Movimientos sociales exigen esclarecer atentado contra un militante

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La comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Héctor “Toti” Flores, recibió a representantes de movimientos sociales, quienes exigieron el avance de la investigación sobre el violento episodio sufrido por el dirigente barrial Omar Gómez, al que calificaron como un atentado con connotaciones políticas.

El hecho ocurrió el pasado 23 de enero en González Catán, partido de La Matanza, de donde es oriundo Gómez. El dirigente, según se describió en la comisión, iba con su moto cuando recibió disparos desde el interior de una camioneta. Al acelerar, cayó y se golpeó la cabeza. Los atacantes no le robaron ninguna de sus pertenencias. Desde entonces, Gómez se encuentra en estado de rehabilitación.

El diputado Flores resaltó “el compromiso de escuchar a quienes nos plantean el avasallamiento a los derechos humanos” y a su vez manifestó que “es un hecho que nos interpela a todos y el objetivo es acompañar el pedido de justicia y esclarecimiento”.

Daniel Menéndez, del Movimiento Popular Barrios de Pie, denunció que “no es un caso aislado sino político que atenta contra el desarrollo y la organización del movimiento”. Además, agradeció que el Congreso se haga eco de esta situación que “atenta contra la democracia” y puso en relieve la importancia de la búsqueda de justicia.

En nombre de los familiares de la víctima estuvo presente Luisa Copes, esposa de Gómez. Copes agradeció a los diputados y organizaciones y exigió “justicia y protección para mi esposo”. Sostuvo que “lo que pasó fue un atentado hacia su persona”.

En el mismo sentido, Emiliano Mondini, abogado de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos, relató que la causa está en avance con pedidos de cámaras de seguridad y búsqueda de pruebas. Remarcó que se “trata un ataque político evidente” ya que “no hubo denuncias de robos con camionetas de esas características”.

Desde la Corriente Clasista Combativa expresaron “solidaridad y una gran preocupación en todo el campo popular” y desde el Polo Obrero advirtieron que esto es “revivir otros casos, algunos de los cuales tuvieron final fatal”. Denunciaron que “las organizaciones estamos siendo golpeadas; este es un mensaje que estigmatiza la lucha popular”.

La diputada de Cambiemos, Claudia Najul, se solidarizó con los familiares y se sumó al pedido de repudio. Adelantó que en la apertura del año legislativo “haremos un proyecto de declaración para que ayude a esclarecer la causa”.

El diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, afirmó que “no es un hecho aislado” y que las organizaciones vienen planteando este tema hace muchos años. Grosso responsabilizó a la política y la justicia bonaerense. También propuso que el repudio se haga institucionalmente desde la Comisión.

En el mismo sentido, la diputada del Frente de Izquierda, Nathalia González Seligra, manifestó que se trata de “un atentado político” y cuestionó que “toda la política de este gobierno ha sido la de criminalizar y disciplinar la lucha social”.

Desde el Frente para la Victoria, el diputado Roberto Salvarezza dijo que estos “hechos no sólo competen a los movimientos barriales, sino también se traducen en ataques a políticos y gremios”.

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