Últimos dictámenes del período

0

Ya sobre el cierre del actual período ordinario de sesiones, este martes diversas comisiones emitieron dictámenes en proyectos relativos a igualdad de género; identidad sexual; preservación del medio ambiente y laicidad en escuelas estatales.

PARIDAD DE GÉNERO Y REPRESENTACIÓN JUVENIL EN COOPERATIVAS Y MUTUALES

En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación General y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados aprobaron proyectos que impulsan la paridad de género y la representación juvenil en cooperativas y asociaciones mutuales.

El texto sobre representación juvenil comprende el periodo etario de 18 a 30 años y establece que, en los cargos electivos en los órganos de administración y/o dirección de asociaciones mutuales, deberá ser de un mínimo del 30%.

Como autora de la iniciativa, la diputada Josefina Mendoza (UCR) explicó que el proyecto “surgió como una inquietud de los sectores jóvenes de las cooperativas” y cuyo objetivo “es un mundo cooperativo y mutual donde los jóvenes y las mujeres tengamos más lugar”.

Por su parte, la diputada María Soledad Carrizo (UCR) abordó su iniciativa tendiente a establecer el cupo femenino en cooperativas. “Hemos trabajado arduamente buscando puntos de consenso. El cupo es el primer paso para darle integración al género en estas importantes organizaciones de la economía social”, resumió.

El proyecto establece que “la representación femenina en los órganos de administración será de un mínimo del 30%”. Según Carrizo, implica “una valoración a las mujeres que a veces están lejos de ocupar lugares de toma de poder y decisiones”.

La diputada Rosa Muñoz (Trabajo y Dignidad) se refirió a la realidad de las cooperativas en Chubut y rechazó dicho proyecto, al considerar que “reformaría estructuralmente la realidad de estas cooperativas que han nacido en función de la necesidad”.

Sin embargo, la diputada Alejandra Martínez, titular de la comisión de Familia, explicó que “la discusión pasa por promover a las mujeres en los espacios de decisión, se trata de una discriminación positiva, no va en contra, ni afecta a las cooperativas”. Asimismo, recordó que hay un artículo que excluye a cooperativas formadas exclusivamente por hombres.

Por su parte, el diputado Daniel Lipoveztky, titular de Legislación General, celebró los avances y consideró que “ha sido un día muy importante para seguir trabajando en que las mujeres tengan mayor participación en los ámbitos públicos y privados. Este es el siglo de la igualdad entre el hombre y la mujer”, resumió.

Posteriormente, la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia aprobó el proyecto de ley que instituye el 12 de diciembre como el «Día de la mujer emprendedora». De igual modo, se aprobó el 10 de julio como el “Día del derecho al cuidado compartido” y un proyecto de resolución que declara de interés de la Cámara de Diputados de la Nación la “Guía para víctimas” desarrollada por la Asociación Civil “Madres del Dolor”.

AVAL PARA UNA INICIATIVA QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EMPRESAS PRIVADAS

La comisión de Legislación General aprobó un proyecto de ley que establece un “régimen de promoción para la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en las sociedades comerciales”.

La autora del proyecto, la diputada Vanesa Siley (FpV-PJ), explicó que se trata de un requerimiento de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que “solicita mayor participación de mujeres en el ámbito empresarial”.

“En el Congreso se reguló la paridad a través de la ley; en las asociaciones sindicales existe un cupo de género del 30%; pero en la tercera pata de cualquier convención colectiva de trabajo, aún no hay una regulación específica”, reclamó Siley.

El proyecto contempla un incentivo fiscal para las empresas, mediante una reducción del 5% del impuesto a las Ganancias para “aquellas sociedades con una composición en sus gerencias plurales o directorios colegiados en que las mujeres constituyan el 50% o más de la totalidad de sus miembros”.

Además, según especificó Siley, “se establecería un registro donde la autoridad de aplicación tenga determinado qué empresas poseen mujeres en sus órganos de conducción”.

La diputada Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) respaldó el proyecto, al considerar que ayuda a “visibilizar lo que pasa en el sector privado, donde la paridad es una materia pendiente y este proyecto es un gran avance”.

La Comisión también avanzó con un proyecto de autoría de la diputada Silvia Horne (Movimiento Evita) que elimina la categoría “sexo” de cualquier documento público o privado, con el objeto de “proteger a toda persona contra la asignación sexual compulsiva”.

Al respecto, la diputada Ávila puso reparos sobre la idea de eliminar la categoría “sexo”. “Es tratar de imponer una idea y no deja la libertad de elección de los padres. Debería analizarse un poco más”, reclamó la diputada.

Como respuesta, la diputada Horne dijo que “puede haber otras formas de categoría que pueden ser flexibles, como lo ha hecho Canadá, que incorpora un tercer aspecto, o algunos países de Asia que incorporan la opción transexual”.

“El sentido es romper el concepto de definir a las personas por el sexo y de forma binaria”, resumió Horne. Luego de obtener el aval de Legislación General, la discusión de esta iniciativa continuará en la comisión de Derechos Humanos y Garantías.

