos de gran extensión. La zona posee bajos niveles de caminabilidad y se ve afectada por la presencia de importantes barreras urbanas como la Autopista Illia, las vías del ferrocarril y predios de gran tamaño.

Todo ello actualmente, corresponde al distrito Urbanización Futura -UF del Código Urbanístico, es decir son terrenos de propiedad pública aún no urbanizados que se encuentran ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura sobre los que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propuso un cambio en la zonificación, desafectar del área UF el polígono B en el plano que figura como Anexo I y afectación a área U N° a designar – Centro Salguero, dotándola de normativa específica.

Entre los objetivos informados que propician el cambio en la zonificación «se encuentra la posibilidad de generar nuevas urbanizaciones y espacios públicos integrados a los grandes equipamientos urbanos existentes, promover la ocupación del predio a fin de fomentar la mixtura de usos en la zona, favorecer la instalación de usos complementarios a los vigentes en el entorno, crear una conexión vehicular-peatonal que genere continuidad con las áreas residenciales al sur de la Avenida Figueroa Alcorta, permitiendo la accesibilidad adecuada a los nuevos usos propuestos y generar pasos y conexiones que den permeabilidad a la barrera urbana de la Autopista Illia y las vías del Ferrocarril».

Esta acción del Ejecutivo se enmarca en el cambio de la traza de la Au Illia que acortará su recorrido para que no pase sobre el Barrio 31 de Retiro, en la Comuna 1. Las familias que vivían bajo la traza irán al complejo de viviendas Barrio YPF. Y se proyecta un Puente en Altura sobre el actual trazado, proyecto que se costeará con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- avalado por la Legislatura.

El Gobierno porteño se rige por los lineamientos y las acciones del Plan Urbano Ambiental -Ley N° 2.930- que constituye el instrumento técnico-político para la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad.

Posturas en el Recinto

La oposición se manifestó en contra de ambos proyectos y sostuvieron en general que el tratamiento de los temas fue demasiado apresurado. Además denunciaron la privatización de la tierra pública y el conflicto que sufren los vecinos de Villa Crespo por el cambio que está sucediendo en el barrio. En tanto, el diputado Andrade planteó la preocupación por la posible influencia del Triángulo Salguero en la Autopista Arturo Umberto Illia.

El proyecto de la Estación Villa Crespo resultó aprobado con 31 votos positivos, 13 negativos de los bloques UC, BP, AyL, FIT e IZ, y 11 abstenciones de los diputados Sergio Abrevaya (GEN), Hernán Arce, Roy Cortina (PS), Claudio Cingolani, Maximiliano Ferraro, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes (VJ) y el bloque Evolución.

El proyecto de Triángulo Salguero recibió 41 votos positivos, 14 negativos de los bloques UC, BP, AyL, MC, IZ y FIT, y una abstención del legislador Sergio Abrevaya (GEN).

La norma establece un registro de empresas, obligatoriedad de publicación de contratos en un portal electrónico para generar mayor transparencia y cláusulas anticorrupción.

La Legislatura porteña aprobó este jueves una ley para regular la Obra Pública a través de la creación de un Régimen de Contrataciones que genere mecanismos más transparentes mediante un portal electrónico, de modo que todos los contratos puedan ser conocidos por la sociedad en general en todas sus etapas de convocatoria y ejecución. Asimismo establece un Registro de Contratistas que tendrá a su cargo la clasificación, calificación, determinación de la aptitud y capacidad económica, categorización y habilitación de las personas humanas y jurídicas que se inscriban, como también el registro de los contratos que celebren las entidades y jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Se considera obra pública a todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general que ejecute la Ciudad por administración o por medio de contratos con personas o entidades privadas o públicas, con recursos propios o provenientes de aportes nacionales«, explica el primer artículo de la ley.

Prevé además la rescisión del contrato en caso que medie una sanción por parte de la Autoridad Nacional de la Competencia conforme la Ley Nacional N° 27.442. También se efectiviza la presentación de una declaración jurada de oferta competitiva que fuera producto de las recomendaciones recibidas por la OCDE. Como contrapartida se establece el control de posibles conflictos de interés para asegurar que los organismos competentes puedan detectarlos con la anticipación suficiente a fin de evitar prácticas corruptas o injerencias indebidas.

