EXPUSIERON FUNCIONARIOS DE JUSTICIA. TAMBIÉN SE DEBATIÓ LA DEROGACIÓN DE UNA CÁMARA DE APELACIONES EN SANTA CRUZ.
Presidida por el diputado Diego Mestre, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación avanzó en la discusión de proyectos de ley de transferencia de facultades y funciones judiciales a la CABA.
Como parte del temario, se debatieron dos proyectos sobre la aprobación del Convenio Interjurisdiccional de Transferencia de la Justicia Nacional en las relaciones de consumo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la aprobación del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia – IGJ -.
En este marco, expusieron los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Garat, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal; Javier Wajntraub, director nacional de Modernización Judicial y Marcelo Treguer, coordinador de la Dirección Nacional de Modernización Judicial.
Dichos textos, según adelantó el titular de la Comisión de Justicia, serán dictaminados en la próxima reunión del cuerpo legislativo.
Asimismo, se debatió un proyecto del diputado Pablo Tonelli que busca derogar la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz. “El presente proyecto de ley tiene por finalidad la supresión de un tribunal aún no habilitado y respecto del cual resulta necesario efectuar una evaluación integral”, expresa el texto en los fundamentos.
El jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal respaldó la iniciativa de Tonelli y consideró que “Piedra Buena no parece una buena opción, al menos desde la perspectiva de acceso a la justicia y conectividad”.
Esta iniciativa tuvo el rechazo de los diputados del Frente para la Victoria, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, quienes denunciaron que la Cámara de Apelaciones en Piedra Buena está “paralizada” en el Consejo de la Magristratura desde hace tres años. También argumentaron que se trata de una “política discriminatoria” hacia la Patagonia.