En la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, de Derechos Humanos y Garantias y de Presupuesto de Hacienda, obtuvo dictamen favorable por la mayoría, el proyecto del Ejecutivo por el cual se ratifica el convenio celebrado entre el Estado Nacional y CABA, suscripto el dia 22 de enero de 2014, sobre transferencia a la Nación de diversos inmuebles donde funcionaban centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, para formar parte del espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos.
Se trata del proyecto de ley en revisión (Mensaje 252/14) registrado bajo expte. 11-S-14, cuyos fundamentos fueron expuestos por el presidente de la comisión de Derechos Humanos, diputado Remo Carlotto (FpV-Bs.As-). El mismo diputado recordó que desde el año 2003, con el Presidente Néstor Kirchner, el gobierno realizó muchas acciones que profundizaron la política de la memoria, con una activa participación de todos los organismos de derechos humanos.
El diputado Felipe Solá (FR-Bs.As.) expresó su oposición señalando que el proyecto “deja en claro la intención de apropiación que el gobierno tiene sobre las políticas de derechos humanos”.
También adelantaron sus objeciones los diputados Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA), Miguel Bazze (UCR-Bs.As.) y Victoria Donda Pérez, quienes propusieron invitar a las diferentes organizaciones de derechos humanos para aportar sus opiniones y experiencia en un debate que no era necesario agotar en esta reunión, dado que no resultaba urgente emitir un dictamen.
La diputada Donda adelantó que su bloque presentaría un dictamen de minoría y coincidió con Bazze al opinar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere desligarse de toda responsabilidad presupuestaria, ajeno a cualquier política en materia de derechos humanos.
A su turno el macrista Pablo Tonelli (PRO-CABA) no hizo más que abona esa teoría, señalando que el Estado Nacional posee mayor representatividad en materia de derechos humanos y mayores recursos económicos que el Gobierno de la Ciudad. Finalmente minimizó las diferencias asegurando que “solo se trata de un traspaso jurisdiccional”.
En el mismo sentido Carlos Heller (Nuevo Encuentro-CABA) señaló que solo se trata de un traspaso de inmuebles de la Ciudad, los que serán administrados por el Estado Nacional para garantizar el cumplimiento de todo lo establecido en el proyecto.
Por su parte el diputado López (Fte. de Izquierda y de los Trabajadores – Salta) manifestó que no acompañaría la iniciativa por tratarse de un “canje de favores” entre el gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad.
El oficialismo pasó a la firma el dictamen mientras que la presidenta de la comisión de Legislación General, diputada Fernández Sagasti (FpV-Mendoza) informaba que los dictámenes de minoría se podrían entregar hasta el jueves a las 12 del mediodía.