Implementa como mecanismos de selección la licitación pública y la licitación pública abreviada, restringiendo la contratación directa exclusivamente en circunstancias donde resulte más conveniente para la Ciudad.

Además, se considera la situación actual en los barrios de emergencia donde se realiza un profundo proceso de urbanización y mejoramiento. Respecto de contratar a cooperativas que no siempre cuentan con toda la documentación que reúne una persona jurídica de larga trayectoria en el ámbito, se habilita a prescindir de determinadas presentaciones cumpliendo así una necesidad social.

Incorpora cláusulas anticorrupción para prevenir y eliminar cualquier tipo de favorecimiento o beneficio indebido que pudiera tener cualquier empresa. En este sentido establece la desestimación de cualquier oferta que hubiese tenido cualquier tipo de ventaja indebida durante el procedimiento, incluida la obtención de documentación licitatoria con anticipación respecto de los demás oferentes.

Habilita la rescisión con culpa del contratista en caso que la Justicia Penal hubiese dictado un auto de procesamiento confirmado por segunda instancia, o requerimiento de elevación a juicio también confirmado en segunda instancia (ello en función de la posibilidad que el Código Procesal Penal no prevea el dictado de auto de procesamiento) por un hecho de corrupción en el marco de esa contratación.

En caso de recaer condena en la causa penal, no existirá posibilidad de continuar con el contrato bajo ninguna excepción y procederá la rescisión con culpa del contrato sin importar el estado de su ejecución.

Ante un contratista vinculado con el delito organizado se prevé directamente la rescisión por delitos asociados al financiamiento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado. Esto último viene a razón de evitar que, indirectamente, la Ciudad esté aportando financiamiento a actividades del delito organizado grave.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública por un plazo determinado, el que nunca podrá ser mayor a cinco años, a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas, conforme lo prevé esta ley y su normativa reglamentaria. Cuando las concesiones de obra pública sean por un plazo superior deberá contar con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo previsto por la Constitución local.

Se establece que los procedimientos de selección que se encuentren iniciados o aprobado el Pliego y Bases de Condiciones Particulares con anterioridad al inicio de la vigencia de la nueva norma, continuarán conforme el régimen normativo y documentación licitatoria vigente al momento.

Además, hasta tanto se reglamente el valor de la Unidad de Construcción por la Ley de Presupuesto General de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá utilizarse la Unidad de Compra de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095.

Finalmente se instruye al Gobierno de la Ciudad para que, a través de sus representantes, en las empresas, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, adecuen sus regímenes de contrataciones de obra pública a los principios de esta ley.

La iniciativa fue presentada por el diputado Hernán Reyes junto a otros legisladores del bloque Vamos Juntos. Tuvo dictamen favorable de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y de Presupuesto y Hacienda.

El diputado Gastón Blanchetiere (VJ), titular de la Comisión de Obras Públicas y miembro informante del oficialismo, sobre el proyecto destacó que se trata «de una herramienta nueva, ágil y trasparente para realizar las obras públicas en la ciudad». Además valoró que la ley «atiende a las necesidades de la Ciudad» otorgando «una nueva regulación legal que se adecúe a estos tiempos». Durante el debate también se manifestaron a favor los legisladores Hernán Reyes (VJ), Hernán Arce (PS) y Marcelo Guouman (Ev); mientras que Marta Martínez (AyL) y Laura Marrone (FIT) rechazaron la iniciativa al considerar «insuficientes» los mecanismos anticorrupción que se plantean en la norma y cuestionaron «las formas» en que se adjudicaron ciertas obras en la Ciudad.

La ley resultó aprobada con 41 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, Evolución y Partido Socialista; 16 en contra del Bloque Peronista, Unidad Ciudadana, Mejor Ciudad y bloques de izquierda; y la abstención del diputado Sergio Abrevaya (GEN).

Se sancionó por iniciativa de la Jefatura de Gabinete y regirá para todo el ámbito público de la Ciudad, de los tres poderes. Se aprobó también un acuerdo con la Nación por la coparticipación de recursos impositivos.

Un nuevo Régimen para la disposición de bienes inmuebles en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionado este jueves por los diputados porteños, por iniciativa de la Jefatura de Gobierno.

