FUNCIONARIOS Y ASOCIACIONES EXPUSIERON EN LEGISLACIÓN PENAL Y SEGURIDAD INTERIOR SOBRE SEGURIDAD
En primer lugar, expusieron en el marco de la comisión de Legislación Penal. Luego, se realizó una conjunta con Seguridad Interior para ahondar en la temática.
La comisión de Legislación Penal, que preside la diputada nacional cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, recibió hoy a diferentes actores de la materia para debatir sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
El primer en exponer fue Martín Monedero, abogado especialista en Derecho Penal y miembro del Centro de Filosofía del Derecho Penal, quien brindó detalles de un par de casos de homicidios para afirmar que son el punto de partida legítimo para discutir acerca de “la profunda crisis de inseguridad ciudadana en que nos encontramos”.
Asimismo, valoró el hecho que “el Congreso de la Nación muestra la firme voluntad de darle a los jueces las herramientas legales necesarias para contribuir a solucionar esta crisis, respetando con equidad tanto los derechos de las víctimas como de los imputados; estas son buenas razones para aprobar el proyecto de ley denominado de reiterancia”, ponderó.
María Cecilia Vanicich, Fiscal General del Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe, informó cuál es la situación de criminalidad de Rosario y del Gran Rosario y también hizo un señalamiento con respecto a la visión institucional de su organismo en relación al proyecto denominado antimafias. “Toda herramienta legal que fortalezca y abone para este trabajo coordinado, por supuesto que es bienvenido y necesario”, señaló.
Luego, Guillermo Todarello, Defensor Público Oficial Adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Cárceles de la defensoría de la Nación, quien expuso sobre los proyectos de ley antimafias, para el cual propuso darle un enfoque constitucional, y del proyecto sobre reiterancia/reincidencia. “Este tipo de legislación lo que va a provocar, de manera inevitable, es el aumento indiscriminado de personas detenidas”, soslayó.
Juan Segundo Pavez Laciar, hermano de Blas Correa, víctima de violencia institucional, que fue asesinado el 6 de agosto de 2020 por funcionarios de la policía de Córdoba. “La ´Ley Blas´ viene a agravar las penas por los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de la policía o de fuerzas policías”, explicó al tiempo que subrayó: “Nuestra lucha no es contra la policía, sino más bien contra los malos policías y contra las prácticas indebidas, que hay muchas”.
También, expusieron José Ruiz Díaz, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); Gabriela Ríos, hija de Don Jorge Ríos, jubilado que de 71 años que actuó en legítima defensa; Diana Cohen Agrest, filósofa, fundadora de la Asociación Usina de Justicia; Miguel Ángel Robles, docente experto en Área Criminología y Ciencias de la Seguridad, provincia de Córdoba; David Martínez, víctima de amenazas y daños a sus bienes en la ciudad de Rosario; Pedro Biscay, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INCECIP); y el doctor Leandro Halperin, docente titular a cargo de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.
PLENARIO DE COMISIONES DE LEGISLACIÓN PENAL Y SEGURIDAD INTERIOR
Luego, se llevó a cabo una reunión conjunta entre Legislación Penal y la comisión de Seguridad Interior, la cual está presidida por el diputado nacional santafesino Alejandro Bongiovanni, del PRO. Allí, los invitados brindaron detalles de la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
En primer término, Manuel Garrido, ex diputado nacional y titular de La Asociación Innocence Project Argentina, explicó que “desde 1989 se contabilizaron más de 375 condenas revocadas en virtud de la utilización de las pruebas de ADN”. En ese sentido, manifestó que “el Banco es muy útil y poderoso para investigar delitos y, también, para aclarar situaciones de inocencia”.
En otro orden, Garrido les solicitó a los legisladores que “ponderen las cuestiones que están en juego: la utilidad de la herramienta y, por otro lado, la intensidad y proporcionalidad de la afectación de los derechos de las personas, cuya información genética se agrega al Banco”. “El Congreso tiene que tomar una decisión muy delicada, cuál es el equilibrio que deben existir entre esas dos cuestiones que están en pugna”, expresó.
Luego, hizo uso de la palabra Silvia Martínez, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nº 8, y Defensora Publica Interamericana. “Siempre que hablamos de registro de datos genéticos estamos entrando en intromisiones en el derecho a la privacidad de las personas, las cuales tienen que ser reguladas estrictamente bajo ciertas condiciones para evitar litigios eternos”, resaltó.
En tanto, habló Eduardo Luis Salva Calcagno, presidente de Digifirma Argentina S.A., que expuso sobre los datos técnicos de cómo funciona el ADN de contacto. Guillermo Bargna, miembro del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados, y padre de Soledad Bargna, asesinada en un intento de violación en mayo de 2009, quien hizo hincapié en que “esta no es una cuestión de partidos políticos, sino que nos atañe a todos como sociedad y con la necesidad de su implementación a todos los delitos”.
