Una declaración consensuada por los diputados de la Ciudad manifiesta su oposición a «cualquier actividad de transporte» de esa empresa.
La Legislatura porteña manifestó hoy, con un amplio consenso de los diputados, “su rechazo a cualquier actividad de transporte oneroso de personas que realice la empresa Uber BV o Uber Technoplogies Inc. o cualquier nombre afín, por la falta de adecuación a las normas legales existentes”.
La declaración, inicialmente propuesta por el diputado Claudio Palmeyro (Sindical Peronista) y cuyo texto fue consensuado con otros bloques, recibió el apoyo de 50 legisladores y 5 abstenciones de la bancada Suma+, que anunció la futura presentación de un proyecto de ley sobre el tema.
De esta manera, los representantes del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se opusieron a la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte que tanto el gobierno como un fallo judicial consideraron ilegales en el ámbito metropolitano.
Uber es una empresa fundada en 2009 en California (Estados Unidos) y expandida a otras naciones, que genera y organiza, a través de un software, sistemas de transporte privado poniendo en contacto a automovilistas particulares con eventuales pasajeros, utilizando para ese fin la tecnología de internet, las redes sociales y los teléfonos móviles. Los expertos en nuevas tecnologías consideran a Uber como una de las más exitosas “startup” (organización de negocios basada en innovaciones tecnológicas), pero su presencia es controvertida en muchos países y ciudades donde su actividad es considerada ilegal o clandestina.
El legislador Palmeyro dijo que esa empresa “pretende funcionar pasando por arriba de los tres poderes” y actúa como si dijera “Yo soy la nueva tecnología y entonces ni me voy a inscribir en la Afip, ni voy a pagar ningún impuesto ni voy a respetar la ley”. Recordó, además, que “hubo muchos años de lucha para lograr que la totalidad de los taxistas trabajen en blanco, tengan cobertura y cumplan con sus obligaciones, como lo hace hoy la totalidad de ese gremio”.
Daniel Presti (PRO) sostuvo que Uber “no cumple ninguna normativa vigente en la Ciudad y no encuadra en el Código de Tránsito y Transporte ni en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación”. Por eso, su compañera de bancada Cristina García (PRO) aseveró: “No podemos permitir de Uber ni de ninguna empresa que actúe sin habilitación y violando la ley”.
Carlos Tomada (FPV) criticó “la desregulación laboral y el caso de Uber es el extremo y debe servir para ponernos en alerta”, advirtió. “No tiene autorización para funcionar como prestataria del servicio del transporte ni quienes realizan los viajes y pretende competir sin pagar impuestos ni contribuciones sociales y ni siquiera está inscripta en la Afip. Es una empresa internacional con gran poder de lobby que se propone operar por afuera de la legislación argentina”, abundó Tomada.
Hernán Rossi (Suma +) explicó por qué su bloque se abstenía de votar la declaración. Opinó que “la Legislatura más que rechazar debería estudiar el fondo de la cuestión sobre este servicio para el caso de tener que legislar al respecto”. Por eso anticipó la inminente presentación de un proyecto de ley para regular este nuevo tipo de servicios de transporte.
Fernando Vilardo (AyL), Patricio del Corro (PTS) y Marcelo Ramal (Fit) refutaron a Uber por “no invertir y explotar mano de obra”, por aplicar “otra forma de precarización y tercerización laboral” y por “incentivar la explotación de los trabajadores”.
Para Javier Gentilini (Frente Renovador) “la empresa pretende prestar un servicio cercano a la remisería y arrancaron igual pese a que se les advirtió que no era legal. Aplican la ley de la selva por ser un mastodonte internacional”, comentó. Reclamó “que el Ejecutivo sea contundente en el resguardo de los marcos regulatorios del transporte y haga cumplir la ley, como corresponde”.
Gustavo Vera (Bien Común) enfatizó que “las nuevas tecnologías nunca deben estar por encima de las fuentes de trabajo”, mientras que Adrián Camps (Socialista Auténtico) señaló que “esta empresa viene a ofrecer trabajo informal, es decir algo inferior a lo que hoy se ofrece en la Ciudad en materia de transporte”.
Roy Cortina (Socialista), por su parte, indicó que “hay que avanzar en la regulación del tema como lo plantea el fallo de la justicia, entendiendo que son fenómenos de la economía global y el avance tecnológico. No alcanza con decir rechazamos esto y prohibirlo”, expresó.