Como reza su artículo primero, la nueva ley tiene «el objeto de establecer los lineamientos básicos a observar en los procedimientos aplicables a los actos de disposición de bienes inmuebles de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tales aquellos que impliquen la constitución de un derecho real en los términos del Libro IV del Código Civil y Comercial de la Nación».

Su ámbito de aplicación será todo el sector público, incluyendo la Administración Central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra que pudiera depender del Poder Ejecutivo y las Comunas; más los poderes Legislativo y Judicial; los órganos de la Constitución local; empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y otras donde la CABA tenga mayoría de capital o de decisiones.

Los únicos exceptuados son el Instituto de Vivienda de la Ciudad y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., por la índole de sus funciones.

El régimen creado fija los principios generales (de libre competencia, concurrencia e igualdad, de legalidad, publicidad y difusión, transparencia, razonabilidad, eficiencia y uso de tecnología para permitir la participación real de la comunidad). Luego, el nuevo reglamento especifica y detalla las normas de procedimiento «desde el inicio de las actuaciones y hasta la finalización».

Para la venta de inmuebles públicos, la repartición enajenante deberá establecer alguna de las siguientes modalidades: subasta pública; licitación pública; concurso público; disposición directa; venta con prioridad de compra.

«Por regla general, el procedimiento aplicable será el de subasta pública. La elección de otro procedimiento deberá estar debidamente fundada, ponderándose las características del bien inmueble, el monto estimado de la operación, las condiciones de comercialización y el interés público que represente la operación», ordena la ley.

La iniciativa llegó al recinto con despacho de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que preside Paula Villalba (VJ), quien explicó los alcances de la norma. Hablaron luego los diputados Paula Penacca (UC), Ma. Rosa Muiños (BP), Inés Gorbea (Ev), Sergio Abrevaya (Gen), Laura Marrone y Gabriel Solano (FIT), Marta Martínez (AyL).

Se sancionó con 33 votos positivos del bloque VJ, 13 negativos de UC, BO e izquierdas y 9 abstenciones del resto de los presentes.

Ratificaron acuerdo por la coparticipación

Por resolución legislativa, quedó ratificado el último acuerdo suscripto en octubre pasado entre los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires referido a la coparticipación de recursos impositivos recaudados por la Nación.

En 1988, cuando se sancionó la Ley de Coparticipación, la entonces Municipalidad de Buenos Aires participaba del prorrateo en una proporción de 1,5 %. Dicha norma se modificó y actualizó en varias oportunidades y, desde 2016, la Ciudad Autónoma comenzó a percibir el 3,75 % ya que asumió nuevas funciones y se hizo cargo de servicios antes nacionalizados, con nuevos costos en bienes y personal.

En 2018, como consecuencia del Pacto Fiscal suscripto con la Nación y todas las provincias argentinas, la CABA resignó en favor de otros distritos una porción de sus ingresos coparticipables, y bajó su alícuota de 3,75% a 3,50%. Estos cambios quedaron explicitados en el acta acuerdo que hoy fue ratificado por la Legislatura porteña.

El acuerdo Nación – Ciudad quedó ratificado por 43 votos positivos de VJ, Ev, Gen y PS y 15 negativos de UC, BP, FIT, AyL).

Creación del Consejo Argentino de Diálogo Interreligioso

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su beneplácito ante la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Argentino del Diálogo Interreligioso en el marco del Instituto del Diálogo Interreligioso Argentino.

El pasado 15 de noviembre se anunció la creación durante un Congreso realizado en Roma, Italia, para reflexionar sobre el Documento «Fraternidad Humana para la paz mundial y la convivencia común», firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, el 4 de febrero pasado en Abu Dhabi.

Tal iniciativa promueve la convivencia y la búsqueda de consensos como un aporte positivo para la sociedad y el país a través del intercambio de un lenguaje común entre los distintos cultos. Debe destacar la horizontalidad de en la interacción de sus miembros, pues se trata de un espacio entre pares, con una estructura plural determinada con valores a largo plazo y un plan de acciones a lograr para plasmar los nobles objetivos que se plantean. Los diputados/as María Rosa Muiños (BP), Omar Abboud, Claudio Cingolani, Guillermo González Heredia, Paola Michielotto Jian Ping Yuan (VJ) presentaron la iniciativa, aprobada sobre tablas.

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