Ampliación del Presupuesto 2020
El Senado sancionó este jueves la ley de ampliación presupuestaria de 1,8 billones de pesos para contrarrestar los efectos sociales y económicos de la pandemia de coronavirus, en una sesión especial en la que oficialismo y oposición votaron en sintonía aunque en medio de renovadas recriminaciones por la situación económica.
El interbloque de Juntos por el Cambio apoyó en general el proyecto pero votó en contra de artículos 7, 8 y 17 vinculados a la dolarización de deudas en pesos.
En un debate por videoconferencia en el que se repitieron las recriminaciones sobre la situación económica recibida en 2015 y en 2019, senadores de ambos espacios responsabilizaron a las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández por «la falta de medidas certeras» para superar las sucesivas crisis económicas.
El jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó a quienes «atacan al gobierno diciendo que no tiene un plan» y aseguró que el Gobierno «se está ocupando de arreglar el desastre que dejaron» desde la gestión anterior, agravado, dijo, por la crisis por la pandemia.
«Nadie está contento que la Argentina tenga que pagar mas de 100 mil millones de deuda», afirmó y recriminó que el macrismo «dejó una deuda impresionante, un desastre económico y un déficit impresionante».
Mayans recalcó que «no se puede negar que tenemos problemas en Argentina» pero advirtió que «el desafío va a ser recuperarse» y «buscar la forma de que este Estado presente pueda resolver este problema de cómo sostenemos al Estado».
El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, brindó precisiones sobre el porcentaje de los fondos utilizados para paliar los efectos de la pandemia y consideró que «se trata de herramientas» con las que el gobierno nacional debía contar.
Respecto a la deuda pesificada, sostuvo que «es una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda» y agregó que «se impone la necesidad de diseñar una medida que permita sanear la composición de los participantes del mercado de deuda publica en pesos».
«Esta solicitud es por la emergencia», dijo, y ratificó que el 15 de septiembre se presentaría el nuevo presupuesto.
Sobre la crítica de la oposición por las partidas para universidades, el legislador por Córdoba señaló que si las universidades necesitan más fondos el gobierno nacional se ocuparía de ello y señaló que «el incremento que se les otorga supera el 35 por ciento y es superior a la inflación cosa que en toda la gestión de Mauricio Macri no se hizo».
En representación de la oposición, Martín Lousteau explicó que el interbloque de Juntos por el Cambio acompañaría la ampliación de Presupuesto en general, pero que no comparte los artículos 7, 8 y 17, por estar en desacuerdo con la suspensión del artículo 65 de la ley de administración financiera.
Esos artículos prevén licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera.
Lousteau cuestionó la merma de los fondos destinados a las universidades y pidió «reducir gastos innecesarios».
El senador macrista Esteban Bullrich justificó, por su parte, el apoyo a la ampliación presupuestaria de parte de la bancada opositora al señalar que «no se trata de un arranque de republicanismo» sino de «responsabilidad».
«Somos republicanos, somos responsables y somos conscientes de nuestro rol de oposición. Votamos dos moratorias, una emergencia económica, acompañando cuando hay que acompañar en estos ocho meses de gobierno», sostuvo.
El senador por Buenos Aires reprochó además la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para brindar informes en el Congreso.
En nombre del peronismo federal, Juan Carlos Romero, argumentó su voto en contra de la prórroga del Presupuesto 2020 al cuestionar la «poca previsibilidad» del plan de gobierno de la administración del presidente Alberto Fernández.
Moratoria
El senador por Córdoba, Carlos Caserio (FdT) fue el miembro informante de la iniciativa que propicia la prórroga de la moratoria contemplada en la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Caserio dijo que «en este caso la moratoria amplía el universo de sujetos a beneficiarse al incluir a las grandes empresas». Dijo que «el período de deuda se extiende al 21 de julio de 2020. Aquí no se incluyen las deudas a los impuestos líquidos y gas natural». Recordó que «el interés se reduce en los primeros seis meses», y que en Diputados se incluyó la posibilidad de incluir «a los declarados en quiebra pero con la continuidad de sus empresas». Destacó que «quienes ya hubieran adherido a la moratoria pueden insistir con su viejo plan o bien adherirse a la nueva». Destacó que en su artículo 15 el proyecto «propone a las provincias y a los municipios adherirse a la moratoria incluye beneficios similares en el impuesto a los Ingresos Brutos y a las tasas municipales».
En nombre del interbloque Juntos por el Cambio, el senador por Buenos Aires, Esteban Bullrich, se manifestó de acuerdo en tratar la moratoria por las consecuencias de la pandemia, aunque adelantó que votarían un proyecto en minoría ya que en la iniciativa oficial «hay una amnistía clara y concreta contra un grupo de empresarios que realizaron la mayor estafa contra el fisco argentino y que eso está diseñado en el artículo 11». Consideró que el proyecto se podría mejorar con «el premio al buen cumplidor, pero que tal como está redactado se queda a mitad de camino». También afirmó que «no se contemplan las deudas por aportes y contribuciones» y dijo que «contemplaban mayor extensión para acogerse a la moratoria porque es posible que la reactivación se demore más de lo previsto». Destacó que «el artículo 11 es un traje a medida para un grupo empresario de combustibles que en 2013 y 2014 adeudaba unos 8 mil millones de dólares que a valor actual se duplicarían» y que a criterio de su bancada merecen «todo el peso de la ley».
Los titulares de las bancadas Juntos por el Cambio y Frente de Todos, los senadores por Formosa, Luis Naidenoff (JXC) y José Mayans (FdT) realizaron el cierre del debate sobre la ampliación de la moratoria.
Naidenoff señaló que su espacio no acompaña la ampliación de la moratoria porque «detrás de las nobles intenciones se esconde un salvataje a los amigos del poder». Destacó que «jamás en la Argentina se avanzó en darle una moratoria a las empresas quebradas». Dijo que «una empresa que no garantiza la continuidad no da certeza de hacer el pago a sus proveedores, a sus empleados y menos aún al fisco». Criticó al oficialismo por considerar «que el triunfo electoral viene acompañado del indulto social o es un cheque en blanco». Subrayó que «la moratoria no beneficia a todos y es un golpe bajo para muchos ciudadanos, por ejemplo para quienes tienen que presentar en agosto sus declaraciones de ganancias o de bienes personales».
Mayans reivindicó el proyecto de moratoria y recordó que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, había estimado que «la expectativa de recaudación que tenía el gobierno por la ampliación de la moratoria rondaba en una cifra de 540 mil a 600 mil millones de pesos». Consideró que «es necesario equilibrar las cuentas». Recordó que el sistema previsional, luego de «la llamada reparación histórica de los jubilados tiene un déficit de 600 millones de pesos». No dudó en calificar a esa iniciativa como una «verdadera estafa». Subrayó que esta situación motivó «lanzar una moratoria que fuera amplia». Admitió que la caída económica generada por «la pandemia es preocupante» y que «por estos motivos es necesaria la moratoria que estamos impulsando». Criticó a la oposición diciendo «que en la crisis ven una oportunidad para tumbar al gobierno».