La norma busca penalizar actos de corrupción de las empresas y otras personas jurídicas
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó por 144 votos afirmativos, 6 votos negativos y 31 abstenciones, el proyecto que establece un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas.
Como miembro informante del proyecto, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal, recordó que la iniciativa fue enviada originalmente por la Oficina Anticorrupción, aprobada con cambios en Diputados y modificada en el Senado.
Las modificaciones realizadas por la Cámara alta extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.
Además, el Senado estableció un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza. En cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.
“Esta ley va en sintonía con los países del mundo que modifican sus legislaciones para atacar la corrupción utilizando personas jurídicas”, explicó Burgos.
En tanto, el diputado Daniel Lipovetsky, en nombre del interbloque Cambiemos, dijo que “la Argentina se comprometió internacionalmente a tener esta ley hace 16 años” y reclamó por la ley de extensión de dominio “para recuperar lo que se robaron y devolverlo a la gente”.
“Hoy estamos dando un paso enorme en la lucha contra la corrupción. Si queremos terminar con la corrupción tenemos que sancionar a los funcionarios, a los empresarios y a las personas jurídicas”, resumió Lipovetzky.
Desde el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, adelantó que su bancada se abstendría de votar el proyecto. “Esta ley podría denominarse ley OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Una organización en la que el gobierno está interesado en participar, que pone condiciones para su ingreso”, dijo el diputado del FpV.
El bloque de Unidos por una Nueva Argentina criticó los cambios que hizo el Senado. “Deja librado a que el sistema de punibilidad de las personas jurídicas sea una decisión privada de la empresa y afecte el principio de orden público tal como lo establece el código penal”, resumió Juan Fernando Brügge.
“Esta ley es imperfecta, no tenemos duda que va a ver que modificarla. Insistimos en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y con la ley de extinción de dominio que duerme en el Senado”, agregó.
Asimismo, el diputado Néstor David del bloque Justicialista también consideró que “hay modificaciones negativas donde ha primado la expectativa del sector empresarial, hay algunos salvoconductos que benefician a la empresa corrupta, lo mismo pasa con el tema de las atenuaciones que se ha cambiado por causales de eximición”.
Sin embargo, David manifestó que “estamos dando un paso enorme”. “La sociedad no permite que este país siga embargado en hechos de corrupción. Luchamos con herramientas válidas contra la corrupción. Vamos acompañarla”, sentenció.
El socialismo, en nombre de Alicia Ciciliani, adelantó igualmente su respaldó al proyecto. “Las modificaciones al texto expresan el consenso para penalizar a los empresarios que incurren en corrupción. Eso es un gran avance”, dijo.
En tanto, el Frente de Izquierda manifestó la negativa del bloque a la iniciativa, con duras críticas al proyecto, al considerar que “beneficia a las empresas y a la impunidad”. Proyecto Sur también se sumó al rechazo.
En las leyes actuales las penas recaen sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen responsabilidad por los delitos- pero no sobre las organizaciones, como sí sucede en otros países. La sanción de la ley implicará el cumplimiento del pedido de la OCDE para que Argentina pueda ingresar a dicho organismo.