Aprueban penalización de la difusión de imágenes o videos no consentidos de contenido sexual.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación le dio dictamen favorable a un proyecto de ley que penaliza la publicación y/o difusión de imágenes no consentidas de desnudez total o parcial y/o videos de contenido sexual o erótico de personas.
La presidenta de la Comisión, Gabriela Burgos, explicó que desde el año pasado se trabajó en asesores en unificar todos los proyectos para lograr este dictamen. Incluso recordó que se convocaron a expertos informáticos, quienes expresaron sus reparos respecto a la media sanción del Senado.
“La media sanción del Senado tenía un error, al expresar la pena adicional que pondría el juez a la persona culpable en caso de no sacar todos las imágenes de la web. En cambio, los especialistas explicaron que es de imposible cumplimiento que el material que ingresa a la web sea retirado”, explicó Burgos.
En tanto, en nombre de la organización Activismo Feminista Digital, Marina Benítez, calificó al acoso virtual como un “delito de género”: “Las víctimas son mujeres, personas trans, bisexuales y queer. Son personas que terminan siendo menoscabadas tanto en la realidad como en el mundo digital”.
Además Benítez propuso modificar el artículo 2 del texto, para que la víctima no tenga que demostrar que el daño por la divulgación de imágenes haya sido “grave”, moción que fue acompañada por los legisladores.
En otro orden temático, la Comisión también avanzó con el proyecto del Ejecutivo por el cual se actualizan montos de la pena de multa previstas en la Ley 23.737 de estupefacientes.
El año pasado se habían modificado algunas multas cuando se aprobó la ley de precursores químicos. “Este dictamen ahora equipara el resto del articulado a unidades fijas, que hasta el día de hoy están en australes”, resumió la titular de la Comisión.
En contraposición, la diputada Victoria Donda reclamó que “es hora de modificar toda la ley de estupefacientes, ya que lo único que ha generado es el crecimiento del narcotráfico”. En este sentido, Donda se manifestó en contra de aumentar penas en tenencia para consumo personal.
El diputado Rodolfo Tailhade también se opuso al proyecto, al que calificó como un “parche” de la ley de estupefacientes. A su vez, rechazó que “las multas queden a discreción del Ministerio de Seguridad”.
En referencia al proyecto con media sanción sobre suspensión del juicio a prueba, circuló una nota firmada por diversas organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la campaña “Ni una Menos”, donde dan 10 razones para no avanzar con ese texto y desaconsejan autorizar el juicio a prueba en materia de violencia de género.
“Como esta Comisión siempre ha escuchado a las organizaciones y, teniendo en cuenta que es un tema tan importante como la violencia de género, invitaremos a especialistas y a las organizaciones para que las diferencias sean resueltas aquí”, adelantó Burgos, aunque remarcó que la media sanción está basada en un fallo de la Corte Suprema.
Asimismo, la Comisión aprobó siete tratados bilaterales firmados entre Argentina y Rusia, El Salvador, Ecuador, Colombia y Bolivia en materias penales, de asistencia legal e investigación de delitos internacionales.
DEBATE SOBRE TRATADO INTERNACIONAL CONTRA EL CIBERDELITO
En la misma jornada y en reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación Penal, presididas por Cornelia Schmidt Liermann y María Gabriela Burgos, respectivamente, se analizaron distintas posiciones de especialistas respecto al proyecto de ley que establece la adhesión de la Argentina a la Convención de Budapest para la lucha contra el ciberdelito.
Marcos Salt, penalista y procesalista, especialista en delitos informáticos y asesor en el ministerio de Justicia, destacó “la importancia de adherir al Convenio de Budapest, debido a que el intercambio de información internacional es fundamental para la investigación de este tipo de delitos”.
En ese sentido, agregó que “de aprobarse el proyecto, ratificado por gran cantidad de países, esa herramienta brindará un marco integral de cooperación en ciberdelito, además de evidencia digital en cualquier proceso penal”.
En otro orden, Enrique Chaparro, secretario de la Fundación Vía Libre, centró su exposición en los reparos que distintas naciones le hacen a la Convención en debate. “No tenemos estadísticas que certifiquen que esta convención haya influido en una mejora sustantiva en la prevención de los delitos de los que se ocupa”, dijo. Y consideró que “el Congreso debería tomarse más tiempo para analizar si tiene sentido adherir a este marco jurídico internacional”.
El Convenio de Budapest, adoptado el 23 de noviembre de 2001, es el primer tratado supranacional sobre delitos informáticos y busca estandarizar las legislaciones nacionales y los protocolos y técnicas de investigación para impulsar la cooperación internacional en temas como las estafas informáticas, la distribución de pornografía infantil, las infracciones vinculadas a la propiedad intelectual y los atentados contra la integridad del sistema.
Cabe recordar que este proyecto cuenta con media sanción del Senado y está próximo a ser tratado en la Cámara baja, luego de un largo proceso de debate que funcionarios de distintos ministerios, organismos nacionales, embajadas y representantes del sector privado, vienen impulsando para realizar un tratamiento integral de esta problemática que afecta la seguridad internacional.