Presidida por la diputada nacional Mónica Fein (Socialista), la comisión de Acción Social y Salud Pública también avaló, entre otras, una iniciativa que busca establecer procedimientos médico- asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.
Al inicio de la reunión, se pasó a la firma el proyecto de ley en revisión sobre la creación del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina, cuya finalidad es instaurar el sistema único de registro historias clínicas electrónicas.
Al respecto, la diputada tucumana Rossana Chahla (FdT) destacó la norma para “ser eficientes cuando aplicamos la tecnología en salud”.
En ese mismo sentido, Daniel Gollán (FdT) afirmó que “vamos a avanzar en calidad de atención y en abaratamiento”, al tiempo que instó a “trabajar en la informatización del conjunto del sistema de salud”. Ana Carla Carrizo (UCR) señaló que “para los niños, niñas y adolescentes es un sistema de protección clave”. Al acompañar la iniciativa, Silvia Lospennato (PRO) indicó que “no alcanza con sancionar la ley, sino que hay que hacerle un seguimiento al cumplimiento”.
Luego, los legisladores avalaron el proyecto de ley que tiene por objeto establecer procedimientos médico- asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Al defender la norma, Paola Vessvessian (FdT) expresó que “nos genera derechos, obligaciones y un cambio de andamiaje instruccional a todo lo que tiene que ver con las prestaciones públicas y privadas, y con el acompañamiento psicosocial”.
También, se firmó la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado por el cual se modifica el artículo 1° de la Ley 26.279 que crea el Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, incorporando la detección de cardiopatías congénitas asintomáticas detectables por oximetría de pulso.
Asimismo, se emitió dictamen, luego de unificar tres iniciativas, al proyecto de ley cuyo fin es garantizar la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz en niñas y niños, incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO) las prestaciones necesarias.
Rubén Manzi (Coalición Cívica) explicó que “la pandemia dejó un aumento de la pubertad precoz, lo que genera no solo una tormenta hormonal a destiempo, sino también un impacto físico en todos sus sistemas”. “El proyecto apunta a que el Ministerio de Salud de la Nación garantice el
tratamiento para esos niños que lo padecen”, detalló y en al respecto, subrayó que “es un acto de justicia, reparatorio”.
En la continuidad, se dio el visto bueno al proyecto sobre capacitación obligatoria de la comunidad educativa sobre primeros auxilios y técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La norma modifica el artículo 2 de la Ley N° 26.835. El texto final se alcanzó luego de unificar varias iniciativas.
Como autora de uno de los proyectos, la diputada Soledad Carrizo (UCR) valoró la norma porque “el mayor riesgo de paro cardíacos está sucediendo en ámbitos extrahospitalarios”. “De nada vale tener la herramienta o equipamiento sino tenemos la posibilidad de su rehabilitación en el momento en que se necesita”, ponderó.
AVANZA UN PROYECTO QUE AGILIZA EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y UNA LEY DE DIAGNÓSTICO HUMANIZADO
Fueron debatidos en el plenario de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública.
Un plenario de las Comisiones de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública avanzó esta tarde en un proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, en relación al Certificado de Discapacidad. Además, se debatió una ley de diagnóstico humanizado que cuenta con media sanción.
En primer lugar, el plenario pasó a la firma un dictamen que establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se expedirá “con o sin fecha de vencimiento” y la Agencia Nacional de Discapacidad, encargada de su emisión, “deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento”.
El objetivo es remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad. En este sentido, de convertirse en ley el proyecto, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no deberá renovarse y mantendrá plena vigencia y validez desde la fecha de su emisión en aquellos casos en los que se determine la existencia de una discapacidad funcional permanente e irreversible.
La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) explicó que se presentaron siete proyectos sobre el tema. “Es un proyecto que atraviesa todas las provincias y muchísimas familias argentinas, es intergeneracional. Son familias que están atravesadas por una vida un poco más difícil: convivir y llevar una vida con personas con discapacidad”, explicó.
“La clave para vivir mejor es el Certificado Único de Discapacidad y ha sido un aprendizaje cómo hacerlo mejor”, añadió Carrizo, quien dijo que el objetivo es “hacer más fácil lo que es difícil” y que el dictamen “involucra a todos los protagonistas”.
Por su parte, la diputada Graciela Caselles (Frente de Todos) coincidió en que “hemos dejado la puerta abierta a que se cumplan todos los derechos, desde facilitar los trámites, desburocratizar y facilitar caminos en una vida tan difícil como lo es enfrentar una discapacidad”.
La diputada Victoria Morales Gorleri (PRO) destacó el diálogo entre las distintas fuerzas políticas para que “el CUD sea un certificado que pueda o no ser renovable”. “Estamos dando un paso muy importante y me sumo al pedido de poner el recinto cuanto antes este dictamen que tanto esperan las familias argentinas”, dijo.
El diputado Eduardo Valdes (Frente de Todos) detalló que se calcula que “en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD”. “Que todos puedan acceder al CUD es comenzar a tener derechos”, dijo, al mismo tiempo que reclamó “fortalecer el presupuesto para las personas con discapacidad”.
Por otro lado, el plenario también avanzó con un proyecto de ley con media sanción por el cual se garantiza la contención y acompañamiento de las personas que reciban un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.
El objetivo es que los profesionales de la salud provean a los progenitores de información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronostico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con Síndrome de Down y sus familias.
La diputada Soledad Carrizo (UCR) dijo que “el diagnóstico humanizado es una herramienta que otros países tienen, por eso es sumamente necesario que Argentina avance, para regular la relación entre los pacientes y los profesionales”.
El diputado Daniel Gollán (Frente de Todos) se preguntó “cómo hacemos para quien no cumple la ley” y reclamó “algún grado de punición, sino la ley se vuelve letra muerta”.
Del mismo modo, la titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein, celebró el avance del proyecto: “Firmamos este dictamen y vamos a aportar un poco más de humanidad al sistema de salud y a todos los que trabajan en él”.