En materia de género, la Comisión también pasó a la firma un proyecto que instituye el 10 de enero como el “Día de las mujeres migrantes” y una iniciativa que declara el “Día nacional de la visibilidad lésbica” cada 7 de marzo, ambos proyectos de autoría de Horne.

Sobre el cierre de la reunión, el diputado Daniel Lipovetzky, titular de la Comisión, se despidió del cuerpo legislativo, dado que finaliza su mandato. “Hemos hecho un gran trabajo en equipo, gracias por el apoyo y por estar siempre”, concluyó luego de ser aplaudido por sus pares.

PROYECTO QUE DEFINE COMO POLÍTICA DE ESTADO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen sobre un proyecto de ley de «Estrategia Nacional de Educación Ambiental” (ENEA). La iniciativa tiene como propósito instaurar una “ciudadanía ambiental”.

Según el proyecto unificado de dos iniciativas de las diputadas Lucila Masin (FpV-Pj) y Gisela Scaglia (PRO), se “declara de interés público y prioridad nacional la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y definirla como política pública”, conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y las disposiciones específicas de las leyes 25.675 -Ley General del Ambiente- y 26.206 -Ley de Educación Nacional- y los tratados y acuerdos internacionales en la materia, suscritos por el país.

Respecto a los objetivos específicos de la iniciativa, propicia la construcción de visiones críticas y concepciones diversas respecto del modelo de relación que la sociedad moderna establece con la naturaleza; favorece el reconocimiento social de la complejidad de los conflictos ambientales y la comprensión de su multicausalidad; fomenta la generación de valores, conocimientos y conductas éticas comprometidas, y estimula la formulación y priorización de modelos de producción y consumo sustentables.

Al mismo tiempo, la Comisión aprobó el proyecto de la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y del senador Fernando «Pino» Solanas (Alianza Unen) que establece presupuestos mínimos ambientales para “garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional”.

Asimismo, “asiste y promueve el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país”. El proyecto crea también un gabinete nacional de cambio climático, presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros.

Al respecto, el titular de la Comisión, diputado Luciano Laspina (PRO), expresó satisfacción por el consenso en las propuestas y se refirió a “cumplir los compromisos con los diputados y sus provincias”. A la vez, aclaró que los proyectos no tienen un “impacto fiscal relevante”.

La Comisión, además, aprobó distintos proyectos que se mencionan a continuación: de declaración para solicitar al Ejecutivo disponga la asignación de los fondos necesarios para la construcción de la defensa central contra las inundaciones en Concordia, provincia de Entre Ríos; proyecto de ley de Régimen Accesibilidad de las personas con discapacidad a las actividades culturales; proyecto de ley de recopilación de documentación sobre los orígenes de la UCR y del Partido Socialista existente en la Biblioteca del Congreso de la Nación; proyecto de ley para declarar patrimonio cultural inmaterial al Carnaval de Gualeguaychú, entre otros.

PROYECTO QUE GARANTIZA LA LAICIDAD EN LAS ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL

La comisión de Educación, presidida por el diputado José Luis Riccardo, avaló el proyecto de ley que impulsa la modificación de la la ley 26.206 de Educación Nacional (artículo 4°), sobre Garantía de Educación Laica.

Al respecto, el pleno de la comisión analizó cuatro proyectos y finalmente logró el consenso para aprobar la iniciativa impulsada por Martín Lousteau y Carla Carrizo, entre otros.

Con esa modificación, el artículo 4° de la Ley de Educación quedaría redactado de la siguiente manera: “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad, laicidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias».

Por su parte, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) celebró el acuerdo y puntualizó: “Se trata de garantizar la laicidad en las escuelas de gestión estatal”

Según los fundamentos, el proyecto cita: “Proponemos que se incorpore el concepto de laicidad a la Ley de Educación Nacional, pues pareciera no quedar claro el amparo constitucional a la libertad religiosa y a la neutralidad estatal que ésta supone”.

Luego, el diputado nacional Fernando Iglesias (PRO) sostuvo que “esta modificación resulta muy importante para la educación pública argentina”.

Además, obtuvo dictamen una iniciativa para que el ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación hagan públicos los datos de los resultados de las pruebas de evaluación escolar.

El proyecto de ley sobre la modificación del artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional señala que “el ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos, indicadores y resultados concernientes a toda investigación o evaluación educativa que contribuyan a facilitar el acceso a la información pública, la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa”.

En ese sentido, al autor del proyecto, José Luis Riccardo (UCR), señaló que “existe consenso mundial en que la comunidad educativa de una escuela debe saber los resultados de las evaluaciones que se realizan”.

Desde el Frente de izquierda, la diputada Romina Del Pla presentó un dictamen de rechazo y señaló: «Esto forma parte de todos los mecanismos de privatización educativa».

En tanto, la diputada Rosa Muñoz aseveró: “Lo importante no son los rankings escolares sino ver cómo trabajamos para mejorar la calidad educativa”.

COMPARTIR:

Los comentarios están cerrados.