El martes pasado la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen favorable al proyecto del senador Aníbal Fernández, por el cual se impulsan modificaciones al Código Procesal Penal para penalizar a las policías que abandonen el servicio. Podría ser aprobado en la próxima sesión de tablas.
| SUSTITUIR EL ART. 252 DEL CÓDIGO PENAL, INCORPORANDO PENAS PARA MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD NACIONALES, PROVINCIALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. O AGENCIA ESTATAL ARMADA, QUE A SABIENDAS ABANDONAREN INJUSTIFICADAMENTE ACTOS DE SERVICIO O MALICIOSAMENTE OMITIEREN LA PRESTACIÓN REGULAR DE SU FUNCIÓN. Expdte. S-4191/13. (DAE 183). Girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. TEXTO y FUNDAMENTOS |
APROBADO SIN MODIFICACIONES
El autor del proyecto explicó que esta modificación pretende subsanar la ausencia de penas para el abandono del servicio o rebeldía del funcionario de seguridad, ya sea por protesta o renuncia no aceptada, por los que éste deja su deber de cuidado y desprotege a los ciudadanos. Señaló que las sanciones previstas van desde multas, inhabilitación temporal o absoluta, hasta la prisión e inhabilitación absoluta para casos graves en los que resulte afectada la vida de las personas.
En nombre del radicalismo –única fuerza opositora presente en la reunión- Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) compartió la necesidad de legislar en esta materia y adelantó el acompañamiento al proyecto, sin perjuicio de lo cual señaló que en el recinto propondrán algunas modificaciones para agravar las penas en los casos que también se afecten los bienes de las personas y para que se involucre a todas las agencias de seguridad pública.
Este fue otro de los proyectos que avanzaron la semana pasada y que pasaron casi desapercibidos para la opinión pública, ocupada por el mundial, el revés judicial frente a los holdouts y, en menor medida, por la suerte de Campagnolli y Boudou.
Antecedentes: Se trata de un proyecto presentado a mediados de diciembre pasado, ya terminado el período ordinario de sesiones del Parlamento, y justo después de haberse producido las huelgas de las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba primero y de Santa Fe después, que amenazaron con extenderse por otras provincias. Entonces las policías presionaron a las autoridades para lograr –no sin justicia- mejores salarios, poniendo en jaque a la seguridad pública y la paz interior. Todavía estremecen las imágenes de los saqueos y de ciudadanos armados para la autodefensa, durante aquellos difíciles días de diciembre.
Al igual que cuando en octubre de 2012 se había desatado las huelgas de Gendarmería y Prefectura, algunos propusieron avanzar en el análisis de alguna forma de representación gremial de las fuerzas de seguridad, las que tienen vedado el derecho a huelga para hacer valer sus reclamos respecto a condiciones laborales o salariales. Sin embargo ninguna de estas propuestas logró un consenso como el que parece haber obtenido la propuesta de Fernández, que consiste en intentar resolver el problema desde el Código Penal.