En un acto realizado ayer en Casa de Gobierno, la presidente anunció que Donnelley será denunciada penalmente por alteración al orden económico y financiero, y aprovechó la oportunidad para cuestionar a los gobernadores que resisten el proyecto de nueva ley de hidrocarburos y a quienes debaten en los medios el proyecto de nueva ley de abastecimiento.
Tras anunciar la duplicación del presupuesto para el plan de viviendas populares “Vivir más cerca” para sumar la construcción de 105 mil unidades en todo el país, CFK volvió a cuestionar el accionar de los fondos buitres, sobre los que aseguró que «quieren volver a hacer endeudar a la Argentina».
Seguidamente señaló que el anuncio de quiebra realizado por la imprenta Donnelley buscó «crear el temor» en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión Black Rock, que, precisamente, tiene participación accionaria en la empresa gráfica.
Al respecto afirmó que la gráfica buscó «crear temor en la población» respecto a la pérdida de fuentes de trabajo y que la quiebra presentada «es fraudulenta», lo que motiva la aplicación de la denuncia penal y la aplicación -por primera vez por parte del gobierno- de la llamada «Ley Antiterrorista». Sobre esto agregó que “este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos”.
“Quieren crear una situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas”, concluyó su explicación.
Respecto al proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la ley de Abastecimiento señaló que «No es un bando lo que se ha firmado, simplemente es un proyecto de ley que ha ido al Parlamento argentino. Todas las instituciones van a tener, como siempre han tenido, todo el espacio en las cámaras» para enmendar la iniciativa, para luego sugerir a las cámaras empresarias que rechazan la medida a través de los medios, que dirijan sus reclamos al Parlamento.
Fiel a su estilo, también aprovechó la ocasión para cuestionar a los gobernadores de las provincias petroleras que se oponen al proyecto de ley de hidrocarburos impulsado por el CEO de YPF Miguel Galuccio, cuyo objeto es «establecer una regla común» para el sector, con un modelo de contrato igual «desde Jujuy hasta Tierra del Fuego» en función de «lograr transparencia» y que se generen ingresos de «capitales para explotar Vaca Muerta».
«La propiedad es de las provincias y queremos establecer que ninguna va a cobrar un impuesto mayor que otra y que cada una de las áreas se adjudiquen por licitación nacional e internacional, para que ningún gobernador pueda asignar las áreas» y «que no quede en manos de los gobernadores a quién se le adjudican o no las áreas», concluyó.