Cuatro funcionarios, entre ellos el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, expusieron hoy sobre un acuerdo para modificar el capítulo IV de la ley 24.660, referido a la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
También se refirieron al tema la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori; la Defensora Pública Interamericana, Silvia Martínez, y la Comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, María Josefina Ignacio.
Los expositores brindaron detalles del proyecto durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Frente de Todos), celebrada esta mañana en el Salón Arturo Illia.
El senador Parrilli consignó que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo «fue recibido el 20 de abril del 2021 a fines de analizar todo lo establecido respecto a cambios en el régimen disciplinario al que se encuentran sometidas todas las personas privadas de su libertad».
Indicó que la iniciativa surge de «una recomendación recibida por el gobierno argentino de parte de la Comisión Interamericana de Derechos humanos» y tras escuchar a los visitantes anunció que pasaba el despacho a la firma de los integrantes de la comisión con el objeto «de poder tener dictamen antes del 12 de agosto y tratar el tema en la próxima sesión de la Cámara».
El secretario de Derechos Humanos, Pietragalla, puntualizó que «lamentablemente cuando una persona pierde la libertad pierde otros derechos, y no tienen que perder otros derechos» y consignó que las modificaciones impulsadas se motorizaron por una causa de más de 20 años, «cuyo peticionario ha fallecido».
Tras reconocer que los argentinos «cometimos errores en el pasado con los Derechos Humanos», por lo que resulta necesario «modificar prácticas» en el terreno disciplinario para quienes se encuentran privados de su libertad en dependencias del servicio penitenciario.
Garrigós de Rébori, quien además de estar al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios es Interventora del Servicio Penitenciario Nacional, juzgó que «hay que adecuar la actual ley, modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso».
«En este proyecto las faltas medias y leves serán abordadas por una especie de comité con gente del servicio penitenciario y presencia de la persona involucrada. Para faltas graves existe un sistema de sanciones que están en la ley, eliminándose la sanción administrativa por comisión de delito, que tiene que ver con la convivencia adentro de las unidades penitenciaria».
Luego Silvia Martínez, Defensora Pública Interamericana, dijo que: «estamos en una instancia de solución de cumplimiento de una recomendación, referida a la adecuación normativa a los estándares internacionales. Este es un proyecto de acuerdos. Es una reforma buena y posible».
Agregó que «lamentablemente el peticionario de este caso falleció esperando justicia y no debemos permitir que las personas mueran esperando justicia», a la vez que lamentó que «hace un año que ingreso el proyecto al Parlamento y en un año nada sucedió. No podemos darnos el lujo de seguir esperando».
María Josefina Ignacio, Comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, subrayó que «venimos a apoyar esta iniciativa, que incorpora principios generales y garantías para ser respetuosos de los derechos de las personas privadas de su libertad».
Tras concluir el análisis de ese tema se hizo referencia a un proyecto de comunicación impulsado por los senadores por Neuquén del Frente de Todos, Oscar Parrilli y Silvia Sapag, solicitando informes al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre una denuncia por supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que se tramita ante el juez Ariel Lijo.