Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad le dio dictamen a un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género al concepto de legítima defensa del Código Penal.
El dictamen unificó cuatro proyectos de ley, de autoría de Silvia Lospennato (PRO), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Enrique Estévez (Socialista) y Claudia Najul (UCR). El texto modifica el artículo 34 del Código Penal para incorporar la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.
Al comienzo de la reunión, la presidenta de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), consideró la necesidad de “abordar proyectos de violencia de género para mejorar las herramientas legislativas e incorporar cuestiones pendientes de género en el ámbito penal”.
“No es casual la fecha, 3 de junio, tiene que ver con que se cumplen seis años del ´Ni una menos´ ese hecho histórico, primera movilización de las mujeres para reclamar por sus derechos”, recordó.
En ese sentido, Mónica Macha (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, recordó que a través de la militancia “hemos logrado que muchos de los temas de la agenda feminista y transfeminista sean parte de la agenda política central”.
Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) celebró los “acuerdos políticos transversales en pos de avanzar en políticas públicas que sigan contribuyendo a reducir las desigualdades, los femicidios y, como este proyecto, incluir la perspectiva de género en el Estado”.
Como autora de una de las iniciativas en debate, la diputada Lospennato mencionó que el proyecto sistematiza una práctica que “la jurisprudencia ya viene reconociendo”. “Hubo un gran consenso y escuchamos a muchos especialistas, fiscalas, abogadas y abogados penalistas, y esas reuniones sirvieron para que podamos avanzar con más celeridad”, recordó.
La diputada Álvarez Rodríguez, que también presentó uno de los proyectos, dijo que “la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar, que se defienden de sus agresores, terminan siendo criminalizadas por una justicia sin perspectiva de género”.
Por su parte, el diputado Estévez, autor de otro proyecto de ley, advirtió sobre “la presunta neutralidad de la ley penal”, al considerar que “no es tal cuando se dan situaciones de desigualdad y violencia estructural que están inmersas en nuestro sistema de justicia”. “Esto exige un cambio de paradigma, que permita comprender la reacción de las víctimas de violencia de género”, explicó Estévez.
En tanto, Najul recordó que “existe jurisprudencia” y citó un antecedente en la provincia de Mendoza, donde la justicia tuvo en cuenta el contexto de violencia de género estructural.