En una reunión conjunta, las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda, comenzaron a debatir sobre el proyecto de Ley que prevé la reforma de la actual norma que regula la competencia.
Para poner luz sobre los principales lineamientos de la propuesta expusieron Esteban Greco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; Diego Petracolla, su antecesor en el cargo; y los empresarios, Eduardo Batista y Víctor Fera.
Esteban Greco, explicó los principales ejes que propone el proyecto, entre los que se destacan: la creación de una autoridad nacional de la competencia, con carácter autónomo del Poder Ejecutivo; la incorporación de programas de clemencia, para combatir la cartelización; nuevas sanciones y topes de multas; y, el control de la concentración económica que se da con la fusión o adquisición de empresas.
En este sentido, Greco, sostuvo que: “Esta ley viene a saldar una deuda de muchos años” porque “la legislación actual obstaculiza las inversiones y el nivel de sanciones es muy bajo“. Asimismo, destacó que “la política de defensa de la competencia fue jerarquizada, es una prioridad de este gobierno”.
A su turno, Diego Petracolla indicó: “Uno de los objetivos de esta ley es sancionar las conductas anticompetitivas, sobre todo, la cartelización”, al tiempo que precisó que “las diez recomendaciones que nos hizo la OCDE en 2006 están incluidas en el proyecto que pretende mejorar el sistema de defensa de la competencia en sintonía con la región y el mundo”.
Por su parte, uno de los autores de la nueva norma, el diputado nacional Mario Negri, sostuvo que: “Con estos cambios evitamos que entre cuatro se pongan de acuerdo para manejar un mercado entero, poniendo precios, haciendo uso de una posición dominante, sin que puedan competir entre las empresas”.
El legislador enfatizó que: “estamos favoreciendo la competencia, no eliminándola como algunos creen”, y desafió: “Si queremos ser un país en serio, debemos estar predispuestos, tenemos que tener instituciones estables, que las decisiones no dependan de un funcionario que tiene una pistola en la mesa, que elige entre amigos o enemigos, hijos y entenados”.
SOBRE LAS SANCIONES QUE PREVÉ EL PROYECTO
Esteban Greco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puntualizó que el proyecto de ley estipula multas de hasta 3.000 millones de pesos ajustables por el Índice de Precios al Consumidor, “lo que constituye uno de los mayores aspectos para enfrentar los casos de abuso de posición dominante o cartelización”, aseguró.
El texto, además, contempla tres tipos de sanciones disuasivas: el del beneficio ilícito, sancionando con un tope de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva; el porcentual, de hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto o hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio.
Por último, establece el criterio Monetario mencionado en el primer párrafo: una multa de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalente hoy a $3.000 millones ajustables por IPC).