REGIMEN DE PROTECCION A VICTIMAS DE DELITOS (EXPTE 1879-D-16)
La iniciativa impulsada por el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue aprobada por unanimidad de la Cámara.
La Cámara de Diputados giró al Senado el proyecto a través del cual se crea un régimen de asistencia a las víctimas de delito que busca, entre otras cuestiones, que quienes sufran hechos de inseguridad tengan los mismos derechos que los imputados, como una parte esencial en el proceso penal.
La iniciativa aprobada por 212 votos establece, entre otras cuestiones, la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito con atención las 24 horas, que contarán con médicos, psicólogos, asistentes sociales y peritos, para la asistencia integral de las víctima.
El proyecto impulsado por el Frente Renovador de Sergio Massa, que recibió además aportes de otros bloques, también prevé que las excarcelaciones, libertades y todo tipo de medidas referidas al procesado o condenado deberán ser notificadas a la víctima.
Contempla además que toda víctima que haya sido reportada como desaparecida, pueda ser buscada de inmediato, sin esperar como hasta ahora 48 horas y permite además que los damnificados puedan realizar sus declaraciones en sus domicilios.
En el cierre de la lista de oradores, Massa -quien por primera vez cierra un debate desde que es diputado- planteó que con esta ley «pretendemos equilibrar la balanza para que el Estado no solo brinde el derecho de la defensa al que delinque sino también a las víctimas, que siente que el Estado fracasó en dar seguridad una mil y mil veces».
Massa dijo que se debe terminar con «el fracaso del Estado y se debe brindar seguridad, contener y reparar a la víctimas» y que hay que «construir un sistema donde delincuentes y víctimas tengan los mismos derechos».
«No somos los dueños de la ley sino un vehículo del reclamo de miles de argentinos», apuntó.
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical por Jujuy Gabriela Burgos, quien sostuvo que la iniciativa busca “poner fin a un paradigma que estaba oculto en nuestro país para proteger a las víctimas”.
Dijo que la iniciativa apunta a reconocer derechos que no estaban contemplados, a la vez que otorga “niveles de protección, asesoramiento las 24 horas, asistencia jurídica, representación letrada medidas tendientes a asegurar la tutela efectiva de las víctimas”.
“Esto viene a zanjar una deuda con las víctimas. Las víctimas piden justicia, estuvieron calladas mucho tiempo”, aseguró Burgos, quien destacó la importancia de la marcha realizada el mes pasado con la consigna “Para que no te pase” que reclamó un trato igualitario para las víctimas.
De hecho, algunos de los convocantes de esa marcha realizada el 11 de octubre pasado como Matías Bagnato, sobreviviente de la Masacre del barrio de Flores; Carolina Píparo, baleada por motochorros a la salida de un banco en 2010, lo que provocó la pérdida de su bebé, y María Lujan Rey, cuyo hijo falleció en la Tragedia de Once, estuvieron presenciando la sesión de la cámara baja.
Por su parte, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, el radical mendocino Luis Petri agradeció a “los verdaderos promotores para que esta iniciativa se trate en esta cámara: las víctimas de delitos y las asociaciones de víctimas de delitos, que a partir de un muy buen proyecto del diputado Sergio Massa, al que le hicimos agregados, permiten darle la atención que reclaman las víctimas”.
Desde el Frente para la Victoria-PJ, Diana Conti, adelantó su respaldo al proyecto, al advertir que “hemos dejado de lado los cuestionamientos técnicos y las falencias” de la iniciativa “y los vamos a acompañar en un todo sin disidencias” aunque apuntó al Frente Renovador, al alertar sobre “una andanada oportunista, en general, de los que van por la ‘avenida ancha’.
Tras sostener que se trata de “uno de los proyectos más importantes que va a tratar la cámara este año”, la diputada del Frente Renovador, Monica Litza, una de las firmantes de la iniciativa, rechazó los cuestionamientos de Conti, al sostener: “Lo nuestro no es oportunismo, lo venimos planteando desde el 2013. Hace tiempo que venimos sosteniendo que la balanza de la justicia está desnivelada”.
En tanto, el diputado del Bloque Justicialista por Salta, Néstor David, manifestó su respaldo al proyecto y puso de relieve que el proyecto “recopila derechos” y busca “un camino para que el dolor de las víctimas tenga como contrapartida una mejora de nuestro sistema y avance en la posibilidad de transformar una realidad que hoy nos duele”.
A su turno, la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, destacó la importancia del consenso al que se llegó con el proyecto, al sostener que se trata de “la mejor respuesta que este Congreso está dando a una demanda muy extendida” de las víctimas y aseveró que la norma “garantiza el ejercicio efectivo de una cantidad de derechos”.
OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA NIÑOS/AS DE TRES (3) AÑOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. (EXPTE. 13-PE-16) OD 812
La Cámara de Diputados giró al Senado el proyecto impulsado por el gobierno nacional para establecer como obligatoria la sala de tres años, con el objetivo de lograr la inclusión de unos 400.000 alumnos en el primer año del nivel inicial.
La iniciativa fue sancionada por 206 votos con el respaldo del interbloque Cambiemos, del Frente Renovador, el kirchnerismo y otras bancadas menores, mientras el rechazo cosechó cinco votos, de los cuales tres fueron aportados por Compromiso Federal, mientras que la izquierda se abstuvo.
El proyecto logró un amplio consenso dado que el oficialismo aceptó incorporar una reforma para que el Estado garantice los recursos no solo para la construcción de los jardines sino para los gastos corrientes que demandará los salarios del personal.
Este punto fue la principal crítica expuesta en el debate por los bloques opositores que reclamaban que el financiamiento a las provincias desde el gobierno nacional.
Otro de los debates que se planteó es si el Estado debe obligar a los padres a escolarizar a sus hijos a los tres años, y así lo planteó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo que «se debe garantizar el acceso» a la sala de 3 pero «no debería ser obligatorio».
El proyecto establece «la obligatoriedad escolar en todo el país y se extiende desde la edad de tres (3) años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria».
Además fija que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrán la responsabilidad de celebrar acuerdos con el fin de crear gradualmente «las condiciones para hacer efectivo el derecho de las niñas y los niños a la educación inicial a partir de los tres (3) años, atendiendo las desigualdades sociales y educativas».
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación José Ricardo dijo que esta iniciativa «se basa en la recomendación de Unicef, que es invertir en la infancia temprana ya que eso permite una mayor movilidad social de todos aquellos que están marginados, un mejor futuro para nuestra patria».
«Desde el punto de vista pedagógico quiero decir que la educación en una primera infancia es un derecho y es misión del Estado promover el desarrollo integral de los niños», agregó.
El diputado recordó que «la ley de Educación Nacional incorporó la educación desde los 45 días, y la última ley que votamos había incorporado la obligatoriedad a los 4 años. Ahora damos un paso más con la incorporación de la sala de tres».
«La extensión de la obligatoriedad hasta la edad de tres años tiende a reparar una injusticia social. Los niños y niñas de tres años de la Capital en más del 80% está en salas de 3 pero en el interior profundo eso es imposible».
Desde el kirchnerismo, la diputada de la agrupación «La Cámpora» Luana Volnovich dijo que el kirchnerismo «está de acuerdo con la sala de tres porque completa un proceso iniciado por el presidente Néstor Kirchner».
La legisladora cuestionó la falta financiamiento para sostener la incorporación de la sala tres, pero tras las reforma el Frente para la Victoria votará a favor del proyecto del gobierno.