Este miércoles también se reunieron las comisiones de Discapacidad; Seguridad Interior; Legislación Penal; Presupuesto; Mujeres y Diversidad; DD.HH; Salud y PyMEs
LA COMISIÓN DE ACCIÓN Y SALUD PÚBLICA CONVOCA A REUNIÓN INFORMATIVA A LA MINISTRA DE CAPITAL HUMANO
Sandra Pettovello fue convocada a una reunión informativa para el martes próximo. Además, debatieron proyectos de resolución que solicitan informes al ministerio de Capital Humano.
La Comisión de Acción y Salud Pública, presidida por Pablo Raúl Yedlin (UxP), realizó una convocatoria a una reunión informativa a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello para el martes próximo.
“Hemos pedido que la ministra venga el martes 11 a esta comisión para responder preguntas», expresó el titular de la comisión. «Si ella no pudiera por cuestiones de agenda, le solicitaremos nos indique qué día de junio podría acercarse y en que horario», concluyó.
Además, se abordaron proyectos de resolución que solicitan informes al ministerio de Capital Humano.
En ese sentido, Mónica Fein (HCF), autora de una de las iniciativas, explicó que «el proyecto que acompañamos tiene que ver con un pedido de informe sobre alimentos almacenados, stock, el proceso de entrega, entre otros puntos, porque nos encontramos con un debate sobre cómo garantizar que los alimentos lleguen a los que más lo necesitan». Y concluyó: “Sería muy importante que la ministra concurriera porque es importante discutir cuál es la política que va a llevar adelante».
En sintonía, Daniel Gollán (UxP), señaló que «no hay que tomarse este tema a la ligera, el gobierno debe informar con veracidad para que no queden sospechas».
Por su parte, Carla Carrizo (UCR), dijo que «la política de alimentos que comienza en 2002 cumplió un ciclo, basta del enfoque tutelar”. Y puntualizó: “Celebro que esta comisión este a disposición de la ministra”.
Entre otros temas, los legisladores solicitaron informes sobre la distribución de alimentos a comedores populares, la entrega de medicamentos por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) para pacientes en situación de vulnerabilidad, los convenios firmados por el ministerio de Capital Humano con diferentes organismos internacionales.
DERECHOS HUMANOS RECONOCIÓ LA MUESTRA “REALIDAD HELICOIDE” Y REPUDIÓ EL CRIMEN DE BARRACAS
Se escuchó el testimonio de dos ex detenidos del centro de tortura “Helicoide” de Venezuela. Además, se emitió dictamen para repudiar el crimen de odio de tres mujeres lesbianas en Barracas.
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), emitió dictámenes sobre el proyecto que reconoce la muestra “Realidad Helicoide” y para repudiar el crimen de odio de tres mujeres lesbianas en Barracas.
“Todos los que tuvimos la posibilidad de ver como es el Helicoide entendemos la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se producen en su interior”, expresó Ajmechet.
En ese sentido, la comisión recibió los testimonios de Víctor Navarro y Antony Gabriel Vegas Hernández, ex presos del Helicoide.
Víctor Navarro, es director del proyecto “Realidad Helicoide” que permite observar mediante realidad virtual cómo se vive en el centro de tortura más grande de Venezuela. Estuvo preso en el Helicoide acusado de terrorismo en 2019. En esta ocasión, Víctor Navarro relató, mediante un testimonio grabado, todo lo que vivió durante su detención.
Antony Gabriel Vegas Hernández fue detenido en el Helicoide acusado de intentar asesinar a un diputado en 2014. “Lo único que no han podido quitarme es mi voz, fui secuestrado por la policía de Caracas en 2014”, expresó.
“Gracias por llamarnos a la conciencia, Argentina tiene una deuda con Venezuela”, señaló la diputada Karina Banfi (UCR), autora de uno de los proyectos que propone declarar de interés de la Cámara de Diputados la muestra “Realidad Helicoide” de la ONG Voces de la Memoria.
Además, los legisladores aprobaron tres proyectos de declaración que expresan repudio al crimen de odio que sufrieron dos parejas de mujeres en Barracas. “Es oportuno tratar estas iniciativas porque estamos en un momento complejo”, expresó Esteban Paulón (HCF). “Hay que construir la posibilidad de vivir en una sociedad plural y diversa”, concluyó.
