ESPECIALISTAS BRINDARON SUS PUNTOS DE VISTA Y CONTESTARON INQUIETUDES DE LOS SENADORES.
Las comisiones Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales se reunieron esta mañana de manera conjunta para reanudar el debate sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con la exposición de 10 invitados especiales.
El encuentro estuvo presidido por la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango (FdT). La senadora por La Pampa explicó al inicio que «esta reunión contempla la participación de 20 expositores divididos en dos bloques (por la mañana y otro por la tarde). Cada expositor tendrá 7 minutos y cada 5 disertaciones se realizarán las preguntas de los senadores».
Destacó que «debemos ser respetuosos con respeto a las distintas posiciones y dar un debate democrático. La sociedad argentina que opina de un lado y otro nos están mirando».
El profesor de derecho constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, inició la ronda de disertaciones considerando que «este proyecto tiene que superar el test de constitucionalidad frente a los tratados sobre derechos humanos». «Hay que afirmar que nuestro orden jurídico se apoya sobre el principio del interés superior del niño y niña, esto no puede estar ausente», agregó.
El abogado Ricardo Gil Lavedra -integró el tribunal que, en 1985, realizó el Juicio a las Juntas- sostuvo que «no hay ninguna regla constitucional que prohíba la interrupción temprana del embarazo».
«Una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano. Porque todos han establecido la necesidad de lo que se denomina protección incremental de los derechos en juego», explicó.
Manifestó que el «el embrión no es una persona nacida. Es una ficción entender que un embrión es un chico». «Si esta ley no sale ahora, van a seguir muriendo las mujeres», concluyó.
Luego, la Dra. Ursula Cristina Basset -abogada y profesora titular derecho de familia- aseguró que «nuestra constitución explícitamente protege la vida desde la concepción».
Cuestionó que «no le dan opciones a esa mujer que no quiere o no puede tener a ese bebe como darlo en adopción. Esta ley da derecho a abortar no a decidir».
Asimismo concluyó que «si pensamos en salud y en violencia reproductivas que sufre la mujer, la ley no da respuestas. Me pregunto si la Argentina que estamos votando es humana, abierta a todos e inclusiva».
El Dr. Andrés Gil Domínguez manifestó que «el Comité de los Derechos del Niño ha dicho, en informes particulares y en tres oportunidades, que Argentina debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada al aborto y que debe revisar su legislación sobre el aborto».
La Mg. en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas para la infancia, María Florencia Álvarez Traviesa sostuvo que «como mujer peronista aposté a este gobierno para que ponga al país de pie».
Tras considerar que «jamás el aborto fue parte de los reclamos del pueblo, nos lo impusieron», destacó que «lo que requiere la Patria, especialmente el pueblo pobre, son opciones de vida digna, no proyectos de descarte. Nos quisieron hacer creer que el deseo de una minoría era la voz del pueblo».
Por su parte, la directora de Protección Social en Cippec, Gala Diaz Langou, manifestó que «la legalización no aumenta las tasas de aborto. La evidencia muestra que el acceso al aborto se estabiliza en el mediano plazo después de la legalización en niveles por debajo de las estimaciones en el contexto de ilegalidad».
La especialista en temas de salud y socióloga María Elena Critto destacó que «los datos oficiales confirman que es posible disminuir la mortalidad materna sin la legalización del aborto».
«Las estadísticas oficiales dan luz sobre los mitos del aborto, toda ley merece estar fundamentada con información y evidencia científica», añadió.
La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, considero que «la legalización no aumenta las tasas de aborto. La evidencia muestra que el acceso al aborto se estabiliza en el mediano plazo después de la legalización en niveles por debajo de las estimaciones en el contexto de ilegalidad».
El abogado penalista, Alberto Bianchi «Vamos a tener una crisis dentro del ordenamiento jurídico argentino porque la Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño y el Código Civil, con respecto al Código Penal, van a decir cosas completamente distintas, no podemos permitir esto».
Por último, la abogada penalista, Luciana Sánchez consideró que «cuando se prohíbe el aborto, también se prohíbe la circulación de ideas y esto se lo hace solo a personas con capacidad de gestar y a las mujeres. Se considera que no debemos tener derecho a determinado tipo de conocimientos».
El primer orador de la tarde fue el doctor Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en fertilización asistida.
El doctor Young se manifestó «en contra del aborto generalizado y permitido». Destacó que «la salud psíquica de la mujer es la más dañada por un aborto. Casi siempre la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida». Dijo que «la vida comienza en el momento de la concepción. Así lo dicen nuestros códigos. La vida humana comienza en el proceso de la fertilización. No estamos frente a una persona, seguramente, pero es una persona en potencia y debe tener el mismo valor que una persona con cierto desarrollo».
Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en derecho de la Universidad de Mendoza y ex integrante de la Corte Superior de Mendoza, sostuvo que «no hay derecho absoluto ya que generalmente entran en conflicto». Destacó que «el ordenamiento jurídico tiene que resolver estos conflictos de derechos con razonabilidad». «El proyecto de ley no viola la Convención de los Derechos del Niño», subrayó.
Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, consideró que «el proyecto en debate se asienta en premisas falsas y violenta el orden jurídico, por lo que considero que debe ser rechazado». Dijo que «sostener que el derecho al aborto se sustenta en el derecho internacional no resulta cierto». También destacó que «el derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro, que reconozca el derecho al aborto». Subrayó que «los códigos argentinos y nuestro ordenamiento jurídico reconocen la vida desde su gestación». Consideró que «el proyecto no supera la razonabilidad y es claramente anticonstitucional».
La doctora Melisa García, abogada feminista, que inició su presentación destacando que «se presentaba como parte del movimiento feminista» y que «el derecho al aborto es justicia social». Consideró que «la persecución al aborto proviene de la transición del feudalismo al capitalismo» y reivindicó «el derecho a las personas de decidir sobre su cuerpo». Destacó que «el aborto existe» y que reproducir «un sistema en la división de género es reproducir un esquema de desigualdad». También dijo que «el endurecimiento de las penas no elimina el delito». Consideró que «el carácter constitucional del aborto ya fue dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fal».
Debora Raniere, abogada e investigadora de la Universidad Católica Argentina, afirmó que «cada vida humana se inicia desde la concepción». En ese sentido dijo que «al derecho no le queda otra opción que reconocer esa vida humana tal como lo definieron los constituyentes del año 1994». Dijo que «el derecho distingue a las personas de las cosas. Entonces conviene preguntarse si una vida recién concebida, no es una persona, qué es? Es una cosa con menos categoría que la orangutana Sandra que fue definida como `persona no humana’ «.
Sostuvo que «esta ley favorece a los organismos internacionales que promueven esta ley; también favorece a las clínicas clandestinas, también a los hombres cobardones que no quieren enfrentar un embarazo no deseado». Se preguntó «si este proyecto promueve la salud pública. De qué salud estamos hablando». Calificó al proyecto «como injusto e inconstitucional».
Natalia Gherardi. Abogada y Directora Ejecutiva de ELA, dijo que «la aprobación de este proyecto permitirá la transformación del sistema de regulación actual dando mayor libertad a las mujeres de tomar sus decisiones con confianza en que el sistema de salud está allí y que sabrá recibirnos, que seremos atendidas».
La licenciada María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y Abogada del Centro de Bioética, Persona y Familia, afirmó que la media sanción en debate «generaliza el aborto sin causales. Aborto libre que no está permitido en nuestro derecho porque atenta contra otra vida». Dijo que «no se trata de una cuestión de ideología, ni de política, ya que todos sabemos que estamos frente a una vida humana y si esto se aprobara estaríamos frente a la legalización de la pérdida de una vida humana hasta la semana 14». Dijo que «la mayoría de los argentinos en todos los pueblos se manifestó en contra del aborto ya que no es cortando el hilo del más débil que vamos a resolver el tema».
Marta Lamas Encabo (México). Antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM) y profesora/investigadora de la adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), destacó que «siempre escucha los mismos argumentos y que es difícil convencer a los que piensan diferente». Le sorprendió que «en la Argentina no hubiera sacerdotes que se manifestaran a favor de los derechos de las mujeres». En ese punto resaltó que «en México el tema terminó en el máximo tribunal y que allí acompañaba a las feministas un sacerdote que explicaba a los integrantes de la Corte las excepciones que contempla el derecho canónico». Citó a la filósofa Chantal Mouffe cuando dijo que «estos temas no se van a resolver convenciendo al otro sino que hay que tomar una decisión política».
El doctor Alfonso Santiago. Doctor de Derecho y abogado por la UBA, director de la Escuela Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, cuestionó «los vicios constitucionales del proyecto». Definió al proyecto como «anticonstitucional». Destacó que «no se tiene en cuenta la igual e inviolable dignidad de toda persona humana» y que «una democracia no admite ciudadanos de segunda categoría». Dijo que «esa dignidad y esos derechos que de ella emanan, son inviolables». Dijo que el proyecto desconoce «la dignidad de la persona por nacer y por tanto la dignidad humana, universal y común a todas las personas».
Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, especialista en Derechos Humanos, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y Defensor Oficial en lo Penal de Santa Rosa, La Pampa, dijo que «la Constitución Nacional no prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo». Afirmó que para los organismos internacionales de derechos humanos han «dicho que el derecho a la vida no es un derecho absoluto» y que «se debe asegurar cierto grado de autonomía en la decisión de la mujer».