Mientras la legislatura debate la pertinencia de una medida judicial que demora la aprobación del acuerdo entre el gobierno porteño e IRSA, Larreta otorga más beneficios al inversor inmobiliario para levantar torres en Costanera Sur
El trámite tiene fecha del 9 de agosto y fue enviado por la administración porteña a la Legislatura. Diputados de la ciudad mostraron su preocupación ante la iniciativa al advertir «una ventaja para el desarrollador inmobiliario». El tratamiento del proyecto se encuentra suspendido por la Justicia.
El Gobierno porteño y la empresa IRSA, propietaria de un terreno en la Costanera Sur donde se proyecta la construcción de torres de 45 pisos, firmaron una modificación al convenio urbanístico que habilitó el emprendimiento en la ribera, que contiene cambios en los alcances que tendrá la cesión de tierras al Estado contemplada en el acuerdo.
La addenda al convenio urbanístico, a la que tuvo acceso Télam, tiene fecha del 9 de agosto y fue enviada por la administración porteña a la Legislatura, mientras que algunos legisladores de los bloques de la oposición mostraron su preocupación ante la iniciativa al advertir sobre «una ventaja para el desarrollador inmobiliario».
En rigor, el convenio urbanístico alcanzado el 19 de julio, en su redacción original, dispone el reemplazo de la normativa urbana que rige en las 71 hectáreas del predio situado en la Costanera Sur para habilitar la construcción de edificios de altura y, a modo de contraprestación, IRSA, dueña del predio, entregará al dominio público de la Ciudad una parte de las tierras.
El acuerdo requiere de la aprobación de la Legislatura para entrar en vigencia, no obstante el tratamiento parlamentario del tema está suspendido debido a una orden judicial que determinó que el Gobierno porteño debió realizar una serie de procedimientos -como una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental- antes del envío el expediente a los diputados.
En ese marco, remitió a la Comisión de Planeamiento de la Legislatura el texto que propone cambios a tres cláusulas del convenio original, las que están vinculadas a las figuras jurídicas bajo las cuales se formalizará el traspaso del sector del predio que pasará al Estado porteño.
En el texto anterior, una de las cláusulas establecía que IRSA iba a «destinar para uso público de la Ciudad, una superficie de 483.624 metros cuadrados, lo que representa en 67,53% de la superficie total del predio»; mientras que en la modificación sostiene que «cederá en forma gratuita al dominio público una superficie total de 338.171 metros cuadrados, lo que representa un 47,22% del total».
Al respecto, el legislador porteño del Frente de Todos Javier Andrade, en Twitter, manifestó que «nos desayunamos que Horacio Rodríguez Larreta acaba de firmar una modificación al convenio con IRSA. El nuevo texto consolida las ventajas para el desarrollador inmobiliario y abre la puerta para que IRSA nunca ceda efectivamente la propiedad de la tierra que debe entregar a la Ciudad».
«Es insólito que el Jefe de Gobierno de la Ciudad no cuide los recursos y el patrimonio de todxs lxs ciudadanxs, y se dedique constantemente a gestionar para consolidar los privilegios de los grupos económicos concentrados», agregó.
Por su parte, el presidente del bloque de Vamos Juntos, Diego García Vilas, dijo a Télam que la addenda diferencia la cantidad de metros cuadrados de cada uno de los espacios que quedarán para el Estado porteño a través de «una cesión, una transferencia y la constitución de servidumbre», lo que no estaba especificado en la redacción original del convenio.
Mientras tanto, la Junta de Interpretación y Reglamento de la Legislatura realizó hoy una reunión en modalidad mixta, presencial y virtual, encabezada por su titular, la diputada Cristina García de Aurteneche, en la que se abordó el tratamiento de un temario compuesto por tres expedientes sobre cuestiones de privilegio planteadas en el recinto por los diputados Abrevaya, García de García Vilas y Ocampo, todas referidas a la intervención de un juez en el proceso de formación de leyes.
Tras un debate que reflejó diversas opiniones, quedó a la firma de quienes integran la Junta un despacho que luego se deberá tratar en el recinto de sesiones.