En el mismo sentido, Silvia Lospennato (PRO) celebró que «seamos capaces de encontrar un gran consenso democrático en lo que no estamos dispuestos a dejar pasar en esta sociedad, como es la violencia y los crímenes de odio».
Por La Libertad Avanza, Nadia Márquez (LLA), señaló que “hemos acompañado este proyecto con disidencias en algunos puntos, justamente, para no desvirtuar el eje central». «Todos estamos en contra de la violencia y la discriminación», concluyó.
Desde el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca acompañó el repudio y solicitó que “se invite a las organizaciones para conocer la realidad que viven los colectivos LGBTIQ+».
Por último, la comisión concluyó con la designación de sus autoridades: Matías Molle (UxP), ocupará el cargo de secretario.
REPRESENTANTES DE PYMES APOYARON PROPUESTAS EN BENEFICIO DE SU ACTIVIDAD
La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que dirige la diputada Mónica Fein (HCF), recibió a la Unión Industrial Argentina (UIA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Industriales Pymes Argentinos (IPA), entre otras, quienes expusieron sobre la necesidad de una ley que respalde al sector y el diagnóstico del sector.
El primero en exponer fue Diego Leal, pro-tesorero 2° de la Unión Industrial Argentina (UIA) quien realizó un diagnóstico sectorial y subrayó la necesidad de una nueva ley pymes que “sea superadora”. “Hay condiciones necesarias pero no son suficientes, necesitamos seguridad jurídica, un Estado competitivo y nos referimos a los tres estados” porque “cargan su ineficiencia a través de impuestos y tasas”. A su vez, destacó los “desafíos estructurales como la alta carga impositiva y burocrática; bajo acceso al financiamiento; bajo nivel de exportaciones (que está en decadencia), y normas en aspecto laboral que no se condicen con la pequeña y mediana empresa”.
Por su lado, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), explicó que “en el sector industrial pyme nos sentimos vulnerables ante la situación que estamos atravesando, no tenemos manera de salir adelante en un espacio donde estamos realmente muy complicados por la falta de competitividad en la industria”.
Silvia Sioli de Torres Carbonell, directiva de ASEA, calificó como “obvio que necesitamos más y mejores empresas. Las pymes necesitan recreación e innovación y las que existen necesitan que les saquemos las piedras de su camino”. “Hoy tenemos más de 40 mil emprendedores desde lo más tecnológico hasta un emprendedor que hace empanadas” -aportó- y enumeró los cinco puntos de compromiso en la campaña “1 millón de empresas x 1 millón de nuevos empleos”: Una moneda fuerte y estable, resolver juicios laborales, menos trámites e impuestos, desregulación económica y defensa de la competencia.
En tanto, Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), comentó las “excesivas regulaciones y dificultades para acceder al financiamiento y la industria del juicio que llevan a la quiebra a cualquier pyme”. “La justicia trata de proteger al trabajador pero no está teniendo en cuenta cuando cierra una pyme están quedando afuera del sistema el resto de los trabajadores. La lógica y el criterio tienen que ser mucho más importantes que las frías leyes”, aseveró.
Luciano Galfione, presidente de Fundación Protejer, remarcó que: “es importante dimensionar el tamaño que tiene la cadena de valor textil e indumentaria, tiene una fuerte contribución al empleo y un desarrollo federal. Hoy estamos atravesando una crisis por una fuerte caída del mercado interno”. Asimismo, solicitó “avanzar en forma urgente en una agenda de contingencia para atravesar la situación actual que contemple medidas de moratoria; alivio fiscal para pago de impuestos; escalonamiento de aumento de tarifas para pymes electrointensivas, o bien financiamiento para capital de trabajo. También medidas de compensación del ingreso y consumo interno”.
Participaron, además, María Agustina Briner, directiva de UIA; Esteban Wolf, integrante de la Comisión directiva de ASEA; Luis Veralli, secretario de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y afines.
REFERENTES EN TEMÁTICAS DE GÉNERO EXPUSIERON EN LA COMISIÓN DE MUJERES Y DIVERSIDAD
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa para analizar los efectos y consecuencias del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos y el DNU 70/2023.
