Presupuesto 2019
El gasto total aumentará casi 23% interanual, el ABL en un promedio de 34% y un máximo de 38%. Se autoriza la emisión de deuda por 15.000 millones de pesos, se prevé un balance equilibrado, sin déficit, y se confirman bajas graduales en las alícuotas de impuestos a los Ingresos Brutos.
La Legislatura porteña aprobó y convirtió en ley el presupuesto general de gastos y recursos para la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio 2019, que totaliza un monto de 321.457 millones de pesos, un 22,7% más que lo estipulado para 2018.
Paralelamente, también se sancionó la ley tarifaria para el año próximo, que actualiza las alícuotas, aforos y aranceles de impuestos, tasas y otras contribuciones, y las correspondientes modificaciones al Código Fiscal. Se establece «un tope de aumento del 38% para los tributos que recaen sobre los inmuebles radicados en la Ciudad», si bien se informó que el alza en ese rubro será de un promedio del 34%. El valor anual de estas imposiciones no podrán superar el 1 % del valor de mercado del inmueble.
También se prevé la continuidad del plan de reducción de alícuotas de Ingresos Brutos para construcción, industria, transporte y comunicaciones, así como el impuesto de sellos irá disminuyendo desde 2020.
El presupuesto incluye el plan plurianual de inversiones públicas y las fuentes de financiamiento. Al respecto, se fijó en 15.000 millones de pesos o su equivalente en dólares el monto máximo del crédito a corto plazo y, por igual monto nominal, se autoriza al Gobierno a emitir Letras del Tesoro.
La norma propuesta por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tuvo un largo e intenso tratamiento en la comisión legislativa de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, a la que concurrieron funcionarios del Ejecutivo y de organismos para informar la afectación presupuestaria y los planes de cada área de gestión.
El Gobierno sostuvo que este presupuesto es «financieramente equilibrado y sin déficit», que «se sigue priorizando la inversión en áreas sociales» y que incide una «alta inversión en gasto de capital». También se aseguró el respeto a las normas del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto con la Nación y las provincias. El Pacto Fiscal le costará a la administración metropolitana unos 13.000 millones de pesos, por bajas de impuestos que debe cobrar y alzas en subsidios que debe asumir.
El proyecto llegó al recinto de sesiones este jueves con despacho de la comisión presidida por Paula Villalba (VJ), y fue aprobado con 34 votos positivos de Vamos Juntos; 16 votos en contra de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, FIT, AyL, y 9 abstenciones de Evolución, PS, MC y Gen. Las leyes de modificación al Código Fiscal y Tarifaria fueron votadas a favor por Evolución, por lo que en ambos casos los resultados fueron: 39 positivos, 16 negativos y 4 abstenciones.
El Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019 totaliza un monto de $ 321.457.194.702. Comparativamente, el Presupuesto de 2018 alcanzó la suma de $ 254.317.009.959. Mediante la Ley N° 5915, se aprobaron $ 222.382.757.909 el 30 de noviembre del año 2017. Una primera ampliación se hizo el 16 de agosto último por $ 23.500.252.050; la segunda fue el 18 de octubre por un monto de $ 7.000.000.000; y otra, se efectuó el 15 de noviembre pasado por $ 1.434.000.000.
Detalles de gastos y recursos
Sin contabilizar intereses de la deuda, el resultado primario (ingresos totales menos egresos totales) es superavitario en $ 25.815 millones.
Aumentos de gastos corrientes y de endeudamientos se mantienen por debajo del 15%. El gasto corriente es el 83% de lo presupuestado.
Ingresos tributarios se calculan en $ 295.000 millones, incluida la coparticipación. Ingresos Brutos representa el 54 % de los recursos; inmuebles, 7,7%; sellos, 7,3%; automotores, 3,3%.
De los ingresos «no tributarios» el más importante es multas (46%), luego tasas, derechos y otros.
El 51% de gastos e inversiones es por «Servicios Sociales», incluyendo Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda y Cultura. Dentro de esa torta, un tercio es para Educación, otro tercio es para Salud y casi un 20% para Promoción Social; 7,4%, para Viviendas.
En Seguridad, la CABA aumentará 31,4% el presupuesto y destinará $ 46.500 millones (un 14,5 de todo el presupuesto).
El gasto en personal representa el 44,3% del total y es un 26% mayor que el de 2018.
La administración de la Ciudad asumirá el pago de nuevos subsidios, que antes aportaba la Nación: $ 4.100 millones al transporte de colectivos; $380 millones por tarifa social de AYSA; $ 700 millones por tarifa social de electricidad.
