«La Seguridad Social, entendida como el conjunto de instituciones que tienen por objetivo la protección de las personas y las familias frente a determinadas contingencias (vejez, invalidez, enfermedad, desempleo, maternidad, cargas de familia, muerte, accidente de trabajo y enfermedad profesional), es un sistema solidario donde el Estado asume un rol vital.
A su vez, la Previsión Social es un componente central de la Seguridad Social, a través de la cual el Estado cumple una función clave: relacionar a las personas en su etapa activa con su etapa pasiva, dadas las circunstancias existentes que les dificultan el acumular fondos para la vejez (ANSES, 2011).
Así, los Estados enfrentan el desafío de garantizar protección social a la mayor proporción posible de la población adulto mayor y, al mismo tiempo, darles a los sistemas condiciones de equilibrio financiero en el corto plazo y de sustentabilidad de las prestaciones en el largo plazo, resultando así, la sostenibilidad de los sistemas previsionales uno de los retos cruciales del sector público (Piffano et al, 2009).
En nuestro país, la problemática fiscal de las últimas décadas requiere prestar especial atención a los determinantes estructurales de tan compleja cuestión. En tal sentido, la Función Seguridad Social, llevada a cabo por distintos organismos nacionales, representó en los últimos veinte años, en promedio, un 40% del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN), observando un máximo de un 45% en el año 1995 y un mínimo de 33% en el año 2005.
En efecto, dicha Función es ejecutada por diversas organizaciones que forman parte de la APN. Tres de ellas, son lo que se conoce, presupuestariamente, como Instituciones de la Seguridad Social: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, mientras que el resto, se integran en distintos espacios de la Administración Central (AC).
En líneas generales, los sistemas previsionales contenidos en el Presupuesto de la APN argentina, se caracterizan por ser contributivos, bajo un régimen de reparto. La situación financiera de dichos sistemas resulta, entonces, un condicionante clave de la salud fiscal y por consecuencia, del desarrollo del país.»
Así comienza el trabajo de análisis de la evolución y características de nuestro sistema previsional, publicado por la ASAP por los investigadores Raúl Gaya; Sergio Carpenter y Carlos R. Martinez, coordinado por Graciela La Ruffa.
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