DICTAMEN A DOS PROYECTOS DE LEY CON BENEFICIOSPARA LA CULTURA Y LOS TAXISTAS Y PARA UN MARCO REGULATORIO PARA LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL

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Los legisladores emitieron dictamen de mayoría al proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2072 las asignaciones específicas previstas para industrias e institucionales culturales previstas en el artículo 4° de la ley 27.432, sobre impuestos.

La norma consiste en garantizar fondos de fomento para que los proyectos emprendidos por artistas, técnicos y entornos creativos crezcan en públicos y plataformas de exhibición.

Al defender la iniciativa, Pablo Carro, como miembro informante, afirmó que “la cultura atraviesa todo nuestro pueblo y no es algo que hagan solamente los que trabajan en la cultura, sino que toda la sociedad tiene la capacidad de construir cultura”. “Si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura lo que perdemos es pluralidad, diversidad y democracia”, subrayó.

Myriam Bregman, desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores, sostuvo que “acompañamos el reclamo de los propios trabajadores de la cultura, porque es importante que evitemos el apagón cultural y digamos sí a la soberanía popular”. Al anticipar su acompañamiento al proyecto, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) ponderó que “toda la industria cultural tiene que ver con nuestra identidad y con el sentido de pertenencia, es muy importante y hay que seguir defendiéndolo”.

El diputado Luciano Laspina, del PRO, expresó que “no tiene ninguna lógica fijarle una prioridad presupuestaria de recursos determinados por 75 años a una causa que no sabemos, por más noble que sea, si va a estar en la prioridad de los argentinos en 5 o 10 años”. “La idea es que los recursos lleguen adonde tiene que llegar y no donde la burocracia o el político de turno lo quiere destinar”, criticó.

En ese sentido, manifestó que “estamos elaborando un dictamen de minoría donde planteamos prorrogar por 2 años las asignaciones específicas, con requisitos legales a la distribución de los recursos, proponiendo que el gasto en personal, contrataciones, viáticos, etc., no supere el 10%, y así, estaríamos introduciendo un cambio revolucionario”.

En otro orden, se avaló el dictamen del proyecto de ley que crea el régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, que popularmente se conoce con el nombre de taxi, renovando así la flota de vehículos, fomentando la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional.

Mara Brawer (FdT), autora del proyecto, afirmó que “esta ley no solamente va a beneficiar a los taxistas, sino también a todos los argentinos”. Eduardo Toniolli, del mismo bloque, señaló que la norma “es un gran aliciente para fortalecer nuestros transportes públicos, habilitados y regulados, con los controles que establece los distintos niveles del Estado”.

Al inicio de la reunión, el titular de Presupuesto informó que desde la presidencia de la Cámara enviaron una nota donde anunciaba la incorporación a la Comisión de los diputados del Frente de Todos Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Sergio Palazzo y Itai Hagman en reemplazo de a Carolina Moisés, Mónica Litza, Alicia Aparicio y Ramiro Gutiérrez, del mismo bloque. En tanto, fue designado Sergio Palazzo para ocupar el cargo de la vicepresidencia vacante.

MARCO REGULATORIO PARA LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL

En un plenario las Comisiones de Agricultura y Ganadería y, Presupuesto y Hacienda; e Industria que presiden los diputados Ricardo Buryaille (UCR), Carlos Heller (FdT),  y Marcelo Casaretto (FdT), respectivamente, dictaminaron el  proyecto por el cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial.

La iniciativa -con media sanción del Senado- crea el marco normativo para la producción, comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo el desarrollo de la cadena productiva sectorial.

En ese sentido, Carolina Gaillard (FdT), impulsora de la ley expresó que la iniciativa “da  un marco legal al desarrollo productivo del cannabis medicinal y garantiza el derecho a la salud”. La legisladora comentó que “es un mercado emergente que generará 10.000 puestos de trabajo con el desarrollo productivo de una industria incipiente con un futuro prominente”.

En la misma línea, la legisladora que también impulsó la norma, Mara Brawer (FdT), puso de relieve que se trata de un proyecto “federal que generará muchos puestos de trabajo. En el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas” dijo luego de fundamentar que es “una industria sustentable con el ambiente”.

Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical), por su parte, agregó que “es importante desarrollar el marco regulatorio de esta industria pero el presente proyecto tiene algunas aristas”. Al mismo tiempo, la legisladora cuestionó que se creen estructuras nuevas del Estado que “son innecesarias” porque ya hay áreas capacitadas para este tema y la creación de nuevas tasas que habría que rever”, analizó.

Según detalla la ley uno de los objetivos es «establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica».

Otra meta que propone consiste en “legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos». Además, contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

AVANZA LA NUEVA LEY NACIONAL DE VIH CON ENFOQUE INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS

En una reunión conjunta las comisiones de Acción Social y Salud Pública y, Presupuesto y Hacienda avanzaron en una la nueva ley que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el Virus de Inmuno Deficiencia Humana – VIH -, las Hepatitis Virales, la Tuberculosis – TBC – y las Infecciones de Transmisión Sexual – UTS – y plantea la derogación de la Ley 23.798.

Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein (Socialista) presentó al director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, Hugo Ferraud, quien  recordó el intenso trabajo para articular el texto del proyecto con organizaciones y la comunidad científica.“Logramos un proyecto que incorpora novedades y derechos en la letra legislativa”, valoró el funcionario.

Por su parte, la diputada y autora del proyecto, Carolina Gaillard (FdT) explicó que “es un proyecto de las organizaciones de la sociedad civil que viene a modificar una ley de hace 30 años, viene a cambiar el paradigma del tratamiento del VIH con un abordaje social”, fundamentó. “Plantea un enfoque de derechos humanos e incorpora a las mujeres y personas gestantes, la investigación y capacitación y garantiza calidad de vida”, puntualizó, y adelantó que algunas modificaciones solicitadas serán tratadas en el Recinto.

Asimismo, el diputado Luis Espert (Avanza Libertad) alertó por el “costo fiscal de la ley y la prohibición de despidos que no ha llevado a ningún lugar bueno”. A su vez, Gustavo Bouhid (UCR) se manifestó sobre el seguimiento del tratamiento “ya que no lo he visto en el proyecto” y solicitó que el “acceso a la medicación sea en el lugar de residencia” para facilitar el acceso.

El proyecto establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.  Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social, entre otros.

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