El secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, informó sobre el proyecto de modificación de la ley de impuesto a las ganancias para empresas.
Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador por Córdoba Carlos Caserio (Frente de Todos), el funcionario de la cartera que encabeza Martín Guzmán dio detalles de la iniciativa legislativa que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que podría ser tratada la semana próxima en una sesión del Senado.
Arias destacó que «la idea es retrotraer la alícuota al 35 por ciento como lo fue entre 1999 y 2017, pero con un beneficio importante para las pequeñas empresas» que según precisó el senador Caserio redundará en una disminución en el pago del tributo «para el 90 por ciento de las empresas» y en cambio «sólo pagarán más las empresas más grandes del país que serán aproximadamente el 10 por ciento».
El funcionario detalló que con la nueva ley «las empresas que recauden hasta 5 millones de pesos anuales pagarán una alícuota del 25 por ciento mientras que será del 30 por ciento para las que recauden hasta 50 millones y del 35 por ciento para las que tengan una ganancia mayor a 50 millones» y además «se mantendrá la alícuota del 7 por ciento por los dividendos».
Reconoció que «la idea es recuperar la recaudación de este impuesto progresivo» dado que «la recaudación por ganancias en el 2015 era del 3,1 por ciento del PBI y en el 2019 fue del 2,7 por ciento, por lo que esperamos recuperar la recaudación como era hasta el 2015».
Finalmente Arias advirtió que «un aumento de este impuesto para las grandes empresas es totalmente justificado porque han logrado mantener su nivel de ganancias», dijo que «es un impuesto justo que está bien que tenga estas alícuotas progresivas» y estimó que «va a significar un apoyo a las pequeñas empresas sin poner en riesgo la recaudación».
Tras la exposición del secretario de Política Tributaria, algunos senadores le formularon algunas preguntas. El senador por Misiones, Maurice Closs (Frente de Todos), lo consultó sobre «¿Por qué se optó por la rentabilidad y no por el tamaño? a lo que el funcionario respondió que «el impuesto a las ganancias tiene que gravar el nivel de ganancias independientemente del tamaño de la empresa».
El senador por Chaco, Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio), juzgó que lo que se busca es «aumentar impuestos para aumentar la recaudación» y preguntó «¿Cuántas PyMEs van a pagar el 25 por ciento?» y Arias consignó que no contaba con ese número pero que después lo podía hacer llegar.
El presidente de la comisión, Caserio, tomó la palabra para informar que «son casi cien mil empresas, aproximadamente un 70 por ciento, las que pagarán ese tributo del 25 por ciento por tener una utilidad por año de entre 0 y 5 millones de pesos».
La senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio), evaluó que la reformulación del impuesto «va en contramano del mundo, porque están reduciendo el tributo a las sociedades».
El senador por Neuquén, Oscar Parrilli (Frente de Todos), dijo en cambio que «con este proyecto nos quedamos un poco a mitad del camino, porque la alícuota por utilidades fijada en el 7 debería ser del 10 por ciento en utilidades y estamos muy lejos de lo que deberíamos estar gravando a las grandes ganancias».
Por último, el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) preguntó «si hay otros países con alícuotas más altas que las que aplica Argentina para las sociedades» y luego consignó que por el informe del funcionario de economía no los hay.
De inmediato, Caserio anunció que se iba a pasar a la firma el dictamen del proyecto que resaltó al sostener que «por primera vez en la historia se le dio una visión progresiva al impuesto. Esta ley es justa y tiene cosas muy beneficiosas».
Por otra parte informó que el bloque oficialista reemplazará en la comisión a la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin por María de los Ángeles Sacnun de Santa Fe y además el senador por Misiones, Maurice Closs, explicó su propuesta legislativa para permitir promocionar la actividad forestal estableciendo un fondo a través de un 0,5 o 1 por ciento de la póliza de seguro.