Un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General comenzó el debate de un proyecto que modifica la ley 27.453 de régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana.
El plenario recibió a funcionarios y a referentes barriales que explicaron los principales argumentos de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.
En primer lugar, Fernanda García Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, del ministerio de Desarrollo Social, recordó que “hasta el año 2016 no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación sobre acceso a servicios”.
“Las organizaciones sociales realizaron un acuerdo con el gobierno nacional para relevar por primera vez los barrios populares de Argentina. Eso arrojó la existencia de 4.416 barrios populares”, añadió.
En ese marco, García Monticelli recordó la sanción de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares, aprobada por unanimidad en octubre de 2018. “Con este espaldarazo se empezó a trabajar en Plan de Integración socio-urbana, basado en cinco pilares: integración urbana, vivienda, integración social y productiva, acceso al suelo, gobierno abierto, transparencia y gestión popular”, explicó.
Asimismo, la funcionaria destacó que actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios como parte de la generación de nuevo suelo urbano y 1.437 construcción de viviendas para relocalización. Además, hay más de 670 mil personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163 mil puestos de trabajo.
El proyecto de ley en análisis busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, la prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años). Del mismo modo, el proyecto busca declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Presente en la reunión, Gustavo Carrara, sacerdote y obispo auxiliar de Buenos Aires para la Pastoral en villas, respaldó la iniciativa y consideró que “si trabajamos por la integración de los barrios populares vamos a estar trabajando porque baje realmente la pobreza y la indigencia en la Argentina”.
“Si no hay una presencia inteligente del Estado, que dialogue con la comunidad, avanza la criminalidad organizada -dijo- Algo que nos preocupa es el crecimiento del narcotráfico, en los barrios populares esto está asociado a la trata de personas. Cuando abordamos la integración de los barrios, estamos abordando muchas cuestiones al mismo tiempo”.
Lilia Calderón, referente de la Mesa Nacional Barrios Populares de Río Negro, manifestó que “venimos a pedir el acompañamiento” de la norma. “Tenemos poco tiempo, hay barrios que están esperando, con amenaza directa de la justicia por desalojos”, advirtió.
Araceli Ledesma, referente comunitaria y promotora de integración socio-urbana, también defendió la ley 27.453 y “el trabajo genuino que se ha logrado en los barrios a través de las obras”.
“Necesitamos que se frenen los desalojos, poder darle esa seguridad porque hay muchas familias que nos preguntan día a día. Es horrible que no puedan dormir pensando que van a quedar en situación de calle”, reclamó Ledesma en el plenario.
