El proyecto de ley propone modificaciones a la ley 23.966. El dictamen pasó a la firma y los jefes de bloque concluirán su análisis en relación al costo fiscal de la medida.
Durante una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el senador por Córdoba Carlos Caserio (FdT), legisladores nacionales trataron el Expte. S-2150/21 de su autoría que modifica el Art. 24 de su similar 23.966 – impuesto sobre bienes personales – sobre el incremento del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales.
«El monto que hoy estamos teniendo es dos millones de pesos: es totalmente insuficiente» comenzó detallando el autor del proyecto. En ese sentido sostuvo que «esto es una necesidad que debemos abordar» y que «esta es una de las tributaciones que más crecieron en Argentina». «Sesenta por ciento considerada año a año», prosiguió «y eso yo creo que esta debido a que al no modificarse la base va a llegar un momento que lo van a apagar el noventa por ciento de los argentinos, por lo tanto así la tributación se hace grande pero se hace injusta». «Esta es una ley que de aprobarse se va a aplicar prácticamente el año 2022», añadió.
Además, señaló que «hay muchísima gente que ni siquiera sabe que tiene que pagar y otros que a lo mejor se enteren porque lo escuchen ahora van a tener que buscar contadores para que le hagan las cosas y son evidentemente trabajadores, gente que está en un nivel que no debería ser parte de la estructuración de un impuesto que originariamente estaba pensado de otro modo». A continuación detalló que «el proyecto dice que subimos de dos millones a ocho millones: si nosotros tomamos los procesos del 2019 la pandemia 2020 y ya vemos como se está desarrollando la economía argentina y especialmente el proceso inflacionario en 2021 creo que estamos dentro de un monto razonable»
También se refirió a los valores de tributación de vivienda única, respecto de lo cual informó que «al actualizar esos valores y ver la propiedad de una persona hoy nosotros propusimos que eso se lleve a 50 millones de pesos: todo esto es discutible no son números definitivos», luego de lo cual informó que «pedimos también la modificación del Art. 27: proponemos que el mínimo sea actualizado todos los años del mismo modo que se aumentan los tributos que pagan los ciudadanos».
Por último, afirmó que «tenemos un inconveniente, que todavía no tenemos el costo fiscal de esta medida» al tiempo que advirtió que «yo adelanto que no creo que el costo fiscal sea excesivo para nada». Al finalizar la reunión, concluyó que «lo pasamos a la firma con el compromiso de que cuando lleguen los números podamos delegar en las autoridades de los Bloques una definición final sobre los mismos».
SE INICIÓ EL TRATAMIENTO DE UN PROYECTO DE LEY DE JUVENTUDES
En un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda comenzó el debate de un proyecto de Ley Nacional de Juventudes.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (Corrientes-Frente de Todos) presidió el encuentro que se realizó de manera remota. Estuvo secundada por Carlos Caserio (Córdoba-Frente de Todos) en su calidad de titular de Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa en cuestión es impulsada por la senadora por San Luis, María Eugenia Catalfamo (Frente Unidad Justicialista San Luis)
Catalfamo informó que desde el 2017, cuando llegó a la Cámara alta, viene trabajando en este proyecto, que no pudo ser tratado en el 2019 y que ahora, tras volverla a presentar este año, «tiene consenso y tendrá el acompañamiento de todos los bloques porque beneficiará a más de 10 millones de jóvenes, de entre 18 y 29 años, es decir a un cuarto de la población del país»
La senadora por San Luis consideró que «es un proyecto sumamente necesario» dado que «estamos hablando de una inversión para el futuro» y precisó que con la sanción de la norma se creará una Secretaría Nacional de Juventudes.
Finalmente, Almirón anunció que se pasaría a la firma el dictamen del proyecto, al que se le introduciría una serie de modificaciones «de forma» a solicitud del senador por Chubut Marío País (Frente de Todos), luego de que Caserio precisara que para la aplicación de la norma se solicita «un 0.02 por ciento del presupuesto nacional».