La inversión en infraestructura será de $ 51.640 millones, un 16% del gasto total: 4.033 millones para subtes, 4.100 millones para seguridad, 5.150 millones en urbanización del Barrio 31 y 4.916 millones en obras del IVC en villas Fraga, 20-Para Francisco, Rodrigo Bueno y de la zona Acumar. Para obras hidráulicas irán $ 2.460 millones, incluido el final de la canalización del arroyo Vega.
Las obras previstas incluyen los nuevos edificios ministeriales de Educación, en el Barrio 31 de Retiro, y de Desarrollo Social, en la villa Ciudad Oculta de Mataderos.
La mayor erogación será en concepto de salarios u otro tipo de remuneraciones, por más de $ 142 mil millones, donde las previsiones de incrementos de haberes son del 26,2%.
La Ciudad renovará deudas que vencen el año próximo por 270 millones de dólares y hará desembolsos por 187 millones de dólares por financiamientos de obras de infraestructura de organismos multilaterales de crédito.
Las fuentes financieras totalizan, para el ejercicio 2019, $ 28.740 millones. Los servicios de la deuda por intereses y comisiones previstos para 2019 se estiman en $ 26.126,8 millones y los servicios de la deuda por amortización, en $ 16.293 millones.
Lo que se denomina «Administración Gubernamental», que concierne a los tres poderes, tiene asignado en total más de $ 40.000 millones, de los cuales el 43,6% es para el Poder Judicial (incluye Consejo de la Magistratura y Ministerio Público), 25,2 % es para la Dirección Ejecutiva, 12,3% a la administración fiscal, 10.4% para Legislatura y 8,6% en organismos de control de gestión (Sindicatura, Auditoría Ente Regulador, Defensoría del Pueblo).
Sobre el ABL e Inmobiliario
Según las explicaciones formuladas por funcionarios de la Jefatura de Gobierno en la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y en base a lo establecido en la ley tarifaria, en el Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL, «se prevé un incremento promedio del 34% (en la alícuota) con un tope del 38%».
Se anunció que «aquellos que no tengan deuda y adhieran su pago al débito automático tendrán una bonificación de la última cuota del año. Este beneficio se sumará al 10% de descuento ya existente por buen cumplimiento». Con estos beneficios, el aumento promedio del 34 por ciento queda reducido en términos reales a un 26 por ciento para quienes estén al día y con débito automático.
El esquema presentado por el Ejecutivo ante los diputados de la Ciudad es el siguiente:
– Un 30% del padrón de contribuyentes tendrá alzas inferiores a $100 mensuales.
– Un 35%, recibirá aumentos de entre $100 y $150.
– Un 20% pagará de más entre $150 y $450
– Un 5% abonará incrementos superiores a $450
– El 10 % restante goza de diversas exenciones.
El debate en el Recinto
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Presupuesto, Paula Villalba (VJ), quien trazó las líneas principales y los guarismos macros del proyecto gubernamental para concluir que se trataba de una contabilidad «financieramente equilibrada, cumplible, con déficit cero y, por segundo año consecutivo, con equilibrio fiscal».
La vocera de la iniciativa oficialista, anticipándose a las críticas de la oposición, afirmó: «Desde que asumió Mauricio Macri en 2007, llevamos en la Ciudad 12 años de administración sostenible y equilibrada, hubo 13.000 millones de dólares invertidos en obras de infraestructura y sólo 3.000 millones de deuda en dólares. Nunca se usó la deuda para gastos corrientes y el 80 por ciento de las obras se financiaron con fondos propios».
La postura de Unidad Ciudadana fue expresada por Carlos Tomada, jefe de la bancada, para quien «el presupuesto poco tiene que ver con las necesidades de los porteños»; habló de «política de ajuste» y del «modelo neoliberal» para luego aseverar: «Este programa económico no ha funcionado en ningún país y nunca».
Tomada aseguró «los gobiernos nacional y de la Ciudad no reparten el esfuerzo equitativamente. El mayor sacrificio es para quienes tienen menos posibilidades de defenderse y, encima, es un sacrificio inútil», dijo. También planteó que la Nación «transfiere el costo del ajuste a la Ciudad y a las provincias».
Desde la izquierda, Gabriel Solano (FIT), Patricio Del Corro (PTS-FIT), Fernando Vilardo y Marta Martínez (AyL), atribuyeron los números presupuestarios a imposiciones del FMI, a la política económica nacional y «al tremendo ajuste contra los trabajadores». Solano presentó al voto en contra de la izquierda «como un acto de responsabilidad, porque esto es un dibujo».
Francisco Nosiglia, en nombre de la bancada Evolución, dijo que «el macrismo sistemáticamente subestima el déficit en todos sus presupuestos» y puso como ejemplo que el actual período contable 2018 de preveía oficialmente con déficit cero y «vamos a terminar este año con un rojo de unos 8.000 millones de pesos», señaló.
