Con el aporte de funcionarios nacionales de distintas áreas del Poder Ejecutivo, se realizó la quinta reunión informativa, en el marco de las Comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías, presididas por los diputados del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky, respectivamente.
Respecto al proyecto integral contra la violencia institucional que busca “prevenir y erradicar” estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, destacó: “Es una ley absolutamente necesaria para modificar algunas pautas culturales que generan un andamiaje de violencia en la sociedad”. “Los sectores populares, vulnerables y racializados son los más afectados”, especificó.
Además, la funcionaria manifestó: “Debemos incorporar la mirada de la educación para aquellas personas que van a actuar como auxiliares del Estado”.
Por otra parte, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, se refirió a tres propuestas para incorporar al proyecto sobre violencia institucional. “Tiene que existir un reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes para realizar denuncias por sí mismos; la asistencia y reparación a las víctimas en el nivel de atención psicosocial debe ser por áreas especializadas; y, además, es necesario tener una política de promoción para que las aprehensiones sean en ámbitos especializados”, puntualizó.
Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el comisionado Gustavo Palmieri, expresó que “es fundamental producir los datos que los organismos internacionales reclaman a Argentina en diferentes informes, correspondientes a actos de violencia institucional y tortura”.
Asimismo, su par del Comité Rocío Alconada Alfonsín remarcó la importancia de que “las víctimas de violencia institucional puedan ser querellantes”, y, en ese sentido, aseguró: “Esta es una buena posibilidad para generar esa obligatoriedad y buscar un mecanismo efectivo”.
A su turno, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, explicó: “Poder recibir denuncias sobre estos temas y prácticas lleva a diseñar un mapa que nos va a permitir trabajar sobre esas cuestiones, corregirlas, alimentar los programas de capacitación y diseñar protocolos para evitarlas”.
En tanto, la secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR), Gabriela Torres, señaló la importancia de “buscar estrategias para la formación e información con el fin de llegar a los adolescentes”, al considerar “la necesidad, sobre todo de los jóvenes, para que conozcan cuáles son sus derechos y qué es la violencia institucional”.