LA INICIATIVA PROMUEVE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS DE LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO, VASECTOMÍA U OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.
La comisión de Discapacidad, presidida por la diputada Leonor Martínez Villada (CC), dictaminó a favor del proyecto que propone una modificación en la Ley 26.130 que establece el Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica garantizando a toda persona mayor de edad el derecho de acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud.
La iniciativa, de las diputadas Lucila Masin y Magdalena Sierra, va en línea de lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial de la Nación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en respuesta a un reclamo que las personas con discapacidad vienen realizando en pos de su autonomía, desde hace varios años.
En ese sentido, la diputada Gabriela Troiano (MC) afirmó que “Las mujeres con discapacidad somos sujetos de derechos, que podemos tomar nuestras decisiones, que muchas veces lo único que necesitamos es un apoyo y la eliminación de la barrera comunicacional que nos permita ese consentimiento asistido”.
En otro orden, también se abordó la gratuidad del transporte para personas con discapacidad y acompañante a partir de la modificación en el art. 22 de la Ley 22.431 sobre Protección Integral de las Personas con Discapacidad. En los fundamentos del proyecto de autoría de la diputada Gabriela Burgos se indica que “el objetivo es garantizar un viaje acorde a la persona con discapacidad, y su acompañante si fuere necesario, en cumplimiento de lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley N° 26.378, que aprueba y ratifica tal convenio”.
También se trató una propuesta con proyectos del diputado Héctor Flores (CC), la diputada Caselles (FdT) y la diputada Abdala De Matarazzo (FC) que proponen capacitar en el trato a personas con discapacidad a quienes se desempeñen en la función pública, sea ejecutivo, legislativo y judicial, a través de un programa de capacitación obligatoria en discapacidad, accesibilidad e inclusión en todos sus niveles.
Los diputados también aprobaron en comisión la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal, otra iniciativa para solicitar al Poder Ejecutivo garantizar el acceso a la comunicación de personas con discapacidad hipoacusica durante la pandemia, y otros proyectos de resolución y de declaración.