A continuación, Isabel Yaconis, titular de la asociación Madres del Dolor y madre de Lucila Yaconis, que se refirió al caso de violación seguido de muerte de su hija en abril de 2003, crimen que continúa impune. “Soy una mamá, somos víctimas, y acompaño a víctimas de delitos sexuales, y les puedo asegurar que todavía falta mucho”, reveló.
Además, brindó su testimonio el doctor Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza y presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, quien hizo referencia a la ley aprobada en 2016 en su provincia, que comparte el eje y el espíritu del proyecto que está en debate. “Hoy en día en la base de datos hay 85 mil registros, lo que hace un poco más del 4% de la población, lo que hace la base de datos más grande de Latinoamérica”, especificó.
Por último, Miguel Marino, doctor en Genética y Especialista en Genética Forense. “El espíritu de la ley la comparto, más que nada por la efectividad que pueda llegar a tener una ley de este tipo en la resolución de casos”, enunció y, en la misma línea, agregó: “Estoy de acuerdo con tener muchísimo cuidado en el tratamiento del dato, porque sirve para llegar a condena e investigaciones mejores, pero también sirve para absolución”.
FAMILIARES DE VICTIMAS DE LA PANDEMIA EXPUSIERON ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), recibió a los familiares de las víctimas y víctimas de delitos contra los derechos humanos sufridos en pandemia. “Era una deuda recibirlos y poder acompañarlos”, expresó. Y agregó: “Todas las víctimas tienen un lugar”.
El primer testimonio fue sobre el caso de Solange Musse. La joven tenía 35 años cuando durante la pandemia tuvo que viajar desde la provincia Neuquén a Córdoba para un tratamiento oncológico. Por su gravedad, en los últimos días fue internada en un sanatorio privado, donde finalmente falleció.
Cuando a su padre, a quien ella había pedido ver, le negaron el acceso a la provincia, Solange escribió una carta: “Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.
Marcelo Mazzarello, actor argentino, en solidaridad con la familia, leyó la carta completa de Solange ante los legisladores. “No tuvimos derechos durante la pandemia, este puede ser un primer paso para recuperar la memoria, la verdad y la justicia que nos fue negada”, reflexionó Mazzarello.
A continuación, Pablo Gustavo Musse, papá de Solange Musse, expuso lo vivido con su hija durante la pandemia: “Lo que buscamos es memoria, verdad y justicia”. “Es un día histórico que se tome en serio los derechos humanos”, señaló Musse. Además, Beatriz Oviedo, mama de Solange dijo que “en Argentina hasta ahora no hay justicia” y pidió que “actúe la Corte”.
El segundo testimonio fue el del cacique Francisco Luna, quien relató lo ocurrido durante la pandemia con la comunidad Wichi en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. “En la cuarentena, vivimos marginación y maltrato en nuestra comunidad, vengo a reclamar justicia”, concluyó Luna.
Estuvieron presentes los familiares de víctimas Esteban Nicolás Fariña, Analía Marsella, Pedro Rubén Oviedo y Matías Adolfo Rubio.
COMISIÓN DE DISCAPACIDAD REALIZÓ UNA NUEVA REUNIÓN INFORMATIVA CON EXPOSITORES
La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Arroyo (UXP), realizó una nueva reunión informativa para recibir a asociaciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En primer lugar, expuso María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien advirtió “un sensible incremento de los obstáculos y dificultades que las personas con discapacidad están enfrentando para acceder a programa y prestaciones”.
“Las consultas y denuncias que ingresaron al organismo durante el primer cuatrimestre de 2024 crecieron un 25,5% respecto del mismo periodo del año anterior, destacándose el incremento de reclamos vinculados a pensiones y Plan Incluir Salud”, dijo.
En tanto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que “los trámites sobre pensiones no contributivas se incrementaron en un 89 % respecto del año anterior y pasaron a ocupar el principal lugar de los temas gestionados por el área”. En ese sentido, ejemplificó con los casos de pensiones que “siendo aprobadas no se están liquidando”.
“Si se computa el 211% de inflación de 2023, los fondos administrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI) apenas cubren el 52% del salto inflacionario, si no se toma una medida perentoria su accionar se verá desfinanciado en el corto plazo”, argumentó Muiños.
Por su parte, Mariano Unamuno, Secretario Interior de UPCN Seccional Capital, se refirió al escenario en la ANDI. “La situación es crítica a partir de los despidos injustificados que ha tenido la ANDI, sumado a la nula iniciativa por parte de la gestión en establecer políticas públicas en favor de un sector tan postergado como son las personas con discapacidad”, dijo Unamuno.
“Hoy la tramitación de las pensiones no contributivas se encuentra totalmente paralizada, la Dirección a cargo de la emisión de las pensiones se encuentra vacante y sin designación alguna”, agregó.
En tanto, Facundo Diz, intendente del municipio bonaerense de Navarro, contó su experiencia personal con su padre con discapacidad y habló de “un retroceso de nuestra democracia” en relación a las políticas destinada al tema. “Es muy difícil imaginar un país donde no se integra a todas las personas, hoy no están siendo reconocidos sus derechos”, declaró.