También acusó Nosiglia «los gastos innecesarios y ejemplos de mala administración» y la «preocupación por la creciente deuda y sus intereses», si bien anticipó su respaldo a la ley tarifaria que contiene reducciones del impuestos de IB para el sector productivo.
El Bloque Peronista votó por la negativa y su jefa, María Rosa Muiños, explicó que lo presupuestado «desconoce el actual contexto económico y social» al punto tal que, como ejemplificó que, «como nunca, este año se sucedieron tres ampliaciones presupuestarias que superaron en total el 15 por ciento» de lo pautado.
Puntualizó Muiños la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos del Estado capitalino, protestó por el aumento de la deuda pública y reclamó «rediscutir las prioridades y los montos de las obras públicas, así como la matriz tributaria de la Ciudad».
Claudio Cingolani (VJ) salió a replicar las críticas opositoras e ironizó que «no hay ninguna conspiración internacional, ni de los banqueros, ni de los buitres ni de las corporaciones patronales para perjudicar a los vecinos de la Ciudad». Sostuvo que «el gobierno de la Ciudad puede dar muestras de sus políticas activas, de que sus políticas sustentables tienen eje en los vecinos y que el plan de infraestructura en marcha es el más grande del que se tenga registro en la historia de la Ciudad».
También hablaron Roy Cortina (PS), crítico del plan de gestión y de las prioridades establecidas; Marcelo Depierro (MC), para quien lo presentado «es de cumplimiento imposible», y Sergio Abrevaya (Gen), quien hizo hincapié en «la disminución de los fondos para Educación y Salud». Silvia Gottero, (BP) por su parte, intervino para solicitar una actualización de las unidades fijas asignadas al Fondo del Deporte, que fue aprobado.
La discusión fue cerrada por Villalba, quien apuntó algunos cambios en particular propuestos, pero antes respondió las objeciones de otros bloques: los montos asignados a desarrollo social aumentaron 48% a valores constantes entre 2007 y 2019; los de Salud, en un 30% y los de Educación en 25% en términos reales, informó la diputada del PRO. También indicó que los créditos obtenidos «siempre van a gastos de capital, a inversiones en obras y nunca a gastos corrientes» y dijo que «antes el 95% de la deuda era en dólares y hoy solo el 5% es en moneda extranjera».
A propuesta de Cingolani, se aprobó un cambio de texto en particular para explicitar que las «reestructuraciones» presupuestarias autorizadas al Poder Ejecutivo no podrán superar el 15% de la distribución funcional ni el 5% por objeto. Además, deberán ser informadas las reasignaciones a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, dentro de los 30 días hábiles».
Fondo de Integración y Desarrollo Social
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también aprobó este jueves la ley que creó el Fondo de Integración y Desarrollo Social -FIDeS, para programas de infraestructura, mantenimiento y asistencia, en salud, educación y bienestar humano.
El presupuesto será asignado anualmente por la administración local, a lo que se le sumarán donaciones y legados particulares, además del 2% sobre todos los premios o créditos de máquinas electrónicas y/o electromecánicas de juegos de azar. Las entidades públicas o privadas que exploten las tragamonedas, actuarán como agentes de percepción o retención del porcentaje estipulado.
Ley para el desarrollo urbano y hábitat sustentable
Se establecieron mecanismos para la captación de plusvalía urbana por parte del Ejecutivo. Quien utilice una constructividad adicional estará obligado a pagar un porcentaje de este plus valor según la zona. Crean un Fondo que será aplicado prioritariamente a barrios que requieran obras de infraestructura, de transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de villas.
La Legislatura sancionó este jueves una ley que establece distintos mecanismos para la captación de plusvalía urbana por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al producirse un aumento de valorización del suelo por acciones del Estado.
Se trata de un instrumento urbanístico que regula el mayor aprovechamiento constructivo de aquellas parcelas donde se genere plusvalía por cambios normativos. El mismo consiste en que quien utilice una constructividad adicional tendrá la obligación de pagar un porcentaje de este plus valor a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial local.
Existe una correlación entre la calificación urbanística del suelo y su precio. Así, el precio del suelo se torna más elevado a medida que la densidad constructiva es mayor. Esto indica que con un cambio de normativa urbanística se puede inducir desde el Estado en el aumento patrimonial de un privado.
El Pleno consideró que en vistas de la aprobación del proyecto de ley del nuevo Código Urbanístico se hace necesario promover un instrumento para la captación de plusvalías urbanas generadas por las decisiones regulatorias del Estado sobre edificabilidad que redundan en una mejora de la productividad de las inversiones urbanas que se realizan en los lotes, con su consecuente aumento de valor.
