Desde este mismo lunes en que se conoció la resolución que permitirá al Gobierno utilizar esa base de datos, la Diputada Nacional del Frente Renovador Graciela Camaño, consideró como «un error grave» el disponer de datos indispensables que tiene el Estado nacional».
«Espero que lo subsanen con algún acto administrativo» afirmó, para luego recordar que se trata de un derecho plasmado en la ley denominada de habeas data, que establece que los datos que el Estado o privados tienen en su haber «son datos sensibles» y sostuvo que la Constitución «ampara ese derecho de las personas a solicitar medidas sobre el registro que de ellos tengan bancos públicos o privados». «No se trata de datos que se presten, se los otorga con un fin específico como es el de obtener el haber jubilatorio».
«Claramente viola la ley 25.326 y el artículo 43 de la Constitución Nacional, que en el párrafo 3 establece el derecho a los datos personales», señaló en declaraciones a la agencia DyN la referente del FR. «Voy a hacer una presentación judicial, viola el derecho de hábeas data», anunció Camaño.