En el marco de adecuación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Congreso de la Nación, el Programa de Modernización de la Cámara de Diputados realizó la apertura de un seminario destinado a funcionarios y agentes legislativos en el que se abordaron los alcances centrales de la ley.
Organizado en conjunto con el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), el panel de apertura estuvo a cargo de María Fernanda Araujo, directora de Fortalecimiento de la Democracia en el Ministerio del Interior; Marta Oyhanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA); y Roberto Saba, especialista en derecho de la UBA y la Universidad de Palermo.
En representación de la Cámara baja, estuvo presente en el panel Karina Banfi, diputada nacional de Cambiemos, y Luciana Cañete, asesora legal de la Presidencia de la Cámara.
En el inicio de la jornada. Oyhanarte dijo que según su “experiencia y estudios de campo realizados, sólo el 1% de la ciudadanía reconoce al derecho a la información como intrínseco al desarrollo pleno de la democracia”.
“Esta ley es un enorme avance. En Latinoamérica, sólo Argentina y otros cuatro estados no contaban con este marco regulatorio”, agregó.
A su turno, Roberto Saba, sostuvo que el acceso a la información pública “es clave en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos en la gestión”.
Fernanda Araujo fue la encargada de mostrar la evolución en los procesos de transparencia desde la sanción de la nueva norma. “En la administración pública nacional, sólo en 2016, recibimos 893 pedidos de acceso a la información por parte de la sociedad civil. Y, en este año, hasta agosto ya se equiparó esa cifra”, puntualizó la funcionaria.
En el orden legislativo, la diputada Banfi señaló que “la ley de acceso a la información imprimió un cambio filosófico: la obligación de responder de los funcionarios e instituciones públicas”.
La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, fue sancionada en septiembre de 2016 con el objeto de garantizar ¨el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública¨.
La nueva ley incluye como sujetos obligados a los tres poderes del Estado, entre ellos el Poder Legislativo y sus organismos dependientes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación inició su proceso de adecuación a través de la Resolución de Presidencia 1786/16, creando la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el ámbito de del Programa de Modernización.