El Senado aprobó con modificaciones y por 40 votos afirmativos contra 26 negativos, el proyecto en revisión sobre extinción de dominio de bienes mal habidos.
Por haber sido aprobado con mayoría simple, la Cámara Baja podrá insistir en su sanción y convertirla en ley sin necesitar ninguna mayoría agravada. Por ahí la Vicepresidente hoy ya lo entendió y sacó cuentas para asegurarse que 40/66 es menos que 2/3.
El Senado llegó a debatir la extinción de dominio con tres dictámenes diferentes. El impulsado por el Bloque PJ que preside el rionegrino Miguel Pichetto; el del Frente para la Victoria y el del bloque oficialista de Cambiemos. Tanto en comisión, como en el recinto, los senadores cuestionaron la media sanción que llegó de la Cámara de Diputados. Finalmente fueron puestos a consideración dos iniciativas: la del PJ-Argentina Federal y la de Cambiemos.
En la defensa del dictamen de mayoría, el senador por Río Negro, Miguel Angel Pichetto (Bloque PJ) afirmó que «hoy los jueces federales embargan los bienes preventivamente antes de la indagatoria, y si no hay bienes inhiben de manera general. Cuando se desarrolla el proceso de la investigación, incluso antes de la elevación a juicio, se designan administradores judiciales que tutelan el control de los bienes. Esto está ocurriendo». Fue crítico con el dictamen que provino de Diputados y dirigiéndose al oficialismo sostuvo que «mañana van a tener que responder ustedes, porque todo vuelve, todo circula. Lo que hagas hoy, mañana también lo vas a pagar. Las normas que regules ahora te las van a aplicar también en el futuro, en un país destructivo, donde siempre lo que viene es peor»
Destacó que «en el sistema penal argentino el principio general es que las normas no son retroactivas. Ninguna relación normativa puede regular cosas del pasado». Aseguró que es necesario tener una ley justa y «no puede invertirse la carga de la prueba. Yo estoy de acuerdo con que se devuelvan los bienes mal habidos». En este punto precisó que el dictamen mayoritario contempla cuatro situaciones de «extinción anticipada». En casos de flagrancia; en caso de fuga; en caso de rebeldía y en caso de muerte del imputado y que no se pueda determinar su culpabilidad. Concluyó afirmando que «cuando se dicta la condena, se resuelve la extinción, siempre que los bienes tengan que ver con el delito».
El kirchnerismo, en palabras del senador por Neuquén, Marcelo Fuentes, terminó apoyando el proyecto del PJ al considerarlo «el menos malo». Este dictamen reivindica la figura del «decomiso anticipado» para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes mientras continúa el proceso. La figura no se aplicaría en el fuero civil sino en el proceso penal.
El oficialismo, en cambio, se manifestó a favor de que el fuero civil tuviera la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal antes de que haya una condena judicial.
El senador por Entre Ríos, Pedro Guastavino (Bloque PJ) fue uno de los miembros informantes, de uno de los tres dictámenes sobre extinción de dominio, que debatió el Senado. Sostuvo que «nuestros juristas más destacados calificaron al proyecto que algunos medios siguen pidiendo que aprobemos, como un adefesio y mamarracho de dudosa constitucionalidad. El senador por Salta, Rodolfo Urtubey compartió su tiempo de exposición con Guastavino. Manifestó que «esto es una acción civil. Son los jueces los que tienen que determinar la interpretación de la naturaleza de la acción civil: si puede o no aplicarse en un proceso en trámite».
Urtubey destacó que «los hombres de la política también sabemos que tenemos que hacer buenas normas y que satisfagan la inquietud de la sociedad». Reconoció que «hoy estamos abordando este proyecto en un momento donde se reproduce esta situación de emergencia y quizás no tenemos el tiempo para darnos cuenta de que no tenemos que caer en la tentación del derecho penal de emergencia. Estoy convencido de que el proyecto que estamos defendiendo en este caso permite enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada, en cualquiera de sus variantes, de una manera eficiente, aplicable, práctica, clara y que yo creo que también satisface las necesidades de la sociedad».
El senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Pinedo (PRO) marcó sus diferencias con el dictamen de mayoría impulsado por la bancada del PJ y concluyó que «el proyecto de mayoría es igual al decomiso» y «no podemos esperar hasta el fin de la condena hasta la extinción de dominio ya que el promedio de los procesos de corrupción o de narcotráfico en la Argentina duran unos 14 años».
Puntualizó que «lamentablemente, en lugar de estar tratando un proyecto de consenso, estamos tratando proyectos contradictorios, que se enfrentan. Nosotros no podemos acompañar el dictamen de la mayoría porque a nuestro criterio establece un sistema que no funciona para los objetivos que creemos que tiene que tener este procedimiento»
En ese punto destacó que «creemos que el proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, y tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro». Puesto en el dilema de apoyar el dictamen de la mayoría del Senado o el que llegó en revisión de la Cámara de Diputados, dijo que «aún con sus críticas, elegiríamos el que viene de Diputados».
La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FPV), a pesar de impulsar un proyecto propio, anunció que su bancada votaría en conjunto con el bloque del PJ presidido por el rionegrino Miguel Angel Pichetto. «Este Senado de la Nación ha dado muestras de estar a la altura de las circunstancias y entendemos que es posible que podamos unificar y votar en conjunto con el proyecto en general propuesto por el bloque PJ-Argentina Federal y en ese sentido es como vamos a votar en el día de hoy».
Sacnun criticó la iniciativa remitida por la cámara baja y sostuvo que «avanzar en el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados es, sin lugar a dudas, conculcar los principios constitucionales del debido proceso, de las garantías constitucionales y del principio de inocencia». En ese punto afirmó que «mediante este proyecto proponemos reformar el artículo 23 del Código Penal a fin de armonizar las prescripciones normativas relativas al decomiso de bienes».