Las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo recibieron este martes a representantes de pequeñas y medianas empresas, quienes se mostraron mayoritariamente en contra del proyecto sancionado por el Senado a fines de abril.
Osvaldo Cornide, titular de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que “no ha habido despidos” en el sector y pidió que “excluyan” a las pymes de la ley, al sostener que se trata de organizaciones familiares que evitan despedir a su personal “pese a que las ventas cayeron y que han recibido facturas de aumento de luz 500 por ciento”.
Según el especialista Leonardo Gasparini, profesor de la Universidad de La Plata y Director de becas del Conicet, hay que demorar la sanción de la ley para evaluar mejor la situación del mercado laboral, al considerar que los problemas de empleo “tienen impacto negativo en el corto plazo” y sostuvo que “ha habido contracción en el empleo pero no es severa, ni diferente a la de otros países de la región”.
Por su parte, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) advirtió que prohibir los despidos “no es el instrumento” porque “no hay despidos masivos” y llamó a “poner el foco en la creación de empresas, especialmente pymes”, a la vez que consideró que “las prohibiciones terminan disuadiendo la contratación”.
Raul Robín, de CAME y representante de los productores azucareros de Tucumán, sostuvo que “el campo también es pyme” y consideró que la norma “va a generar muchos problemas por los juicios laborales que va a generar en las economías regionales”, especialmente en los trabajadores cíclicos, porque “en las grandes empresas no les mueve el amperímetro”.
Pedro Etcheberry, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo que se trata de una “ley prohibitiva que no tiene fundamento real porque no existe emergencia ocupacional” y advirtió que tiene “muchos déficit técnicos” porque, entre otras cuestiones, quita la herramienta de las suspensiones para evitar los despidos, al sostener que “es una ley mezquina, reduccionista y conservadora”.
Sin embargo, desde Fedecámaras, Rubén Manusovich, se pronunció a favor de la ley de emergencia ocupacional “para ponerle fin a este proceso que excluye a los trabajadores” y advirtió que “lo primero que tendrían que hacer los empresarios que estuvieron ayer en Casa de Gobierno es retrotraer los precios, en relación al poder adquisitivo de los trabajadores”, al sostener que “si esta ley no sale van a seguir remarcando precios”.
Oscar Gentili, de la Confederación General Económica Argentina (CGERA) manifestó su rechazo al proyecto para prohibir despidos, al sostener que “no se protege el salario de nuestros empleados porque haya una ley”, y consideró que “el trabajo de ellos se protege con producción y ventas, no se salva un empleo por una ley. No somos propensos a despedir, una ley que prohíbe los despidos desmotiva a emplear “.
El debate continuará este jueves desde las 11 hs. con la exposición del ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el jueves el oficialismo aspira a emitir un dictamen con cambios respecto al proyecto sancionado por el Senado, para debatirlo en el recinto la semana próxima o a más tardar en 10 días.