La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado los tres proyectos de ley de desburocratización del Estado, en una sesión sobre tablas que se prolongó por más de doce horas y que terminó con la indignación de la oposición cuando el oficialismo la dejó sin quórum para votar la derogación del llamado «megadecreto».
Primero la Cámara baja votó el proyecto relacionado al desarrollo de la infraestructura, que obtuvo 140 votos afirmativos, contra 86 negativos y cero 
abstenciones. El texto sufrió modificaciones en su votación en particular, consensuadas entre el oficialismo y los bloques opositores.
En segundo lugar, se votó el proyecto que contempla la simplificación de la administración pública, aprobado por 140 votos a favor, contra 69 en contra y 18 abstenciones. El oficialismo también aceptó modificaciones sobre la letra del proyecto.
Por último, se aprobó la iniciativa referida al desarrollo productivo de la Nación por 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones. Al igual que en los otros proyectos, fue modificado en la discusión en particular.
El debate sobre desburocratización comenzó pasadas las 20 horas del miércoles. Como miembro informante de las iniciativas, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO) resumió que estos tres proyectos “simplifican y reducen las trabas burocráticas, vienen a cumplir con el proceso de modernización del Estado que es clave para dar respuesta a los requisitos de los ciudadanos”.
Las iniciativas establecen avances en materia burocrática como la aplicación de firma digitales y gestión documental electrónica. Asimismo, Lipovetsky recordó que las modificaciones sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad fueron eliminadas del proyecto, así como la regulación de bienes del Estado.
Según Lipovetzky, las iniciativas amplían el Fondo Capital Emprendedor para “poner el ojo en las Pymes que generan el 70% del trabajo, ahora el Estado amplia el acceso a este fondo de financiación”.
Sobre el régimen de sociedades, se facilitan registros reduciendo las demoras y se simplifica el trámite de exportación de obras de arte. También se prevén sanciones a empresas que no registren a sus trabajadores.
Otra de las cuestiones que se eliminó fue el embargo de las cuentas sueldo. “Todavía nos debemos un debate sobre este tema porque tenemos que proteger el salario de los trabajadores, era más sana nuestra propuesta”, explicó Lipovetzky.
En nombre de la UCR, el diputado Héctor Olivares consideró que “el objetivo es colocar en primer plano las necesidades del ciudadano, otorgar transparencia y celeridad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos en lo vinculado a la infraestructura”.
En duros términos, el diputado Axel Kicillof (FPV-PJ) denunció que el gobierno “quiere 
convertir a Argentina sea un paraíso fiscal” y anunció el rechazo a los proyectos.
“Este proyecto está impuesto y escrito por el sector privado, es un engendro legislativo, este decreto no es de necesidad ni de urgencia. Esto es sacar regulaciones, no es menos papeleo, es más facultades discrecionales al Ejecutivo, la idea es que el Estado siempre molesta al privado y no quieren que regule”, explicó Kicillof.
Igualmente alertó que la embargabilidad de las cuentas sueldo sigue vigente. “Toda la preocupación es para cuidar a los bancos, no a los ciudadanos”, advirtió.
Marco Lavagna, de Federal Unidos por una Nueva Argentina, criticó la celeridad del debate y la falta de necesidad y urgencia de los decretos del Poder Ejecutivo que iniciaron la discusión.
“En algunos temas los proyectos son un avance, en otros no hay grandes cambios. Estamos poniendo parches y no avanzando en cuestiones de fondo”, dijo, al mismo tiempo que realizó un pormenorizado análisis de las tres iniciativas y propuso modificaciones a los textos.
Desde la bancada del Frente de Izquierda, en tanto, se adelantó el rechazo a los proyectos de simplificación del Estado.
En nombre del interbloque Argentina Federal, el diputado Pablo Kosiner planteó el rechazo al decreto de necesidad y urgencia y pidió “la derogación del DNU porque hay aspectos sustanciales que van en contra de la Constitución”.
POR LEY, LA TENENCIA DE PORNOGRAFÍA INFANTIL SERÁ CONSIDERADA DELITO
Por 211 votos afirmativos y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley una iniciativa para penar la tenencia de pornografía infantil.
La norma recibió la aprobación del Senado en noviembre pasado y modifica el artículo 128 del Código Penal, con el fin de establecer penas de entre tres y seis años de prisión por el delito de simple tenencia de material pornográfico infantil.