Por otra parte, se argumentó que la equidad distributiva exige implementar medidas que garanticen que quienes más se beneficien en el proceso de valorización del suelo, contribuyan de acuerdo a ese incremento en el precio de las propiedades, ya que serán beneficiados por los cambios regulatorios generados por la acción estatal.
«La captura de parte de estas plusvalías brindará nuevos recursos a las cuentas públicas que estarán disponibles para financiar los mayores gastos en infraestructura que la nueva edificabilidad demande, y que serán necesarios para el desarrollo territorial equitativo y sustentable, objetivo de este gobierno» esgrimieron las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria que aconsejaron la sanción.
«La disponibilidad de fuentes alternativas de recursos para solventar la infraestructura y equipamiento, en caso de necesidad de expansión de las mismas, se articula con el otorgamiento responsable de permisos de obra» afirmaron.
«El Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable es una herramienta de captura de plusvalía y también una herramienta de gestión para la financiación del desarrollo y una manera de ejercer el poder regulatorio del Estado, que permita el uso sustentable y equitativo del suelo» se sostuvo.
El Derecho fue incluido como ingreso no tributario en el presupuesto anual del GCABA al igual que el Derecho de Construcción y Delineación. «Su naturaleza -expresan los fundamentos- no se encuadra en un impuesto ya que no constituye una imposición con origen en la relación eminentemente unilateral entre el fisco y el contribuyente. Por el contrario, los derechos derivan esencialmente de un acto de voluntad del particular, que solicita del Estado la prestación de un servicio público que lo va a beneficiar de manera directa y específica. Los Derechos generan una relación de tipo bilateral. En este caso el permiso de obra que posibilita el mayor aprovechamiento del suelo en edificabilidad es el que permite usufructuar un beneficio especial dado por la mayor valorización del predio que una nueva norma posibilita respecto a la situación anterior».
Alícuotas diferenciadas
A los efectos del cálculo de la valorización del suelo, la nueva ley incluye una tabla de valores de incidencia del suelo en UVA’s generado por la Dirección General de Datos, Estadística y Proyección Urbana. Para ello, esta Dirección General dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuenta con antecedentes de haber desarrollado durante más de 15 años una actividad constante en el relevamiento de precios de inmuebles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha permitido ser una referencia relevante en el análisis de la evolución del mercado inmobiliario para los profesionales del sector y el ámbito académico.
La flamante normativa se orienta a establecer criterios en la distinción de diferentes áreas para atender el reparto de cargas y beneficios en función del grado de desarrollo del suelo sobre el que se sitúan. Esto implica contribuir a políticas que alimenten un desarrollo territorial equilibrado.
Se asignaron alícuotas diferenciales por zonas con el propósito de equilibrar el impacto en los valores del suelo al exigir una mayor compensación a aquellos barrios con mayor consolidación de su edificabilidad. Estas alícuotas serán revisadas periódicamente atendiendo a la recuperación de algunas zonas de la ciudad como ocurre por ejemplo en Parque Patricios, con respecto a su situación anterior a la implementación del Distrito Tecnológico.
Se creó un Fondo especial
Se creó el Fondo Público “Hábitat Sustentable” que «se integrará con lo recaudado mediante el pago de los Derechos para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable cuyo destino será el financiamiento de obras de infraestructura de transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, vivienda social, promoción del alquiler social, reurbanización de villas y todas aquellas obras contempladas en los planes de sector, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad social y las de mayor déficit en las siguientes variables: 1) proximidad de la red de transporte; 2) calidad de la vivienda; 3) proximidad a espacios verdes y 4) proximidad a equipamientos de sustentabilidad social.
El fondo público “Hábitat Sustentable” deberá transferir anualmente el 6% de los fondos al Fondo Especial de Recuperación de Edificios Catalogados (FEREC)».
Porcentajes por Zona
Según el artículo 20 «a los efectos de lo dispuesto en el artículo 328 del Código Fiscal, las alícuotas para cada zona son: Zona 1: 10% – Zona 2: 18% – Zona 3: 27% – Zona 4: 35%».
Límites de la zona 1: (Polígono 1) Av. Gral. Paz (desde Puente La Noria), continúa por Av. Eva Perón, Av. Escalada, Av. Juan. B. Alberdi, Mariano Acosta, Av. Directorio, Av. Carabobo, Corea, Pres. Camilo Torres y Tenorio, Av. Riestra, Del Barco Centenera, Av. Cobo y su continuación Av. Caseros, Av. Almafuerte, Cachi, la calle Ancaste, Av. Amancio Alcorta, Miravé, Lafayette, Suárez, Av. Vélez Sársfield, el borde del Riachuelo y la Av. 27 de Febrero hasta la Av. Gral. Paz. (Polígono 2) Desde Av. Chorroarín y Av. San Martín por Av. Chorroarín, Av. del Campo, Av. Garmendia, Av. Warnes, Paysandú, Av. San Martín, Av. Álvarez Jonte, Gavilán, Arregui, y Av. San Martín hasta Av. Chorroarín.
