El bloque del Frente para la Victoria (FPV) presentó una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quien acusan de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por no haber firmado el nombramiento del legislador de la bancada opositora, el santafesino Marcos Cleri, en el Consejo de la Magistratura, como lo proponía esa fuerza política.
La controversia se desató porque el FPV considera que la vacante de la actual senadora Anabel Fernández Sagasti debe ser ocupada por Cleri -dirigente de La Cámpora- pero el oficialismo sostiene que como construyó una nueva mayoría, ese lugar le corresponde al macrista Pablo Tonelli.
El oficialismo sostiene que esa mayoría está avalada por una nota firmada por 110 legisladores y que fue enviada al presidente de la Cámara de Diputados para que se designe como miembro del Consejo de la Magistratura a Pablo Tonelli, quien tiene previsto mañana jurar como consejero hasta noviembre de 2018.
Por ese motivo, el Frente para la Victoria presentó una denuncia penal, pidió una medida cautelar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que no tome juramento a Tonelli.
En un comunicado, la bancada del FPV -que conduce Héctor Recalde- informó que presentó la denuncia penal contra Monzó «por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al no remitir la designación de Marcos Cleri y en su lugar enviar la designación de un diputado que no pertenece a la primera minoría de la Cámara» baja.
«A la vez, denunciamos la adulteración de un documento público al incluir como avales a la designación ilegítima a diputados que no prestaron ni su conformidad ni su firma», agregó el FPV.
En el comunicado, el FPV pidió a la Corte Suprema de Justicia que se «abstenga de tomar juramento tanto a los jueces designados por decreto como al consejero ilegalmente propuesto por la alianza gobernante, y el Consejo de la Magistratura no debe reconocer la designación de Tonelli».
En otro tramo de la nota, dice que esta decisión es porque «la alianza gobernante pretende arrogarse la representación en el Consejo de la Magistratura que por derecho le corresponde hasta noviembre de 2018 al bloque de diputados del FpV-PJ, con el objetivo de controlar la designación y remoción de jueces de la Nación».
FUENTE: TELAM