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RESPALDO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó esta tarde en el análisis del proyecto de ley que amplía el Programa de Protección Integral de personas con Cardiopatía Congénita en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

El proyecto, de autoría de los diputados del Frente de Todos, Paula Penacca y Daniel Gollán, ya obtuvo el acompañamiento de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Será tratado mañana en el recinto, en una sesión especial que se realizará desde las 11.

La diputada Pamela Calletti (Frente de Todos) explicó que “1 de cada 100 recién nacidos presenta este tipo de mal formación en el corazón y con una detección a tiempo incluida en el PMO (Programa Médico Obligatorio) y una ecografía se pueden evitar muertes”.

“La idea de este proyecto es ampliar este programa que ya existe, elevarlo a nivel nacional y que haya mayor difusión, además de la incorporación de las prestaciones médicas pertinentes”, explicó Calletti.

Por su parte, el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) recordó que la iniciativa “es una construcción de las asociaciones y familiares de pacientes que han sufrido cardiopatías congénitas. Se logró una sanción en su momento, pero posteriormente fue vetado y no se incorporó en el PMO”.

“Se crea un Consejo Consultivo que es una continuidad de las acciones de la sociedad civil que, gracias a la construcción en comunidad, pudo llevar adelante este proyecto de ley que tomaron los legisladores nacionales”, dijo Cleri.

En otro orden temático, la Comisión de Presupuesto pasó a la firma un proyecto para declarar Monumento Histórico Nacional el Solar Sarmiento ubicado en Asunción, Paraguay.

El autor del proyecto, José Luis Gioja (Frente de Todos), explicó que se trata del lugar donde falleció Domingo Faustino Sarmiento. “Los médicos le indicaron un lugar de calor por su estado de salud, él eligió Asunción”, argumentó Gioja. Cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Sarmiento, el gobierno de Paraguay donó el lugar a la Argentina.

Desde el PRO, el diputado Hernán Lombardi defendió la iniciativa y habló de “la vigencia de Sarmiento como pasado, presente y futuro”. “Siempre me limito a recordar el poema de Borges: Sarmiento, el soñador sigue soñándonos”, recitó Lombardi.

En este sentido, la Comisión de Presupuesto también analizó un proyecto de ley en revisión para declarar Poblado Histórico nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo, Fitz Roy, provincia de Santa Cruz.

Por último, debatió un proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba el Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las Bases Imponibles y el traslado de beneficiarios.

El diputado Marcelo Cassaretto (Frente de Todos) argumentó que “lo que busca el G20 y la OCDE es tratar de generar el intercambio de información para evitar la erosión de las bases imponibles y que los impuestos se paguen en función de donde se genera la actividad económica y donde están radicados los domicilios de las personas”. Cassaretto señaló también que el Convenio es “contra los paraísos fiscales» para evitar la evasión impositiva.

AVANZÓ EL PROYECTO PARA REGULAR EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA OBSTETRICIA

La norma busca establecer el marco general del ejercicio de la licenciatura en obstetricia. Además, se aprobó un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el personal de enfermería.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada socialista Mónica Fein (Socialista), dictaminó a favor del Régimen para el ejercicio profesional de la Obstetricia. El proyecto tiene como objetivo regular el ejercicio de las/los profesionales de la obstetricia, como actividad profesional autónoma y libre.

En ese sentido, Fein reconoció el trabajo del colectivo de obstétricas y distintas organizaciones que realizaron aportes al proyecto de ley. “Agradecemos, conocemos de su trabajo, vinieron a exponer a la Comisión, y están acá presentes y queremos reconocer el trabajo de ellas para el dictamen”, expresó.

Desde el PRO, la diputada Silvia Lospennato-una de las autoras el proyecto- aseguró que “falta el reconocimiento de las profesiones que ejercen mayormente las mujeres, tales como la enfermería y la obstetricia”, al señalar que “este proyecto viene a resolver el problema que hay en el sistema de salud, de tener pocas licenciadas en obstetricias”.

“Este proyecto significa poder actualizar el ejercicio profesional de las licenciadas en obstetricia; planteamos que todas las acciones que las compañeras realizan en su práctica, como las tareas de cuidado, estén expresadas”, agregó la diputada Mónica Macha, diputada oficialista y autora de uno de los proyectos. En tanto, la diputada Carolina Gaillard (FdT) afirmó que “esta Ley viene a saldar una deuda con las obstétricas y, también, con las mujeres”.

En otro orden, también pasó a la firma el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número 149, sobre el personal de Enfermería adoptado por la 63 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el 21 de junio de 1977.

El objetivo es mejorar las condiciones de trabajo del personal de enfermería. Además, el Convenio da cuenta de la labor esencial del personal de enfermería en beneficio de la salud y el bienestar de la población, al tiempo que establece normas laborales mínimas que regulan aspectos como las condiciones de trabajo, la adaptación de las normas que rigen la seguridad y la salud en el trabajo y el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos; entre otros.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Mónica Fein (Socialista), explicó que la iniciativa consiste en “la adhesión a un artículo de la OIT sobre condiciones de trabajo básicas de enfermeras y enfermeros”. “Es un gran avance que nuestro país adhiera”, enfatizó.

En tanto, el diputado Hugo Yasky (FdT) remarcó “la importancia que tiene el personal de enfermería”, al tiempo que destacó: “Este convenio es un acto de justicia”.

FUNCIONARIOS Y ABOGADOS EXPUSIERON SOBRE PROYECTO QUE BUSCA MEJORAR HERRAMIENTAS ANTE EL LAVADO DE ACTIVOS

La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. «El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes», indica el expediente.

Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Información Financiera destacó la  “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.

Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.

En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.

Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.

Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. “Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo”, aseveró.

Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.

“Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”, añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.

Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”

“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.

Participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.

DICTAMEN POSITIVO PARA PROPUESTAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE DAÑOS EN CONTEXTOS LABORALES

La comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanesa Siley (FDT), dictaminó favorablemente dos proyectos de ley, vinculados por el tratamiento de los riesgos físicos y la insalubridad en contextos laborales: el Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales, y la creación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.

Con la presencia de trabajadores de Parques Nacionales, la comisión de Legislación del Trabajo, presidida por la legisladora Vanesa Siley (FDT), encaminó el proyecto de ley que contempla un Régimen Previsional para quienes desarrollan tareas de prevención y mitigación de incendios forestales y rurales, promovido con media sanción por parte de la Cámara Alta.

Alejo Fardjoume, trabajador del Parque Nacional Lanin (Neuquén), ilustró que el colectivo de brigadistas y demás combatientes de incendios en Argentina, “está nucleado en Parques Nacionales, que es el sistema más grande del país, con 400 brigadistas; el Servicio Nacional de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Ambiente, con 150 compañeros y compañeras, y el resto de los sistemas provinciales”.

Fardjoume focalizó en el desgaste físico y emocional de paliar incendios, en pos de preservar las vidas, la fauna y flora afectadas, donde “el cuerpo y la mente del brigadista corren a una velocidad que no corre para el resto de las y los trabajadores”. No obstante, el referente del Parque Nacional neuquino bregó porque el proyecto no se titule Régimen Diferencial, para definirlo en cambio como Régimen para combatientes de incendios, “porque para cada particularidad hay una norma que, aplicada, debe dar el mejor derecho a quienes ejercen su tarea a lo largo y a lo ancho del país”.

El brigadista celebró que el colectivo haya encontrado “un Congreso Abierto, donde el proyecto fue bien defendido por muchos legisladores y legisladoras tanto del Senado como de Diputados”, aunque adelantó que el colectivo planteará una serie de modificaciones sobre el proyecto dictaminado, por ejemplo, en cuanto a la inviabilidad de que “un combatiente, que después de tener el cuerpo al servicio de combate de incendios y emergencias, se quede trabajando en el sistema para ir formando a otros”.

Por último, Fardjoume hizo un llamamiento para monitorear los focos de incendios activos en la Argentina, y a dimensionar que “quienes nos ocupamos de ellos, no somos héroes; somos trabajadores que combatimos el fuego, y necesitamos derechos. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá”.

En sintonía con su colega, Hernán Mondino, brigadista del Parque Los Alerces (Chubut), subrayó que “la precariedad de dónde venimos, en cuanto al alto riesgo, el territorio y contratos precarizados, grafica nuestra lucha para lograr esta jubilación”. Mondino hizo referencia a “los riesgos latentes” de su profesión, producto de la constante exposición a lesiones físicas y daños emocionales, e incluso, a la mortandad que imponen los agentes tóxicos del humo, riesgo laboral que llevó a la OMS a considerar el oficio como actividad cancerígena.

“Por eso proponemos una baja de la edad jubilatoria, de los 57 a los 50, como lo tiene la Provincia de Chubut, en base a los estudios recabados en otros países”, especificó Mondino la primera de las modificaciones posibles, al tiempo que propuso “descartar la diferenciación entre personal operativo y no operativo, porque en el dispositivo que combate el incendio, radiooperadores, choferes, técnicos meterologicos y brigadistas son todos combatientes, con distintas responsabilidades, y, tal como está redactado, puede llegar a sufrirse alguna arbitrariedad en el territorio”.

En un segundo dictamen por mayoría, la comisión avanzó en la creación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, como corolario de numerosas jornadas informativas a lo largo del presente año. Al respecto, la diputada Blanca Osuna (FDT), autora del proyecto, enumeró sus objetivos: “La protección de la salud, la prevención y el cuidado de las y los trabajadores, y, en consecuencia, un aporte a la producción y a los empleadores en general”.

Osuna ponderó que la iniciativa se nutra del aporte teórico-práctico de actores de ámbitos laborales heterogéneos, en tanto “sus conclusiones, observaciones y definiciones del entorno, llevan implícita una síntesis de sus propias experiencias de trabajo, un relevamiento experiencial indispensable, junto a los antecedentes doctrinarios en materia laboral, de la cual Argentina es referencia en la región y el mundo”.

A modo de cierre, la diputada celebró que el Comité tienda a favorecer “que la dinámica laboral se encarrile en factores que contribuyan a la producción, a la par de la seguridad social de quienes se desempeñan en los lugares respectivos de trabajo”.

En contrapartida, el diputado Fabián Quetglas (UCR) sostuvo la defensa del dictamen de rechazo, al manifestar que “la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, es un resultado que, en general, no surge de un procedimiento burocrático, sino que los mejores protocolos, el mayor cuidado al interior de las empresas, no tiene que ver con acumular organismos de control, sino ir creando una cultura del cuidado”.

El cierre de la jornada implicó un último dictamen mayoritario, destinado al proyecto de resolución de la diputada Silvana Ginocchio (FDT) que declara de interés del Congreso de la Nación, al XIX Reencuentro de ex becarias y becarios del Grupo Bologna, Castilla-La Mancha, Turín. Enmarcado en el evento «El empleo en la encrucijada. Repensando el trabajo: ¿Transformación, crisis o profundización de las desigualdades?», y celebrado en la Facultad de Derecho (UBA) entre el 18 y 19 de noviembre, la propuesta declarada de interés legislativo contó con la participación de la Ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos, especialistas en derechos del trabajo, y referentes de la OIT a nivel nacional, regional y mundial.

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