Con la presencia de expositores, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, presididas por los diputados del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, retomaron la discusión sobre al proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 24.937, del Consejo de la Magistratura.
En representación de la Asociación por los Derechos Civiles, Alejandro Segarra, hizo hincapié en el proceso de designación de los magistrados, al considerar que “es un tema central”, y que “se debe lograr mayor eficiencia y rapidez en esa elección”.
Y en este sentido, cuestionó: “La ley ha dejado de lado aspectos reglamentarios esenciales que deberían ser discutidos”.
Luego, Sebastián Pilo, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, auguró que “el Congreso este recuperando su función de legislar y regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, pero remarcó: “Debe ser una ley constitucional; debe atender los problemas del funcionamiento del Consejo; y tiene que ser una norma capaz de perdurar en el tiempo”.
Por último, el abogado aseguró que el Consejo de la Magistratura “necesita abrirse a la participación ciudadana”.
A su turno Lorena González Tocci, abogada especialista en Derecho Constitucional, planteó la necesidad de “buscar el mejor modelo institucional posible”, y en ese sentido, consideró que “uno de los problemas del Consejo es cómo se cubren las vacantes”, por lo cual propuso “realizar concursos preliminares y/o anticipados”.
En tanto, el abogado Sebastián Guidi, realizó algunas propuestas para eliminar la politización de los estamentos y enfatizó: “Debemos lograr un equilibrio entre la independencia judicial y la responsabilidad de los jueces con la ciudadanía”.
Finalmente, el abogado y actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que “los académicos deberían ser elegidos por sus pares”.
Además, manifestó la necesidad de que “la escuela judicial debería brindar cursos permanentes de actualización a los jueces, así como también la formación profesional de modo continuo, y la evaluación del desempeño de la justicia”.