Participaron de la reunión funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el obispo auxiliar de Buenos Aires y delegado de la Pastoral de las villas, monseñor Gustavo Carrara
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, presidido por el senador de Jujuy, Guillermo Snopek (Unidad Ciudadana) y, Ricardo Guerra (La Rioja – Frente Nacional y Popular) respectivamente, se reunió hoy para dar tratamiento a la iniciativa impulsada el Poder Ejecutivo y con media sanción de Diputados que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana en barrios populares.
La medida contó con el pleno acompañamiento de todos los bloques y fuerzas políticas.
Para su tratamiento, las y los senadores, recibieron a la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, a la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la misma cartera, Fernanda García Monticelli y al padre y referente pastoral de las villas, Gustavo Carrara.
«Hay una situación de pobreza en Argentina, con 5 millones de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes y esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente, que dialogue con la comunidad y, establecer así, una política pública consensuada desde los diferentes espacios», afirmó Carrara, al iniciar su alocución.
Al solicitar el acompañamiento de las y los senadores, expresó que, » sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible».
A su turno, Fernanda Monticelli, resaltó el apoyo de todas la fuerzas políticas para con el proyecto y la importancia de poder aprobar cuanto antes la medida para aplicar la extensión de los plazos de desalojo, «ya que el próximo 28 de octubre vencen los 4 años de esta ley», informó.
Para finalizar, Miño aseguró que, «esta ley nos permitirá seguir trabajando, llegar a más barrios, continuar con la integración sociourbana y poder llevar más servicios».
También, hizo hincapié, en la celeridad necesaria para la aprobación de la norma y poder ingresar a «los nuevos 1200 barrios en el registro, protegerlos del desalojo, y anotarlos en programas, como por ejemplo, el «Mi Pieza», que es una asistencia económica a mujeres para la mejora y/o ampliaciones de viviendas».
El proyecto dictaminado y venido en revisión, modifica la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, amplía su alcance con la prórroga de la suspensión de los desalojos por diez años, y permitirá nuevos registros de barrios al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
También, busca declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.