El proyecto declara “de interés nacional” al mercado de capitales y a su desarrollo como actividad estratégica y fundamental para el crecimiento del país y la creación de empleo”.
El gobierno nacional confía en que se apruebe antes de fin de año el proyecto de ley que “apunta a corregir el sesgo especulativo del mercado de capitales y transformarlo en una herramienta de desarrollo económico de largo plazo”, definieron este jueves funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
El secretario Luis Caputo y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, harán el martes próximo la presentación formal de la iniciativa enviada en la noche del miércoles a la Cámara de Diputados, durante una reunión conjunta de tres comisiones: Finanzas, Presupuesto y Legislación General.
Aunque inicialmente trascendió que el proyecto iba a ser incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, los funcionarios de Hacienda y Finanzas Públicas estimaron que “los tiempos dan” para obtener la norma a fines del mes próximo.
“No tenemos financiamiento en moneda local a mediano y largo plazo en las últimas décadas, y el proyecto apunta al crecimiento sostenido al atraer actores, facilitar el financiamiento de las PyMEs a tasas más bajas y sortear los impactos de eventuales shocks externos”, dijeron las fuentes oficiales.
Agregaron que «deben generarse los productos necesarios para salir de los esquemas tradicionales y superar las vías a las que recurren los inversores para mantener sus ahorros».
Sobre las ventajas de contar con un mercado de capitales más fuerte, mencionaron el caso de Brasil, donde las recientes turbulencias políticas y los problemas económicos no afectaron la estructura de financiamiento de las empresas.
El proyecto, añadieron los voceros, apunta a convertir a la CNV en un “regulador sólido, con foco en la protección a los inversores al mitigar el riesgo sistémico, reducir el efecto de la volatilidad y garantizar la idoneidad de los reguladores”.
Los funcionarios justificaron además la modificación del artículo 20° de la actual ley 26.831 -que desde 2012 faculta a la Comisión de Valores para intervenir en las empresas, cuando “fueren vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores”-, a la vez que remarcaron que el organismo “no sacrifica derechos ni perderá poder de fiscalización”.
La iniciativa gubernamental corrige, por otra parte, el tratamiento fiscal de los fondos comunes de inversión cerrados, a fin de que la contribución impositiva la hagan los titulares y no el instrumento creado para canalizar fondos del blanqueo.
El capítulo orientado a las PyME, en tanto, alienta un cobro inmediato de las facturas mediante cheques de pago diferido, pagarés y otros títulos negociables en el mercado de capitales.
Otros puntos del proyecto aluden a la regulación de la actividad de bancos de inversión, encuadrados como agentes administradores de productos de inversión colectiva; y al retorno del fuero Comercial, en vez del Contencioso Administrativo, como era usual hasta la reforma de 2012.
Del mismo modo, las fuentes confiaron en el potencial de los fondos comunes, tanto abiertos como cerrados, para constituirse en instrumentos aptos para ahorristas y empresas pequeñas y medianas.