La diputada Mónica Macha (UxP), titular de la Comisión, explicó que “nos parece importante escuchar cuáles son los efectos del DNU 70/2023 y la ley Bases, poner en palabras cuáles son los estragos y las consecuencias que estas políticas está generando en distintos espacios de la población”.
Según explicó Macha, los ejes de la reunión informativa abordaron el plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), la situación de las jubiladas y las cocineras de comedores comunitarios, y la diversidad.
En primer lugar, expuso Gabriela Bauer, pediatra del Hospital Garrahan y especialista en salud y niñez.
Bauer se refirió al Plan ENIA y explicó que “contó con un consenso social muy fuerte, se basó en evidencia y detectó el problema de entrada, se ocupó de las inequidades y contó con una perspectiva de Estado garante”. “El presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva disminuyó en un 38%, se despidieron 619 trabajadores del ENIA que estaban en los territorios y se recortaron todos los procesos para la distribución de anticonceptivos”, argumentó.
Posteriormente, Mónica Revelli, miembro de la organización Adultos Mayores de la Ciudad, manifestó que “las jubiladas no pueden pagar los alquileres, sienten que son una carga para sus hijos, pierden su autonomía mientras se les escurren los derechos”. “Todo esto sucede en una etapa en la que deberían tener seguridad, bienestar y tranquilidad”, añadió.
Nora Biaggio, docente jubilada y dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados, dijo que la ley Bases es “contra los trabajadores, las mujeres, los jubilados, los desocupados y la juventud que condena al trabajo precario”.
En tanto, Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), explicó que “en la rama socio comunitaria del movimiento el 95% somos mujeres, realizamos un trabajo de cuidado, en nuestros comedores, en nuestras ollas, en espacios deportivos e infantiles”. “Nosotros construimos una red de cuidado en nuestros barrios, no solo alimentando, sino construyendo herramientas, pedagogía y estrategias”, resumió Zarza.
Por su parte, María Rachid, referente de la Federación Argentina LGBT, dijo que “tanto el DNU 70/2023 como la ley Bases implican la retirada del Estado como garante del acceso a todos los derechos”. “El DNU tiene la voluntad explícita de avalar la discriminación en Argentina”, sostuvo, antes de defender “la importancia de la existencia del INADI”.
PLENARIO CONTINUÓ DEBATIENDO SOBRE EL ABORDAJE INTEGRAL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, que presiden los diputados nacionales del PRO Laura Machado y José Núñez, respectivamente, donde diversos actores hablaron sobre el proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, sobre el abordaje integral del crimen organizado.
El intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, abogado y profesor Universitario, vía zoom, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.
Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el Intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.
En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.
En tanto, el Intendente de Rosario instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.
Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.
Al describir cómo se tramitan las causas en el fuero federal y de la fragmentación de los hechos, Enrique Andrés Font, profesor titular interino de Criminología y docente investigador categoría I, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Rosario, manifestó que “el anteproyecto que está en discusión no es realmente una ley antimafias, sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados que organizados”.
Sobre el proyecto en sí, Font aclaró que “no hay casi preocupación por la participación del estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafias”. “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar que hacemos con las poblaciones penitenciarias”, criticó.
Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.
Gabriel Ganón, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología, y ex Defensor General de Santa Fe, analizó que “uno de los problemas que debemos resolver es que la determinante del crecimiento de la violencia en Rosario ha sido, necesariamente, el pésimo funcionamiento de la administración de justicia, que continúa funcionando de esta pésima manera, dejando impune 7 de cada 10 homicidios que se cometen”.
“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS EXPUSO EN PLENARIO DE DIPUTADOS
El funcionario Juan Pablo Allan brindó detalles del proyecto de ley sobre regulación de armas de fuego y prórroga del Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego –Ley N° 26.216–
Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal, y la de Presupuesto y Hacienda, presididas por los diputados nacionales José Núñez, del PRO, Laura Rodríguez Machado, del PRO, y José Luis Espert, de La Libertad Avanza, respectivamente.
Durante la reunión, expuso sobre la temática el director de la Agencia nacional de Materiales Controlados, el doctor Juan Pablo Allan. “Este proyecto contiene dos partes bien diferenciadas: una primera parte, que establece un plan de regularización de armas; y la segunda, establece una prórroga a la entrega voluntaria de armas, que consideramos absolutamente necesario, la cual estimamos que sea prorrogada por cuatro años en vez de los dos actuales”, explicó al comienzo.