Límites de la zona 2: desde Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón por Av. Gral. Paz, Ricardo Gutiérrez, Joaquín v. González, Miranda su continuación Av. Álvarez Jonte, Av. San Martín, Av. Juan B. Justo, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez, su continuación Curapaligüe, Av. Directorio, Av. La Plata, Av. Independencia, Sánchez de Loria, su continuación Sánchez de Bustamante y el puente peatonal sobre las vías del FF.CC. Sarmiento, Av. Díaz Vélez, Gallo, Av. Córdoba, Av. Callao y su continuación Av. Entre Ríos, Av. Independencia, Piedras, Av. Caseros, Defensa, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil, Av. Rawson de Dellepiane, Av. España, el canal que bordea a la ex Ciudad Deportiva del C.A. Boca Juniors, la costa del Río de la Plata, Av. Rawson de Dellepiane, Av. Don Pedro de Mendoza, el borde del Riachuelo, Av. Vélez Sársfield, Suárez, Lafayette, Miravé, Av. Amancio Alcorta, Lavarden, Ancaste, Cachi, Av. Almafuerte, Av. Caseros y su continuación Av. Cobo, Del Barco Centenera, Av. Riestra, Pres. Camilo Torres y Tenorio, su continuación la calle Curapaligue, Corea, Av. Castañares, Av. Carabobo, Av. Directorio, Mariano Acosta, Av. Juan B. Alberdi, Av. Escalada, y Av. Eva Perón hasta Av. Gral. Paz.
Límites de la zona 3: (Polígono 1) desde Av. Gral. Paz y Ricardo Gutiérrez por Av. Gral. Paz, Av. Cabildo, Crisólogo Larralde, Zapiola, Roosevelt, Av. Ricardo Balbín, Av. Monroe, Estomba, Roosevelt, Tronador, Av. Congreso, San Francisco de Asís, Plaza, Núñez, Galván, Crisólogo Larralde, Av. De los Constituyentes, La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Av. Dorrego, Av. Córdoba, Gallo, Av. Díaz Vélez, el puente peatonal sobre las vías del FF.CC. Sarmiento, Sánchez de Bustamante, su continuación Sánchez de Loria, Av. Independencia, Av. La Plata, su continuación por Río de Janeiro, Av. Ángel Gallardo, Av. San Martín, Paysandú, Av. Warnes, Av. Garmendia, Av. del Campo, Av. Chorroarín, Av, San Martín, Arregui, Gavilán, Av. Álvarez Jonte, Miranda, Joaquín V. González, y Ricardo Gutiérrez hasta la Av. Gral. Paz. (Polígono 2) Desde Av. Rivadavia y Av. Entre Ríos por Av. Rivadavia, Av. De la Rábida, Av. Ing. Huergo, Av. Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Defensa, Av. Caseros, Piedras, Av. Independencia y finalmente por Av. Entre Ríos hasta Av. Rivadavia.
Límites de la zona 4: (Polígono 1) Desde Av. Gral. Paz y Av. Cabildo por Av. Cabildo, Crisólogo Larralde, Zapiola, Roosevelt, Av. Ricardo Balbín, Av. Monroe, Estomba, Roosevelt, Tronador, Av. Congreso, San Francisco de Asís, Plaza, Núñez, Galván, Crisólogo Larralde, Av. De los Constituyentes, La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Av. Dorrego, Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Rivadavia, Av. De la Rábida, Av. IngHuergo, Av. Rawson de Dellepiane, el canal que bordea a la ex Ciudad Deportiva del C.A. Boca Juniors, la costa del Río de la Plata con sentido al Norte, el límite entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, y la Av. Gral. Paz hasta la Av. Cabildo. (Polígono 2) Desde Av. Juan B. Justo y Av. Tte. Gral. Donato Álvarez por Av. Tte. Gral. Donato Álvarez, su continuación Curapaligüe, Av. Directorio, Av. La Plata, su continuación Río de Janeiro, Av. Ángel Gallardo, Av. San Martín, finalizando por Av. Juan B. Justo hasta la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez.
Previamente al proyecto del Poder Ejecutivo que se aprobó hoy estuvieron en tratamiento expedientes de autoría de la diputada María Rosa Muiños (BP), en el cual se propició la participación de la C.A.B.A. en la renta diferencial urbana; de los diputados María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperin y María Patricia Vischi (E), para la incorporación del parágrafo 2.2.2A – Captación de Plusvalías; de los diputados Paula Penacca y Carlos Tomada (UC), que proponía establecer una operatoria regulatoria para el recupero de valorizaciones del suelo generadas por el Estado en proyectos urbanos localizados en lotes mayores de 2.500 m2; de los diputados Maximiliano Ferraro, Claudio Cingolani, María Cecilia Ferrero y Agustín Forchieri (VJ) para el desarrollo urbano y hábitat sustentable – Plusvalía-; de autoría del diputado Roy Cortina (PS), que impulsó promover la recuperación de la plusvalía urbana y su redistribución, y el promovido por el diputado Sergio Abrevaya (GEN), en el cual se propició una ley de plusvalía.