El proyecto busca que la simple tenencia sea considerada delito, ya que actualmente sólo se penaliza su comercialización y distribución.
Como miembro informante del proyecto, la diputada Gabriela Burgos (UCR) fue contundente: “El que tiene pornografía infantil es un pedófilo, es el paso previo para la materialización del abuso, no tenemos que tener miedo de decirlo”.
“Tenemos que ser conscientes porque esto va en aumento”, dijo y alertó sobre los negocios pornográficos detrás de la tecnología. “Hay ganancias de 250 millones anuales con estos delitos, Argentina está entre los 10 países del mundo que más baja en internet pornografía infantil y está entre los 3 de la región en producir este tipo de material”, resumió.
Desde el Frente Unidos por una Nueva Argentina, el diputado Daniel Arroyo adelantó el respaldo a la iniciativa: “Es un avance porque las estadísticas se duplican en este tipo de delitos, tiene que ser una política de Estado, no sólo una ley y lograr que lo que siempre decimos: los niños son el futuro”.
En tanto, la diputada Ivana Bianchi (Unidad Justicialista) alegó que “en el mundo se obliga a los niños a prostituirse y sólo en la Argentina hay 15 a 20 casos por día de denuncias de abuso infantil”.
“Subimos al puesto 10 en lo que es la prostitución infantil según la Organización Mundial de la Salud, por eso esta ley es sumamente importante”, alertó.
Por otra parte, la Cámara de Diputados decidió que el proyecto para la Prevención y sanción al acoso sexual callejero vuelva a ser debatido en el marco de las comisiones legislativas.
“Tenemos en el Código Penal varios delitos que son de difícil prueba, pero como queremos que esto salga y se mantenga la jerarquía de una nueva figura penal, me comprometo a trabajarlo con todos los aportes para que la próxima sesión lo estemos aprobando. Esto no significa dar un paso atrás”, reconoció la diputada María Gabriela Burgos, defensora del proyecto.
La propuesta sobre acoso sexual callejero, que modifica el Código Penal al incorporar el artículo 129 bis, establece como definición de acoso sexual callejero, “al que, mediante gestos, expresiones, palabras o contacto físico indebido o arrinconamiento con connotación sexual, perturbare en lugares públicos o de accesos públicos, la dignidad, libertad e integridad física, psicológica y sexual o el libre tránsito de una persona con motivo de género, identidad u orientación sexual».
Asimismo, se especifica que lo recaudado de las multas a los agresores será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas públicas de prevención.
DIPUTADOS APROBÓ UNA LEY QUE PREVIENE Y CONTROLA EL DOPAJE EN EL DEPORTE
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 218 votos afirmativos, cero negativos y dos abstenciones, la modificación del artículo 79 del Régimen jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte, para la creación de la Comisión Nacional Antidopaje.
Con la adopción del presente régimen en sus estatutos y normas deportivas, las federaciones deportivas nacionales deberán someter a todos los atletas bajo su jurisdicción a normas antidopaje. La nueva norma crea la Comisión Nacional Antidopaje, que actuará en el ámbito de la Secretaría de Deportes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El regimen jurídico marco establece que, como condición para recibir apoyo financiero o de otra naturaleza por parte del Estado, las federaciones deportivas nacionales «deben estar ajustadas al espíritu y términos de los programas nacionales antidopaje».
El diputado Daniel Scioli (FPV-PJ) recordó que “en la última sesión votamos la modificación a esta ley de control de dopaje, ahora vamos a proponer que se vote una modificación por un error de tipografía del artículo 79 de que crea la Comisión que será la responsable de dictar las normas y llevar adelante el registro de sanciones”.
“El espíritu de la ley tiene como único objetivo cuidar a nuestros atletas en vísperas de lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud y poner a nuestro país a la vanguardia en estos temas”, argumentó.
En tanto, el diputado Héctor Baldassi (PRO) consideró que “esta ley ya fue votada de forma unánime y la estamos modernizando de acuerdo a los estándares internacionales”.
Por su parte, la diputada Adriana Nazario (Córdoba, trabajo y producción) adelantó la abstención de su bloque, al manifestar discrepancias con algunos artículos. Asimismo, el diputado Carlos Castagneto (FPV-PJ) denunció la situación en el deporte “de ajuste de becas a los atletas y recorte en el presupuesto del funcionamiento de distintos organismos, como el ENARD”.