En tanto, enumeró algunas de las herramientas necesarias para la registración de las armas, destacando la digitalización, la eliminación de barreras burocráticas, reducción de plazos y un proyecto de regularización de armas. “El plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en Argentina es un sistema registral robusto y exigente, pero ha perdido eficacia y hoy el Estado argentino tiene dificultades para obtener buena información”, sostuvo el funcionario.
Sobre la prórroga a la entrega voluntaria de armas, afirmó que “es un programa eficaz y necesario en muchas regiones del país como política, donde también la justicia nos ha pedido reiteradamente que lo sancionemos lo más rápido posible, porque sirve en cuanto a bajar la circulación de armas ilícitas”.
En ese sentido, especificó que solicitan cuatro años en lugar de dos porque “este es el cuarto bache que tenemos en la historia de la ley, que lleva seis meses sin funcionamiento del programa, que como vieron en los números es importante”. “Necesitamos continuidad en el tiempo”, resaltó.
“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.
Por último, resumió que “este insumo nos permitiría mejorar el registro para servir como agencia. Es decir, saber quién tiene cada una de las armas en Argentina”. “Estamos lejos de controlar más de un millón de armas entre los no declarados y los vencidos”, agregó. Al respecto, solicitó a las comisiones, y al cuerpo luego, su sanción que “es realmente importante para la seguridad nacional”.
DISCAPACIDAD: DICTAMEN DE MAYORÍA AL PROYECTO REFERIDO A LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES BÁSICAS
Presidida por el diputado Daniel Arroyo (UxP), la comisión de Discapacidad avaló la iniciativa sobre el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad –Ley 24.901–.
El dictamen, que se alcanzó luego de unificar dos proyectos, instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Los legisladores se comprometieron en pedir “rápidamente” el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
La norma establece, según sus fundamentos, entre otras cuestiones, que el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “debe garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”.
La diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) destacó que en el proyecto “la perspectiva de infancia esté presente” y celebró que “haya un miembro representante del Consejo Federal de Niñeces, Adolescencia y Familia”. Asimismo, Soledad Carrizo (UCR) advirtió que “si no logramos que las provincias adhieran a la ley, vamos a tener una asimetría muy grande con las prestaciones”.
En tanto, Karina Bachey (PRO) remarcó que “necesitamos trabajar la discapacidad de manera altruista y de vanguardia, de acuerdo a lo que nuestra sociedad está pidiendo”. “El sistema de discapacidad está muy viciado y necesitamos mecanismos de control y auditoría, tanto para quienes reciben las prestaciones como a los prestadores, gastando los recursos de forma eficiente y que lleguen realmente a las personas que necesitan la asistencia del Estado”, subrayó.
Al anticipar su apoyo al proyecto, Nicolás Del Caño, del FIT-Unidad, instó a “garantizar la universalidad de las prestaciones”. La diputada Natalia Sarapura (UCR), afirmó que “venimos a garantizar las prestaciones y definir el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Nancy Sand (UxP) señaló que “esta es la forma que debemos trabajar en estos temas que son transversales”, y en ese sentido, añadió: “Como diputados, estamos honrando la representación del pueblo argentino”.
En representación de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine reiteró que “el decreto no va a salir, es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones”. En otro orden, propuso realizar una capacitación en lenguaje de señas, en las instalaciones de ANDIS, para “demostrar compromiso de integración y poder comunicarnos”, manifestó.
Con respecto al decreto, Daniel Arroyo expresó que “necesitamos una comunicación oficial del Ejecutivo que de cuenta de que el decreto no va a salir”.
En esa misma línea, también se avaló el proyecto de resolución que expresa preocupación por la posible desregulación del sistema de determinación de valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el nomenclador de Sistema Único de Prestaciones Básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad.
Al comienzo, Arroyo, titular de Discapacidad, informó que, como se había fijado en el último encuentro, el viernes pasado se reunieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se comprometió a revisar el proyecto de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad y, además, expresó la intención de asistir próximamente a la Comisión.