Debate en el Recinto
Como miembro informante, el diputado oficialista Ferraro al principio destacó que «estamos ante una ley más que necesaria». Al final, afirmó que «es un primer gran paso» y defendió la especificidad de la fuente de financiación.
En tanto, la oposición se mostró dividida. Por un lado, algunos bloques expresaron su apoyo aunque con críticas y observaciones tal el caso del Partido Socialista, GEN, Bloque Peronista y Evolución; y otros manifiestamente en contra: un sector de Unidad Ciudadana, FIT y AyL. El primer grupo argumentó disconformidades con el proceso de tratamiento ni con el texto final, con la primacía que tuvo el proyecto del Ejecutivo, que resulta una ley incompleta e insuficiente por cuanto podría recaudar más y, que el criterio aplicado al Fondo resultó demasiado general. Para el rechazo se esgrimió escasez de tiempo en el estudio por cuanto se dedicaron sólo dos reuniones, una informativa y otra para firmar el dictamen; y la izquierda fundó su desacuerdo en que «el Estado es un socio menor, agente del mercado inmobiliario especulativo desenfrenado que deriva en la expulsión de los trabajadores del ámbito de la Ciudad».
La votación en general y en particular resultó de 46 votos afirmativos y 10 negativos de los diputados Javier Andrade, Victoria Montenegro, Mariano Recalde; Leandro Santoro, Carlos Tomada (UC) y los bloques PTS-FI, AyL y FIT.
Aprueban acuerdo entre Nación y Ciudad por ampliación del Aeroparque
Por ley se habilitó el relleno del Río de la Plata a la altura de la Cabecera Sur para mejorar el nivel de seguridad operativa aeronáutica y otro relleno situado al este, que será destinado para instalar nuevas cocheras en estacionamientos subterráneos.
La Legislatura ratificó el Protocolo Operativo de uso aeroportuario en el marco del Convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referido a la ampliación del Aeroparque «Jorge Newbery». De esta manera se habilitaron los trabajos para el relleno a la altura de la Cabecera Sur para mejorar el nivel de seguridad operativa aeronáutica y otro relleno situado al este, útil para instalar nuevas cocheras en estacionamientos subterráneos, que estará afectado exclusivamente a la actividad aeroportuaria.
El objeto del Convenio consiste en instrumentar los mecanismos interjurisdiccionales para materializar las acciones conducentes a solucionar la problemática del Aeroparque Jorge Newbery, su entorno circundante y el corredor norte de la Autopista Illia.
La ley fue sancionada en segunda lectura (después de haber pasado por Audiencia Pública) en base a un despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda, que se originó, a su vez, en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Se aprobó con 42 votos de Vamos Juntos, Bloque Peronista, Partido Socialista y Mejor Ciudad; el voto en contra de los 5 diputados de izquierda (AyL, FIT y PTS-FIT) y 11 abstenciones de Unidad Ciudadana y Evolución.
Como parte del Plan Maestro se proyectó ejecutar un relleno costero sobre el Río de la Plata que permitirá rectificar y ensanchar las aceras y las vialidades o carriles de circulación para el ingreso y egreso del Aeroparque, desplazar e implantar hacia el este la nueva posición de la avenida Costanera Rafael Obligado, y desarrollar un estacionamiento subterráneo y generar un área parquizada sobre el borde del río reformulando el entorno al aire libre.
La aprobación de la ley ratifica dos protocolos acordados en los años 2004 y 2016 entre el gobierno local y la Nación.
Se trata del protocolo rubricado el 14 de febrero de 2017 de «Uso Aeroportuario, en el marco del Convenio entre el Estado Nacional y el GCABA realizado el 23 de agosto de 2004» por el que «el GCABA cedería el uso de tierras para ampliar las cabeceras norte y sur del aeroparque en compensación a la franja de 16 metros sobre todo el lateral del mismo, necesaria para concretar la traza sur-norte de la Autopista «Presidente Arturo Illia», y otro protocolo del 11 de mayo último sobre el Convenio Marco en Materia de Transporte, del 14 de julio de 2016 aprobado por la Legislatura mediante Resolución N° 350.