Mauro Stefanizzi, de la Asociación Argentina de Electrodependientes, expresó su “preocupación” sobre el cumplimiento de la norma que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes. Stefanizzi dijo que “se está recortando el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS)”.
“Se están rechazando muchos casos de electrodependientes, esto es realmente grave”, añadió. “A esas familias le están viniendo boletas de luz de 130 mil pesos y hay casos de personas desempleadas que tenían un derecho garantizado y ahora se lo están sacando”.
Se trató del segundo encuentro de la Comisión destinado a analizar la temática, anteriormente los diputados escucharon a integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de la Red por los Derechos de las personas con discapacidad (REDI), y de Caritas Argentina, entre otras asociaciones.
COMISIÓN DE PYMES ELIGIÓ AUTORIDADES Y DEFINIÓ AGENDA DE TRABAJO
La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados completó su esquema de autoridades y definió una agenda de trabajo, con hincapié en el Régimen de Promoción para PYMES.
En este sentido, la Comisión eligió a las autoridades vacantes: Emiliano Estrada (UXP) ocupó la vicepresidencia primera y Rocío Bonacci (LLA) la vicepresidencia segunda. En tanto, Florencia Carignano (UXP) fue elegida para la secretaría 1° y Sergio Casas (UXP) para la secretaría 2°.
La presidenta de la Comisión, Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal), adelantó que en las próximas semanas se invitarán a asociaciones e instituciones para exponer sobre el proyecto de “Régimen de Promoción para el desarrollo del empleo y la producción en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.
PRESUPUESTO Y HACIENDA ANALIZÓ LAS PROPUESTAS DE MOVILIDAD JUBILATORIA CON DICTAMEN
Son cuatro propuestas, una de mayoría y tres de minoría, que contemplan diversas miradas para reformar la fórmula previsional. Se convocará a un plenario de comisiones para emitir dictamen.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado José Luis Espert (LLA), comenzó el debate sobre los cuatro proyectos con dictamen sobre reforma previsional provenientes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
«Se trataron catorce proyectos de ley que confluyeron en un dictamen unificado mayoría y tres de minoría», explico Espert en el inicio del debate. Además, señaló que «por pedido de la Comisión, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe sobre el impacto fiscal de los cuatro dictámenes».
En ese sentido, el titular de Presupuesto y Hacienda, argumentó que “para el oficialismo el déficit cero no es un capricho, es un tema central para terminar con la inflación” y ratificó que “según el DNU 274/2024 la jubilación mínima de julio será de 265 mil pesos”.
Los cuatro dictámenes en tratamiento son los aprobados por la Comisión de Previsión y Seguridad Social que fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria, el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal, y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza presentó un dictamen en defensa del DNU 274/2024.
En representación de La Libertad Avanza, Juliana Santillán cuestionó el debate que propone la oposición: “en la fórmula anterior sumergieron a los jubilados en la pobreza absoluta”.
Además, señaló que “recibimos la peor herencia de la que se tenga memoria. El sistema previsional no fue la excepción, lo llevaron a la emergencia”. “Nos debemos un debate en profundidad, y lo vamos a dar”, concluyó.
Desde el bloque del PRO, la diputada María Eugenia Vidal explicó que su propuesta ratifica el DNU 274/2024, “creemos que va en el camino correcto”. “Sumamos a esa fórmula un aumento adicional anual en función de la variación del RIPTE”, argumentó.
Como propuesta adicional, Vidal indicó que “el proyecto incorpora una recomposición del 8% de enero, pero entendiendo los problemas fiscales, planteamos que el gobierno pueda pagarlo en cuotas”. Por último, la diputada explicó que “proponemos eliminar las jubilaciones de privilegio”.
En la misma línea, la presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer De Köning, por la Unión Cívica Radical, admitió que “el sistema previsional necesita correcciones que no deben influir en el poder de compra de los jubilados”.
Por su parte, el diputado Nicolás Massot, integrante de Hacemos Coalición Federal, apeló a “que sería muy valioso que estemos todos de acuerdo en la necesidad de plantear todos los debates con correspondencia fiscal más allá de la ideología política”.
El diputado Carlos Heller, integrante del bloque de Unión por la Patria, celebró el debate, a la vez que argumentó que «no somos hinchas del déficit fiscal, somos enemigos del ajuste como herramienta para resolverlo». Además, instó a sus pares a «consensuar un proyecto común que construya una mayoría que contemple razonablemente al sector pasivo de nuestra sociedad».
Asimismo, Itai Hagman (UxP), ratificó la voluntad de consensuar un dictamen común porque «los jubilados necesitan una respuesta urgente» y explicó que «no estamos discutiendo un incremento del gasto público».
Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, Cristian Castillo, cuestionó el debate: «Hay una discusión falseada sobre lo que se gasta en jubilaciones y pensiones respecto del PBI”.
Al finalizar, José Luis Espert anunció que convocará a un plenario de comisiones para emitir dictamen.