Repudian agresión a periodista
La Legislatura aprobó hoy una declaración que expresa “su más enérgico repudio ante la agresión ocurrida frente a los Tribunales de Comodoro Py y que tuvieron como protagonista a la periodista Mercedes Ninci, quien fuera agredida por manifestantes”.
La declaración fue consensuada por varios bloques y votada por amplia mayoría, a mano alzada. Previamente, Carlos Tomada, presidente de la bancada Frente para la Victoria, anunció su voto en contra y Claudio Palmeyro (SP) se abstuvo de votar.
Preocupación por trabajadores de canal 360TV
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó este jueves «su profunda preocupación por la estabilidad laboral de un centenar de trabajadores pertenecientes al canal 360TV, quienes no perciben su salario desde febrero del corriente y ven peligrar su fuente de trabajo». La declaración aprobada sobre tablas fue propuesta por el diputado Gustavo Vera (BC).
Pedido de informes al gobierno porteño por las muertes en Time Warp
El requerimiento de los legisladores fue sancionado con 55 votos positivos y contempla un plazo de 30 días al Gobierno de la Ciudad para dar una respuesta formal al texto que incluye 44 puntos y que alude, especialmente, al rol de la Agencia Gubernamental de Control y a otras dependencias porteñas que actuaron en la madrugada del festival, entre ellas, el SAME.
Los diputados consensuaron un texto en común a partir de once pedidos de informes que fueron presentados desde el lunes en la Legislatura por parte de los bloques de la oposición respecto de lo ocurrido en Costa Salguero.
Los expedientes fueron impulsados por los diputados Marcelo Ramal, Patricio Del Corro, Gabriel Fuks, Carlos Tomada, Graciela Oñaca, Gustavo Vera, Hernán Rossi, Roy Cortina y Paula Oliveto Lago y Claudio Heredia.
Puntualmente, el pedido de informes exige al Ejecutivo la remisión de una copia del contrato celebrado entre la empresa que llevó adelante la Time Warp, Dell Producciones SA, y el responsable del establecimiento Costa Salguero, así como el expediente del permiso otorgado a los organizadores del festival.
También preguntan si existieron en los últimos dos años denuncias respecto de irregularidades detectadas en la realización de fiestas electrónicas en ese predio situado en la Costanera y si la empresa organizadora registró sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad.
Por otro lado, requiere conocer los requisitos exigidos para el otorgamiento de la habilitación emitida desde la Agencia Gubernamental de Control para la realización de la fiesta y saber cuántas personas estaban contempladas para el ingreso en esa autorización y si el evento contaba con la cobertura de servicio médico.
Indagan sobre “si el Gobierno de la Ciudad realizó inspecciones u otro tipo de controles en el interior o en las inmediaciones durante el desarrollo del evento, especificando horarios de cada uno de ellos y detalle de la cantidad de inspectores intervinientes”.
Además, pide información sobre “cómo y en qué oportunidades se verificó el suministro de agua fría en los servicios sanitarios” y acerca de “la cantidad y ubicación de los dispensers de agua y si se controló la cantidad de agua mineral comercializada, el precio, la marca y si la misma cumple con los controles necesarios para su venta”.
Asimismo, requiere datos del SAME en torno a la declaración por parte de ese servicio de la situación que encontró al llegar al predio con la cantidad de casos de deshidratación, intoxicación, sobredosis y muertes registradas en los asistentes.
Respecto de la venta de drogas sintéticas, los legisladores quieren saber cuáles fueron las medidas y acciones implementadas para impedir el ingreso, consumo y venta durante el transcurso de la fiesta y si exigió al concesionario un mecanismo de prevención y control sobre la ingesta de sustancias ilegales.
Por último, los diputados consultan al Ejecutivo sobre el pliego de bases y condiciones, el contrato actual con la empresa concesionaria del Complejo de Costa Salguero Telemetrix S.A. y saber si el predio cuenta con una declaración de impacto ambiental y el canon abonado a la Ciudad por el uso o usufructo de los terrenos costeros.
La solicitud de los diputados surge tras la visita a la Legislatura del titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, quien no conformó en el informe que dio ante los diputados respecto de las inspecciones hechas en la noche del festival.
En ese marco, se mostraron conformes con la aprobación del pedido de informes, no obstante varios diputados adelantaron que insistirán con la iniciativa de interpelar en el recinto a los funcionarios del Gobierno local sobre el tema, además de la conformación de una comisión que investigue los hechos.