El 23 de agosto de 2004 el Convenio N° 22 -publicado en el Boletín Oficial de la CABA N° 2018 del 6 de septiembre de ese año- se suscribió con el fin de mantener el emplazamiento actual del Aeroparque y conformar una Comisión Mixta de Estudio y Enlace para el tratamiento de todas las cuestiones vinculadas al mismo.
La Comisión Mixta presentó el 22 de diciembre de aquel año un informe con el propósito de determinar las acciones necesarias para la ejecución de un proyecto de adecuación del Aeroparque y su zona de influencia y cumplir así con las normas y recomendaciones internacionales y nacionales que rigen el funcionamiento de un aeropuerto en zona urbana. Se demandó la adopción de medidas específicas en cuanto a la seguridad, infraestructura, mejoras de balizamientos, transitabilidad y espacios públicos circundantes, tareas a ejecutar por la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
En el recinto se agregó un artículo al proyecto votado, a propuesta de la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), quien explicó que se hacía eco de pedidos formulados al respecto por diversos sectores y bloques. Se incluyó una cláusula de exige al Ejecutivo adoptar medidas que garanticen la conectividad peatonal y la cobertura de los servicios de transporte público en los sectores del Aeroparque se serán sometidos a remodelación y ampliación.
Autorizan concesiones bajo autopista 25 de Mayo
La ley avala la concesión de predios por un plazo de hasta 30 años y tiene como objetivo favorecer las potencialidades de la AU 1 integrándola con la trama urbana y potenciándola a través de usos que permitan la continuidad del paisaje urbano.
La Legislatura aprobó en forma definitiva el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a concesionar por única vez el uso de los predios que se encuentran ubicados por debajo de la Autopista 25 de Mayo -AU 1, por un plazo de hasta 30 años. El equivalente al 10% de la superficie total a concesionar se destinará a espacio público.
Según los fundamentos del proyecto impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta, y el diputado Diego García Vilas (VJ), las concesiones permitirán «recuperar los espacios linderos entre la autopista y los edificios, y con ello generar nuevos pasajes, plazoletas y plazas». En este sentido, el polígono delimitado por las calles 24 de Noviembre, Sánchez de Loria, Cochabamba y Constitución fue desafectado como Zona de Renovación Urbana Linderas a Autopistas, del Código de Planeamiento Urbano, y afectado a Urbanización Parque, mediante el cual se habilita un futuro espacio verde.
Uso de los predios
Los predios que se otorguen en concesión por un plazo mayor a cinco años no podrán destinarse a los siguientes usos: playa de estacionamiento o guarda de vehículos exclusivamente como uso principal, a excepción de aquellos predios cercanos a los nodos de transferencia para uso de estacionamiento medido (Estación Eva Perón, Avenida La Plata, Alberti, Entre Ríos, Huergo); estacionamiento para líneas de transporte público de pasajeros de recorrido urbano, a excepción de las líneas que cuenten con cabecera próxima a menos de un kilómetro de distancia del predio objeto de concesión y depósitos como uso principal.
Además, los permisos de uso que hubieran sido otorgados, mantendrán su vigencia hasta el plazo establecido en su respectiva ley. Al vencimiento, la Administración dará prioridad a la continuidad de los permisos dados a organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que hubieran asegurado el destino deportivo, cultural y/o social de los predios respectivos y se comprometan en forma fehaciente a continuar el desarrollo de sus mencionadas actividades.
Además, se prorroga por un plazo de 10 años los permisos de uso a título precario y gratuito otorgados a las siguientes concesionarios: Club Atlético San Telmo, Club Federal San Cristóbal, Sindicato de Peones de Taxi de Capital Federal, Sindicato del Seguro de la República Argentina, Fundación Nueva Generación del Deporte, Asociación Civil Social y Cultural Centro de Estudios y Participación con la Comunidad, Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo, Casa Social El Sol de Boedo Asociación Civil, Federación Caballito, Federación de Instituciones Comunitarias de Parque Chacabuco, Centro de Jubilados Compartiendo Alegrías, Federación de Instituciones Comunitarias de Buenos Aires, Asociación Civil «Centro de Jubilados y Pensionados Tita», Biblioteca Popular Barracas, Asociación Mutual Futbolistas Solidarios- Asociación Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur.
Según el texto de la ley quedan excluidos de la concesión los espacios bajo autopista que actualmente se encuentran en uso por las siguientes instituciones, sindicatos, clubes de barrio y centros de jubilados: Asociación Pro Ayuda A No Videntes -APANOVI, Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo, Asociación Mutual Futbolistas Solidarios – Asociación Mutual Centro Social y Cultural Flores Sur, Asociación Civil, Social y Cultural Centro de Estudio de la Comuna, Asociación Galega centro Betanzos, Asociación Homero Manzi, Asociación vecinal Deportivo Buenos Aires, Casa social El Sol de Boedo, Centro de Jubilados y Pensionados «Tita», Centro de Jubilados y Pensionados «Compartiendo Alegrías», Club Atlético San Telmo, Federación de Instituciones Comunitarias de Buenos Aires, Federación Caballito, Federación de Instituciones comunitarias Parque Chacabuco, Federación Instituciones Comunitarias de Flores, Fundación Garraham, SATSAID (televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos), sindicato del seguro, sindicato peones de taxi, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina -UTHGRA- y Club Federal San Cristóbal.
