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    SENADO

    Es ley el proyecto que regula contratos de «Participación Público-Privada»

    By Labor Legislativa16 noviembre, 2016No hay comentarios4 Mins Read
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    El Senado aprobó hoy y convirtió en Ley el proyecto del Poder Ejecutivo que fija las normas para los contratos de “Participación Público-Privada” celebrados entre el Estado nacional como contratante y el sector privado como contratista.

    La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del sector kirchnerista y de la centroizquierda.  En tanto se abstuvieron la representantes del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel, y el chubutense del FPV, Juan Mario Pais.

    La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.

    El Senado aceptó las modificaciones introducidas por Diputados entre las que se destacan mayores controles medioambientales y la responsabilidad del contratista.

    Además, aumenta de un 25 a un 33 por ciento la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.

    Asimismo, se incorporó la creación de una Comisión Bicameral de control de este contratos.

    El presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado, el kirchnerista correntino Carlos Espínola, consideró al proyecto como una “herramienta fundamental para la realización de obras de infraestructura que generarán una reactivación económica”.

    En tanto, el radical santacruceño Alfredo Martínez calificó como “muy importantes” las modificaciones introducidas en la Cámara baja que fueron “más de treinta”.

    “Es un saludable y buen ejemplo de cómo tratar cada proyecto de ley”, destacó Martínez.

    En cambio, la peronista puntana Liliana Negre de Alonso se quejó de que el proyecto haya sido modificado en Diputados, argumentando que muchos de los cambios “fueron planteados en el recinto cuando se trató por primera vez en el Senado”.

    Uno de los que rechazó la iniciativa fue el neuquino Marcelo Fuentes, del FPV, quien sólo expresó su voto negativo porque no creía “en las intenciones de este gobierno”, mientras que la santacruceña María Labado aseguró que no se estaban respetando los convenios colectivos de trabajo.

    También se opuso el porteño de Proyecto Sur, Fernando Solanas, por considerar que se estaba votando “la ley de la derrota de la política nacional” y vaticinó que “se está ratificando el estado re-bobo que se endeuda y se queda sin defensa ni beneficios, sólo con daños y con deudas”.

    Acuerdos

    El Senado aprobó previamente el ascenso del vicecanciller Carlos Fornadori y otros integrantes del cuerpo diplomático, y avaló los nombramientos de una decena de jueces y fiscales ,entre ellas Graciela Gils Carbó, sobrina de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

    La nómina de diplomáticos que ascendieron de categoría B a A como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios incluye a Foradori, Ana María Ramírez, Martín García Moritán, Arnaldo Tomas Ferrari, María Ruth de Goycoechea, Daniel Chuburu, Alejandro Eugenio Alonso Sainz, Guillermo Daniel Raimondi y Teresita Silvia González Díaz.

    Otros once funcionarios de carrera fueron ascendidos de categoría C a la B como Ministros Plenipotenciarios de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y una decena de funcionarios de carrera subieron a la categoría C.

    Los senadores aprobaron además el pliego de designación de Graciela Gils Carbó, sobrina de la procuradora general, como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal.

    También se aprobó la designación de Fernando Bazano, propuesto como defensor público ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Isidro; Aurelio Cuello como juez federal de primera instancia de Venado Tuerto y de Herminio Canero y Enrique Méndez Signori como camaristas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la ciudad de Buenos Aires.

    Recibieron aval los nombramientos de Martín Ramos a juez federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, provincia de Buenos Aires, y de Eduardo Puigdengolas a juez federal de primera instancia de San Rafael, provincia de Mendoza.

     

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