En una reunión informativa de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Finanzas y Legislación General, presididas por los diputados Oscar Macias, Eduardo Amadeo y Daniel Lipovetzky, respectivamente, comenzó el tratamiento del Régimen de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación.
En su exposición, Cabrera habló de uno de los tres proyectos de ley que se desprendió del DNU de desburocratización y simplificación del Estado (27/2018) y se refirió a la ley de emprendedores, la implementación de registros públicos digitales que simplifiquen los trámites y facilidades para las pymes.
El ministro sostuvo que “hay que impulsar la digitalización de la economía. Lo que estamos haciendo con el fondo estatal emprendedor es ampliar los beneficios a pymes que quieren crecer y desarrollarse y que aún no lo han podido hacer”, señaló.
En ese sentido, explicó: “El fondo estatal de garantías tiene que ver con poder dar garantías a las pymes sin que formen parte de la SGR, sin necesidad de ser socio se diversifican, y no es necesario una contragarantía por parte de las pymes”.
El ministro sostuvo que “en Argentina hay 850 mil pymes de las cuales sólo 150 mil acceden al financiamiento; por eso es muy importante la modificación del fondo”.
Asimismo, aseguró: “Todo el sistema de garantías recíprocas financia alrededor de 13 mil pymes en Argentina; queremos hacer esta modificación para que en cuatro años abarque a 100 mil pymes”.
Además, el ministro planteó una redefinición respecto al registro de pequeñas y medianas empresas para que sea “más simple y flexible” y sostuvo que “la redefinición del registro pyme les permite acceder a beneficios, préstamos y subsidios”. En ese sentido, remarcó que “con el simple hecho de registrarse como pyme ya va a estar categorizado y por lo tanto con eso se simplifica el trámite”.
En la reunión conjunta de la cual participaron, además, varios funcionarios del ministerio de Producción, Cabrera adelantó que el registro de sociedades pasará a la órbita del ministerio de Justicia, y ya no dependerá de la Inspección General de Justicia (IGJ)”.
Por otro lado, defendió que las cuentas sueldo puedan embargarse aunque reconoció que “es un tema polémico; lo hacemos porque creemos que es positivo para la inclusión financiera”. puntualizó el ministro.