El proyecto fue debatido por Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Comercio; Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda
Un plenario de comisiones emitió despacho con dictamen de mayoría y de minoría sobre el proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia que tiene como objeto “la preservación del interés general económico por medio de la defensa y el fomento de la libre competencia”.
Los proyectos sobre Régimen de Defensa y Promoción de la Competencia y la Creación del Tribunal nacional de la Defensa de la Competencia que habían sido presentados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y por el radical Mario Negri a fines del 2016 fueron unificados.
La norma busca impedir los abusos de posición dominante de los formadores de precios y endurecer las penas contra la cartelización. Al respecto, el miembro informante, Fernando Sánchez, sostuvo que «está ley es necesaria para darle transparencia al mercado».
El diputado nacional añadió las modificaciones pedidas por diversos bloques y aceptadas por el oficialismo sobre la creación de nuevas autoridades y la participación del Senado en su elección, entre otros puntos.
Además, la propuesta de Mario Negri, que también lleva la firma de los diputados Fernando Sánchez, Miguel Bazze, Jorge D’Agostino y María Soledad Carrizo, establece sanciones económicas a los que incumplan la ley.
También se crea el Tribunal nacional de la Defensa de la Competencia que tiene como fin impedir los abusos de posición dominante de los formadores de precios e impedir los acuerdos entre competidores.
En referencia a los integrantes del Tribunal, el diputado nacional Daniel Lipovetzky manifestó el «apoyo al proyecto» ya que «la reforma es un gran avance para luchar contra los monopolios», pero señaló: «Planteamos una disidencia parcial respecto a los integrantes del Tribunal nacional de la Defensa de la Competencia, ya que consideramos que todos deben ser abogados, porque van a resolver cuestiones de derecho».
La norma sostiene que el Tribunal será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley. Este organismo estará integrado por cinco miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el cargo.
A su turno, Diego Bossio expresó que «es una Ley que viene a profundizar los mecanismos en defensa de la competencia». Y respecto al Tribunal nacional de la Defensa de la Competencia añadió: “Creemos que es necesaria la participación del Congreso, principalmente del Senado, en el proceso de designación de los integrantes».
Luego, el legislador Marco Lavagna recalcó: «Es una deuda que teníamos pendiente y es bueno que renovemos la ley que ya existe y fue sancionada en 1999”. En representación del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, agregó: «Vamos a presentar un dictamen propio para poder incorporar la propuesta de la ley de góndola por el cual se deben poner todos los productos y no los de una sola marca”.
Asimismo, desde el Fpv-PJ, Julio Solanas y Juan Cabandié expresaron su disidencia parcial.
Por su parte, el Frente de Izquierda, representado por Juan Giordano y Pablo López, rechazó el proyecto y presentó un dictamen de minoría.
Sobre el cierre del debate, la titular de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, María Liliana Schwindt, ponderó el proyecto de ley: “Es una herramienta para transparentar al mercado y, sobre todo, defender a los usuarios”.