EN LA PRIMERA JORNADA DE DEBATE EN EL SENADO, LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA, VILMA IBARRA, Y LOS MINISTROS DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, ELÍSABETH GÓMEZ ALCORTA, Y DE SALUD, GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA, BRINDARON PRECISIONES SOBRE EL PROYECTO DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) QUE YA TIENE MEDIA SANCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Durante un plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer -cuya titular la senadora por La Pampa, Norma Durango (Frente de Todos) presidió el debate-, de Justicia y Asuntos Penales, y de Salud, los tres funcionarios expusieron detalles de la norma, que continuará tratándose mañana y el miércoles de 10 a 13 y 15 a 18 recibiendo las exposiciones de varios especialistas que tienen posturas a favor o en contra de la iniciativa.
Antes de que tomaran la palabra los funcionarios del Ejecutivo, el senador por Catamarca del Frente de Todos, Dalmacio Mera, fue disparador de un intercambio de opiniones entre algunos senadores sobre el hecho de que la Banca de la Mujer sea la cabecera de la discusión del IVE.
Los dos ministros y Vilma Ibarra afrontaron juntos la videoconferencia desde la Casa de Gobierno y tras exponer, respondieron algunas preguntas planteadas por distintos senadores.
La secretaria Legal y Técnica dijo que iba a explicar «dos proyectos muy consistentes, que dialogan entre sí, que marcan claramente la idea que tiene el Ejecutivo en estos temas».
«El de mil días es un proyecto muy robusto que valora los proyectos de maternidad, que es un momento muy hermoso para una familia, y por cual el Estado estará allí acompañando esas maternidades, y el cual recibió una aprobación en diputados en forma unánime», dijo Ibarra inicialmente.
De inmediato contó que «el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una promesa que se hizo en la campaña electoral, y surge de un trabajo interministerial. La idea de este proyecto es que tenemos que hacernos cargo como sociedad, desde el Estado, de un problema que afecta a las mujeres y a la salud pública, que es el aborto clandestino».
Añadió que «este proyecto quiere evitar muertes evitables, abordar un tema de salud pública, disminuir la cantidad de abortos, y reforzar la educación sexual y la prevención de abusos en niñas y adolescentes»
Ibarra sostuvo que «las mujeres acuden a los abortos clandestinos en la Argentina, y esto sucede todos los días porque hay muchísimos casos de mujeres que tienen embarazos no queridos»
«Queremos introducir humanidad en este tratamiento, queremos tratarlas a las mujeres con dignidad, que puedan acceder a métodos anticonceptivos, que puedan ser tratadas con seguridad», indicó la secretaria antes de consignar que «hasta la semana 14 son métodos seguros, no quirúrgicos, con fármacos» para realizar la interrupción de un embarazo.
Remarcó que «esta ley se espera igual que la del matrimonio igualitario, sancionada en el 2010, porque para las mujeres el aborto suele ser una opción para una maternidad forzada y se recurre a la clandestinidad, que es un negocio.»
Finalmente, Ibarra remarcó que «si este proyecto de ley se aprueba, nosotros no vamos a violentar las ideas o las creencias de nadie, sin embargo algo habrá cambiado, vamos a tener menos infecciones, menos sufrimiento de mujeres y menos muertes evitables»
A su turno, el titular de la cartera de Salud, González García señaló que «el objetivo de este proyecto de ley está claro: primero tenemos que hacer prevención y si sucede que tenga menores consecuencias. Otro eje es la justicia social y el tercer tema es estrictamente de salud pública y sus consecuencias»
«Desde la prevención, el proyecto intenta y lo hace con efecto inmediato disminuir la mortalidad materna y la morbilidad», dijo González García antes de aclarar que actualmente «tenemos 11 métodos de prevención, hay varios programas en ese sentido y contamos con el plan ENIA, destinado a reducir el número de embarazos en adolescentes».
Al referirse a la justicia social graficó que «hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y cien internaciones en hospitales públicos producto de abortos con complicaciones» y más tarde consignó que «todas las estimaciones refieren que hay un aborto cada dos nacimientos y es una magnitud tremenda».
El ministro de Salud contó que «una mujer de un sector social con educación, dinero y familia que cuente con entre 2.800 y 10 mil pesos puede acceder al misoprostol pero hay mujeres muy vulnerables, que no tienen dinero ni educación, ni familia ni entorno, que recurren a medidas tremendas» para interrumpir el embarazo.
Ademas subrayó que «es un tema de salud pública porque el aborto causa muerte y morbilidad», ratificó que «la penalización solo sirve para estigmatizar a las mujeres» y reiteró que «el proyecto ha tenido en cuenta la experiencia mundial, baja la mortalidad y morbilidad materna y extiende la vida de las mujeres, eso es extraordinario»
Consultado sobre por qué se colocó la semana 14 cómo límite para interrumpir el embarazo, el ministro precisó que «el 90 por ciento del procedimiento se hace antes de terminado el tercer mes, pero queda un 10 por ciento que son las de las más vulnerables y esta es una ventana (dos semanas más) para cubrir a ese grupo tan vulnerable»
Por su parte, la ministra Gómez Alcorta abordó puntualmente los últimos artículos de la norma «del 13 al 17 que hacen modificaciones en el Código Penal» por lo cual se despenaliza y legaliza la práctica hasta la semana 14 de embarazo.
Gómez Alcorta también precisó que hay «dos causales» por las que se permite la interrupción después de la semana 14 y ellas son «por causa de una violación» o debido a que «corra peligro la vida» de la gestante.
Salvo esas excepciones «la penalización continúa para el que lo causa (el embarazo) y la gestante», también se sancionará «a quien en forma injusta retrase, obstaculice o impida el acceso a un derecho» y dejó en claro que «el proyecto establece la objeción de conciencia» para realizar la práctica.
«Tenemos una responsabilidad histórica y es que en nuestro país nunca más muera una mujer por la práctica de un aborto clandestino», cerró su exposición la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Los senadores que interrogaron a los funcionarios fueron las tucumanas Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin; el bonaerense Esteban Bullrich, la catamarqueña Inés Blas, la neuquina Nancy González, la porteña Guadalupe Tagliaferri, el fueguino Matías Rodríguez, la santacruceña María Belén Tapia, el jujeño Mario Fiad, el cordobés Ernesto Martínez, y los correntinos Ana Almirón y Pedro Braillard Poccard.
Sobre el cierre del plenario que se prolongó por más de tres horas el titular del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, pidió la palabra para sostener que «no estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones y argumentos que dieron los ministros».
La senadora neuquina Silvia Sapag interpretó que «los que están en contra (del proyecto) están intentando entorpecer para que no se trate (el tema) este año», a lo que Mayans respondió «no estamos entorpeciendo nada». ″