Mesa de trabajo y consenso
Se propuso integrar una mesa de trabajo y consenso con el objeto de definir los plazos, las formas y todo aquello conducente a la adecuada integración de los predios en cuestión a la trama urbana, y a la vida del barrio en general. La mesa estará conformada por un representante de cada entidad beneficiaria de las leyes mencionadas anteriormente y dos representantes del GCABA designados por el Poder Ejecutivo.
También se aclara, como suele suceder cada vez que se realiza alguna concesión, que la restitución de los predios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «incluirán la devolución de las construcciones en el mismo estado de conservaciones, más las eventuales mejoras y construcciones que se hubieren realizado sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización a favor de la concesionaria».
La iniciativa, que en septiembre pasado tuvo despacho de las Comisiones de Presupuesto y de Obras y Servicios Públicos, explica sobre el nuevo plazo de concesión que «los espacios que se encuentran debajo de la autopista fueron destinados a diversos usos con la modalidad de concesión o permiso de uso precario por corto plazo, lo que llevó a que se realicen inversiones mínimas, en su mayoría cocheras y canchas de alquiler sobre las calles pasantes».
Lineamientos generales de edificación
Un anexo del proyecto establece los lineamientos generales de edificación, entre los que se destacan los siguientes puntos:
– Las nuevas edificaciones no pueden estar vinculadas a la estructura de la autopista.
– Las áreas destinadas a estacionamientos o depósitos deberán ubicarse en el centro de los predios que se encuentran debajo de la autopista. Además, deberán estar contenidas por usos comerciales, de equipamiento u otros que garanticen actividad y flujo constante de usuarios. Queda prohibido que los estacionamientos o depósitos tengan frente hacía la vía pública, salvo el ingreso y egreso de vehículos, el cual estará prohibido en los frentes de las calles que conecten directamente con rampas de acceso y egreso a la autopista.
– Se deberá garantizar la instalación de equipamiento de sustentabilidad social priorizando los Centros de la Mujer y los centros de atención de personas en situación de calle por cada Comuna en la cual se encuentre localizado un predio o tramo compuesto por varios predios objeto de concesión.
– Se deberán instalar baños públicos en cada predio o tramo compuesto por varios predios objeto de concesión.
La iniciativa, aprobada en primera lectura en la sesión ordinaria del 27 de septiembre pasado y con su correspondiente Audiencia Pública realizada el miércoles 21 de éste mes, fue votada afirmativamente con 41 votos positivos y 14 negativos de los bloques UC, E, AyL, FIT y MC.
Monumento y nomenclatura en memoria del ex Presidente Alfonsín
La Legislatura aprobó una ley que encomienda al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la convocatoria a un concurso artístico para la realización de un monumento a la memoria del ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Los gastos serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente del presupuesto General de Gastos porteños.
El expediente fue iniciado por los diputados Guillermo Suárez, Ariel Álvarez Palma, María Luisa González Estevarena (VJ) y Juan Nosiglia (E) y obtuvo dictamen único de la Comisión de Cultura que fue aprobado hoy sobre tablas.
Mediante otra ley, se propició denominar «Congreso – Dr. Raúl Ricardo Alfonsín» a la estación Congreso de la Línea «A» de Subterráneos y se dispuso la publicación y cumplir con lo dispuesto en los artículos 89 inc. 3 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de convocatoria a Audiencia Pública. En este caso la iniciativa del particular Diego Capuya y hecha propia por el diputado Guillermo Suárez, contó con despacho único de la Comisión de Cultura y también resultó aprobada sobre tablas.
El Dr. Raúl Ricardo Alfonsín fue el primer presidente constitucional desde la vuelta de la democracia en el año 1983. Asumió el cargo de Presidente de la Nación, significando el fin de los golpes de Estado en la Argentina. Su gestión se ha destacado por la realización del Juicio a las Juntas Militares y por el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, así como por la mejoría en la relación con la República Federativa del Brasil. Enfrentó un momento de suma dificultad al tener que impulsar la consolidación de la democracia, la difusión de ella hacia todos los ámbitos de la sociedad y en la relación con las Fuerzas Armadas, sumado al contexto económico. Falleció a los 82 años de edad, el 31 de marzo de 2009.