El proyecto de ley en revisión sobre Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos ya cuenta con media sanción en la Cámara baja y continúa siendo analizado por legisladores nacionales.
En un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Derechos y Garantías, y Presupuesto y Hacienda, avanzó este miércoles el debate sobre el proyecto de ley en revisión que busca instaurar un régimen de protección del Estado a las víctimas de delitos, representantes de instituciones especializadas abordaron la temática.
Al respecto, el consejero titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Horacio Erbes, explicitó que “desde el Colegio no estamos de acuerdo con la iniciativa” y consideró que “el proyecto atenta contra el ejercicio profesional” y hace muy abarcativo “el concepto de víctima que va desde un accidente de tránsito hasta el delito más grave”. Seguido, pidió a los senadores que “vean las modificaciones porque esta ley, en caso de ser sancionada así, no va a ser aplicada en la práctica ni va a satisfacer las necesidades de las propias víctimas”.
“Es muy importante para las victimas contar con una querella”, prosiguió la titular de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (D.O.V.I.C.), Malena Derdoy, “pero tenemos que pensar en un proyecto reparador e integral y que contemple todas las necesidades que a diario atraviesan las víctimas”, sentenció.
En tanto, el titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito, Pablo Rovatti, reseñó las características del programa que se viene llevando a cabo y afirmó tanto que «garantizar una separación estricta entre la acusación y la defensa es una condición esencial de acceso a la justicia” como que “se prioriza a las víctimas de violencia institucional y también se patrocinan casos graves de víctimas de género».
Por su parte, el presidente del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delito, Gonzalo Sansó, celebró la visibilidad que la temática está tomando en la agenda pública y legislativa y “el debate de una ley sobre los derechos de las víctimas sea cual sea el grupo vulnerable al que pertenecen” porque “hasta ahora sólo hay normas aisladas”. Sin embargo, subrayó que “esta ley peca de excesiva mano de abogados en el medio y no habla de ningún sistema de protección de víctimas: sólo prevé asistencia letrada jurídica, no de asistencia multidisciplinaria e integrada”.
“Consideramos necesaria una ley de protección a la víctima pero no crear nuevas estructuras sino reforzar y legitimar las que ya tenemos creadas en las provincias”, argumentó, en el mismo sentido, la directora general de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, Marcia Paula López.