Con la participación de invitados especiales, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales avanzó hoy con el proyecto en revisión que establece el régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y por cohecho transnacional. Continuará mañana a las 11h
Representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Oficina Anticorrupción y de los colegios públicos de abogados, expusieron hoy ante legisladores nacionales en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales presidida por el senador Pedro Guastavino (FpV- Entre Ríos).
Primero fue el turno de la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, quien afirmó que se trata de “una ley anti corrupción que busca fomentar un cambio en la conducta de las empresas privadas y promover la cooperación entre el sector público y privado para detección y sanción de la corrupción”.
Seguido, consideró que “las sanciones tienen que ser graduales y proporcionales” al tiempo que reseñó que “en el noventa por ciento de los casos los sobornos son pagados o gestionados por terceros, no por la propia empresa” y que “este es otro punto importante a tener en cuenta para la redacción de la ley”.
En ese sentido, destacó que “si una empresa argentina paga una coima afuera, va a ser juzgada acá”, y puso en valor la “independencia de las acciones de la persona jurídica”, que “la responsabilidad sucesoria está bastante clara”, la “definición de los elementos básicos que tiene que tener un programa de integridad”, la “multiplicidad y variedad de sanciones, graduales y disuasorias” y que “la empresa siempre asume su responsabilidad y paga”.
Asimismo, sugirió “mejorar la redacción del Art. 1 de la media sanción” y apuntó que “lo ideal es como lo redactó el Ejecutivo”, así como también propuso modificaciones a dos párrafos del Art.20 y en la redacción del Art. 35 de la media sanción.
Por último, instó a incorporar en el debate un canal institucional innovador por el que se pueda permitir a empresas, fundaciones, asociaciones o mutuales -que hayan participado en casos de corrupción con anterioridad a la sanción de la ley-, puedan aportar información.
A su turno, el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, brindó detalles relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“Esta norma castiga y mucho, con penas muy altas” a los responsables de cometer ilícitos a través de las empresas porque “la responsabilidad jurídica va en paralelo con la responsabilidad física”, manifestó el director nacional.
Tras ellos, dieron su punto de vista, el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo y el presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de CABA, Juan María Rodríguez Estévez.
“Consideramos acertado crear un programa de integridad pero consideramos que la ley no debe ser difusa. Me parece que la ley es de técnica legislativa débil y contiene muchas contradicciones”, sostuvo Rizzo.
En ese sentido, consideró que “acompañamos con una batería de críticas al proyecto, y consideramos que una ley no debe ser una declaración de buenas intenciones sino un mecanismo en la lucha para vencer la batalla de la corrupción”.
En tanto, Rodríguez Estévez manifestó que “si mantenemos este sistema vicarial va a necesitar siempre la sanción individual. La decisión es de ustedes si es administrativo o penal”.
Sostuvo asimismo que “para evitar planteos de inconstitucionalidad sugerimos incorporar reformas concretas para que el programa de integridad no sea un maquillaje sino un cumplimiento efectivo”.