En una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y la comisión de Derechos y Garantías se acordó pasar a la firma del dictamen. La iniciativa convierte al Ministerio de Desarrollo Social en su órgano de aplicación.
La medida tiene como principal objetivo «garantizar y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina».
El proyecto llegó al Senado de la Nación en revisión de la Cámara de Diputados donde obtuvo media sanción.
Fue presentado por la presidenta de la comisión de Legislación General, senadora por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT).
El titular de la comisión de Derechos y Garantías, senador por La Rioja, Julio César Martínez (UCR), objetó la premura de su tratamiento y reclamó más tiempo para el análisis del proyecto. También solicitó la necesidad de una reunión de los asesores pertinentes así como un cálculo del impacto económico.
La iniciativa contempla que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación y también se explaya sobre el Derecho a la Dignidad Personal e Integridad Física; Derecho a la Identidad Personal; Derecho al acceso pleno a los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; Derecho al acceso y al uso de los servicios de la infraestructura y de los espacios públicos; Derecho al acceso pleno a los servicios socio asistenciales; de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno y el Derecho al acceso a una vivienda digna.
El proyecto contempla la realización de un relevamiento de las personas en situación de calle. El relevamiento se realizará dentro de los 180 días a partir de la publicación de la ley. La medida se repetirá todos los años con la colaboración del INDEC y las reparticiones competentes de cada jurisdicción.
En otro momento de la reunión, en un plenario de la comisión de Legislación General y la de Salud se analizó el proyecto que llegó en comisión de Diputados por el que define el «régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica», sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad.
La senadora por Corrientes, Ana Almirón (FDT) explicó que «la modificación de la norma da a las personas con discapacidad la atribución de decidir». En la norma se «establece el derecho que tienen las personas para acceder a la información veraz y que las personas con discapacidad puedan dar su consentimiento a las prácticas de contracepción quirúrgica».
También se analizaron distintos proyectos. Entre ellos el declarar «al montañismo como actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo en todo el territorio nacional» y un proyecto de la senadora por La Pampa, Norma Durango (FdT) que contempla «el régimen de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial».