Por iniciativa de la Bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, se inició la primera jornada de una serie de ciclos que tienen como objetivo abordar una reforma de la Ley de Adopción. Se abordaron los enfoques y desafíos de la adopción de niñas, niños y adolescentes, el sistema de protección y relación con Poder Judicial.
La diputada Carla Carrizo, vicepresidenta de la Bicameral, abrió el panel y dijo que es un «punto de partida para realizar una reforma a la ley de adopción». También consideró que el objetivo es que «los niños sean tratados como sujetos de derechos».
Y agregó: «Hoy nos interpela que podamos formular una mejora, no nos podemos resignar” y aclaró que entre los proyectos que se están analizando «hay consenso para no modificar ningún plazo, pero sí se necesitan más actores”. En cuanto a la celeridad afirmó que “sí importa, ya que los niños no tienen que padecer el mundo de los adultos” y convocó a «desmitificar la figura de los adoptantes asociándolos con la biología porque la identidad es dinámica y se construye».
Por su parte, Alejandra Martínez diputada y presidenta de la comisión de Familia, distinguió el “trabajo conjunto y la construcción de consenso en una tarea mancomunada con la sociedad civil respecto a este tema”. A su vez, realizó un repaso sobre las leyes que permitieron “el camino hasta acá como la ley de quita de responsabilidad parental y la ley Brisa” y abogó por «nuevos paradigmas en materia de infancia».
Roberto Candiano, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia, expresó que esta discusión es un punto inicial para llegar a las verdaderas prácticas, y apostó a la “deconstrucción desde lo institucional y desde lo cultural del tema de la adopción”.
A su vez, aportó datos sobre familias inscriptas en el registro de adopción. “Son 5465 inscriptas, de las cuales el 90% quieren adoptar niños de hasta un año, 15 % hasta 8 años de edad y sólo el 0.8% niños de 12 años”, puntualizó por lo que remarcó “la problemática adolescente”.
La diputada Silvia Lospennato, expresó que hay que “poner este tema en la agenda pública que es una demanda y tenemos obligación de hacerlo por nuestros niños que son el futuro”.
Victoria Famá, especialista en derecho de familia y Jueza nacional de primera instancia civil hizo hincapié “en los niños más vulnerables que son los adolescentes y en los niños discapacitados” y propuso un cambio en el que el “eje sea el niño y no los adultos”.
La Magistrada se mostró en contra de cambiar los plazos porque “es poco para revertir situaciones” de la adopción plena y puso énfasis en el rol del Estado como tutor y garante de los niños porque de esta manera “le da transparencia al sistema judicial”.
En la misma línea, Gustavo Herrero, abogado y exdirector de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas, consideró que hay «muchos conceptos en los que hay que revertir la mirada». «El registro se creó en 2003 y recién en 2016 se adhirió la última provincia. Así logramos una red federal de registros, con criterios consensuados, pero llevó mucho tiempo”, dijo.
“Es interesante que se discuta (la reforma de la ley), pero hay que ver en la práctica que se cumpla y pensar en los sujetos para los que trabajamos, que son los niños”, reflexionó Herrero al respecto de los cuidados que debe tener la iniciativa.
También contó sobre la lentitud de los expedientes, y la creación del programa de acompañamiento, de vinculación “para ver si se podía replicar en todas las jurisdicciones” y determinó que lo más importante es “ensamblar experiencias para lograr una buena familia para los chicos”, remarcó.
Alejandro Siderio, Juez nacional en lo civil con competencia en cuestiones de familia, reforzó la idea de llevar un trabajo interdisciplinario, indicó que los niños son pobres, en situación de vulnerabilidad y ya se incorporan con sus derechos vulnerados.
Asimismo, hizo referencia al tráfico infantil “los bebés están saliendo por sectores clandestinos y el Estado llega tarde”.
“Tenemos una justicia del siglo pasado, no se estudian los antecedentes, tardan las evaluaciones, la garantía es que sean equipos interdisciplinarios a los juzgados de familia”, detalló Siderio.
“Hay que crear un sistema que repare las situaciones de los chicos porque hay chicos que son inadaptables. El Estado tercerizó el tema de hogares”, señaló el magistrado.
El subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de la provincia de Buenos Aires, Facundo Sosa, contó que “lo preocupante es una vuelta atenuada a prácticas de patronato».
“Tenemos que implementar un nuevo sistema administrativo, fortalecerlo y trabajar con servicios locales, uno de ellos es la asignación de recursos para la promoción de derechos”, describió el funcionario. Además, dijo que “desde 2015 aumentaron las intervenciones, el 40% fue por situación de maltrato, abuso sexual, “no estamos de acuerdo con las guardas ni con la adopción prenatal”.
Respecto al caso de adolescentes, mencionó que sólo un 0.3 % los quiere adoptar por lo que “hay que hacer reconocimiento legal respecto de los grupos de hermanos y chicos con discapacidad”.
Por último, Silvia Stuchlik, de la Asociación CEDEM, especialista en niñez y adolescencia, presentó interrogantes sobre “si es un problema de la ley, del sistema de protección de derechos o de ambos” y concluyó que “la base de las cuestiones está en las políticas públicas, en la salud y la cultura para no llegar al sistema de protección que restituya el derecho y coincidió en “que hay que posar la mirada de 6 a 12 años”.